El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al Gobierno Federal de preparar “las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas” para el eventual regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.
En un posicionamiento difundido el domingo 12 de julio en las redes sociales del blanquiazul, Romero afirmó: “Se siente protegido por Morena”. Según el dirigente panista, Rocha Moya reapareció “envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido” tras más de dos meses de ausencia pública.
Romero sostuvo que la licencia que solicitó el gobernador mantiene carácter temporal y, mientras no exista una resolución que lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. El dirigente calificó la ausencia como “una pausa política, no una absolución judicial” y afirmó: “Será porque el Gobierno Federal decidió despejarle el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga siendo entregado a la narcopolítica”.
El dirigente pidió que la Fiscalía General de la República informe el estado de las investigaciones relacionadas con el mandatario sinaloense y exigió que el Congreso del estado dé a conocer el procedimiento legal en caso de que Rocha Moya decida reincorporarse al cargo. Romero también dijo: “No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio, exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”.
Antecedentes del caso
Rocha Moya es el primer gobernador en funciones acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, conspiración para traficar fentanilo y armas, y de recibir financiamiento criminal para su campaña de 2021. El caso estalló el 10 de agosto de 2024 cuando el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, difundió una carta en la que el capo aseguró haber sido secuestrado el 25 de julio de ese año en una supuesta reunión política pactada con el gobernador.
El 29 de abril de 2026, una corte federal de Nueva York emitió una orden de captura con fines de extradición en su contra y de otros nueve funcionarios locales, acusados de brindar protección a “Los Chapitos”. Ante la presión, Rocha Moya solicitó una licencia temporal al cargo el 1 de mayo de 2026 para someterse a una investigación sin fuero.
El gobernador con licencia mantuvo hermetismo sobre su paradero durante 69 días hasta que reapareció en un video el 9 de julio de 2026, confirmando que ya compareció ante la FGR y acusando los señalamientos en su contra de ser “un ataque político de la ultraderecha”.
