La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) informó que impuso 71 medidas de apremio por incumplimientos en materia de transparencia durante el segundo trimestre de 2026. El presidente del organismo, José Gerardo Navarro Alviso, señaló que las resoluciones pueden consultarse en el informe trimestral y en la Plataforma Estatal de Transparencia, pero el documento incorpora únicamente una relación de los sujetos obligados sancionados.
Ámbitos y responsables señalados por la CEGAIP
En entrevista durante la entrega del Segundo Informe Trimestral al Congreso del Estado, Navarro Alviso explicó que los procedimientos de verificación se iniciaron principalmente contra municipios, sindicatos y organismos operadores de agua con bajos niveles de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia. Atribuyó parte de los incumplimientos a la falta de capacidad administrativa, aunque afirmó que ello no exime del cumplimiento de la ley.
“En su gran mayoría son municipios, sindicatos, organismos de agua potable (…) porque hay organismos que no tienen la infraestructura administrativa precisamente para poder dar cumplimiento a este tipo de obligaciones, lo cual no los exime”, declaró Navarro Alviso.
Tipo y monto de las sanciones, según la CEGAIP
El comisionado afirmó que la mayoría de las medidas de apremio corresponden a multas económicas derivadas de los procedimientos de verificación. “Se emitieron más de 70 en este periodo, son sanciones que van desde una amonestación pública o privada hasta multas que oscilan más allá de 150 mil, 160 mil pesos, dependiendo el porcentaje que tenga de cumplimiento”, expresó.
Navarro Alviso precisó que alrededor del 95 por ciento de las medidas corresponderían a multas: “Son alrededor de 60-65, son la gran mayoría, 95 por ciento son multas; amonestaciones son muy pocas”. Estimó que, en conjunto, las sanciones representarían un monto superior a los dos millones de pesos, y aclaró que esa cantidad podría modificarse debido a que los sujetos obligados conservan el derecho de promover juicios de nulidad o amparos.
Ejemplos y estado de cobro
Como ejemplo del cobro de sanciones, Navarro Alviso mencionó que el Partido del Trabajo compareció para cubrir una de las multas impuestas, que estimó en alrededor de 150 mil pesos, y dijo que la documentación puede consultarse públicamente: “Es pública, pueden ustedes incluso ver, porque de todo esto se emite la factura respectiva, y todo es público, lo pueden consultar en la propia plataforma”.
El informe trimestral confirma la emisión de las 71 medidas y que únicamente el Partido del Trabajo realizó el pago de una de las multas durante el periodo; el resto de los expedientes permanecían en distintas etapas administrativas o de ejecución para su cobro mediante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Información disponible y reservas procedimentales
Aunque Navarro Alviso sostuvo que el detalle de las resoluciones ya podía consultarse en el informe y en la Plataforma Estatal de Transparencia, el anexo del Segundo Informe Trimestral se limita a identificar a los 71 sujetos obligados sancionados —entre ellos ayuntamientos, organismos operadores de agua, sistemas DIF, sindicatos, instituciones educativas, organismos descentralizados y partidos políticos, como Interapas, el Partido del Trabajo, el Instituto Registral y Catastral, el Cecyte y el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí— sin precisar para cada caso el tipo de sanción, el monto individual, el periodo evaluado, la fecha de imposición, el servidor público sancionado o el estado procesal de cada expediente.
Navarro Alviso explicó que la identidad de los funcionarios sancionados sólo podrá hacerse pública una vez que las resoluciones queden firmes, y comparó el procedimiento con una auditoría: “Hasta en tanto queda firme es que puede hacerse visible esta información; es como un procedimiento de una auditoría… donde solamente tienen participación las partes procesales”.
