La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entregó al Congreso del Estado su segundo informe trimestral de 2026, correspondiente a abril, mayo y junio, en la fase final del proceso para su extinción.
El documento fue recibido por la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, María Antonia Castro Castañeda, antes de que tanto el Congreso como la CEGAIP iniciaran su periodo vacacional. Durante el acto, el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso afirmó: “La institución sigue funcionando. Y funciona bien”, y describió el proceso como una “transición serena”.
Entrega y continuidad
La entrega del informe se realizó luego de que el Congreso modificara el Decreto 0506 para prolongar la continuidad funcional de Navarro Alviso y de la comisionada Ana Cristina García Nales hasta la entrada en vigor de las leyes secundarias, medida que se precisó no constituye una reelección ni una ampliación ordinaria de sus mandatos.
Solicitudes y respuesta institucional
El informe indica que durante el trimestre se registraron 1,036 solicitudes de acceso a la información pública en el estado. El Poder Ejecutivo concentró 443 de esas solicitudes (42.7%), los ayuntamientos recibieron 334 y los organismos autónomos 137; en conjunto representaron el 88.1% de las peticiones.
Entre las dependencias estatales con más solicitudes se ubicaron la Secretaría de Educación y los Servicios de Salud, con 55 cada una, seguidas por el Sistema Educativo Estatal Regular, con 53. Entre los ayuntamientos, San Luis Potosí capital recibió 99 solicitudes y Ciudad Valles 93; ambos concentraron el 57.4% de las peticiones dirigidas al ámbito municipal.
Recursos de revisión y resoluciones
La CEGAIP reportó haber recibido alrededor de 206 recursos de revisión. El desglose del informe señala que fueron admitidos 93 expedientes y desechados 114 por actualizarse causales de improcedencia. Por ponencias, se registraron:
- Ponencia 1: 39 admisiones y 38 desechamientos.
- Ponencia 2: 40 admisiones y 40 desechamientos.
- Ponencia 3: 14 admisiones y 36 desechamientos, incluyendo dos prevenciones desahogadas de manera extemporánea correspondientes al trimestre anterior.
En cuanto al sentido de las resoluciones, el organismo reportó 19 modificaciones a respuestas emitidas por autoridades, 31 sobreseimientos, nueve revocaciones y ocho confirmaciones. Al cierre del 30 de junio permanecían 49 recursos en trámite: 25 en la Ponencia 1, 23 en la Ponencia 2 y uno en la Ponencia 3.
Navarro Alviso sostuvo que no se ha registrado una disminución en el interés ciudadano por la transparencia y que continúan recibiendo solicitudes de capacitación por parte de distintas instituciones.
Verificaciones, denuncias y medidas de apremio
En materia de vigilancia, la CEGAIP reportó 20 evaluaciones vinculantes, 19 de las cuales correspondieron a procedimientos iniciados en 2026; en su primera evaluación esos 19 sujetos obligados obtuvieron un cumplimiento de cero por ciento. Entre ellos se encuentran organismos operadores de agua —como los de Cárdenas, Tamuín, Tampamolón Corona y Villa de Arista—, sistemas DIF municipales, así como sindicatos, incluidos el Sindicato Académico de la UASLP y otros señalados en el informe.
El organismo también recibió 47 denuncias por incumplimiento en la publicación o actualización de información de oficio: 30 contra ayuntamientos, diez contra dependencias del Poder Ejecutivo, seis contra organismos autónomos y una contra un organismo desconcentrado. Dentro del bloque de organismos autónomos, la propia CEGAIP recibió tres denuncias. Los temas denunciados con mayor frecuencia fueron la falta de publicación de ingresos y egresos, tabuladores de remuneraciones y versiones públicas de declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Navarro Alviso informó que se emitieron más de 70 medidas de apremio y estimó que entre 60 y 65 correspondieron a multas, cuyos montos pueden superar los 150 mil o 160 mil pesos, dependiendo del porcentaje de incumplimiento. El informe precisa que fueron aprobadas 71 medidas de apremio contra ayuntamientos, sistemas DIF, organismos operadores de agua, organismos descentralizados y sindicatos, y que al cierre del periodo las sanciones se encontraban en distintas etapas, desde la notificación y solventación hasta el procedimiento de cobro por conducto del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
Capacitación y cumplimiento institucional
En el apartado de capacitación, la CEGAIP reportó la atención de 752 personas entre abril y junio: 319 servidores públicos, 272 integrantes y autoridades de pueblos originarios, 120 participantes del programa Armando Transparencia, 29 integrantes de unidades de transparencia y 12 funcionarios en talleres especializados. Asimismo, informó sobre reuniones con Transparencia para el Pueblo, dependencias estatales, instituciones académicas y organizaciones sociales, participaciones en programas de radio, monitoreo de medios y difusión en sus redes sociales oficiales. En mayo abrió un canal de comunicación directa con Transparencia para el Pueblo para atender criterios y lineamientos aplicables durante la transición.
Finalmente, la CEGAIP reportó un cumplimiento del 100% en la carga y actualización mensual de sus propias obligaciones de transparencia, incluidas las relacionadas con estructura orgánica, inventarios, salarios, presupuesto y resoluciones.
