SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 15 de julio de 2026.- Habitantes de la comunidad de La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, denunciaron presuntos abusos de autoridad durante un operativo de desalojo realizado semanas atrás y acusaron a la administración encabezada por la alcaldesa Silvia Medina Burgaña de emprender una campaña para desacreditar su movimiento y desconocer la existencia de la comunidad.
Reclamos de los comuneros
Los afectados rechazaron la versión difundida por el Ayuntamiento, que sostiene que en el predio únicamente habitaban dos familias y que se trata de una colonia irregular. Los comuneros aseguraron que La Peña es una comunidad indígena con más de tres décadas de ocupación y trabajo continuo sobre aproximadamente 200 hectáreas y que su posesión ha sido documentada ante distintas instancias federales y estatales.
Según los denunciantes, existe un expediente integrado por miles de documentos relacionados con la situación jurídica del terreno, por lo que consideraron injustificado el desalojo.
Los comuneros señalaron que, pese a las denuncias por presuntas agresiones contra mujeres, menores de edad y adultos durante el operativo, hasta el momento no existe ninguna sanción contra los elementos de seguridad y funcionarios que, aseguran, participaron en los hechos.
Relato de una habitante
Olga, una de las habitantes afectadas, relató que su familia tenía más de 33 años viviendo en el lugar y aseguró que nunca fueron notificados correctamente sobre el procedimiento. Explicó que los policías ingresaron armados, les impidieron sacar sus pertenencias y posteriormente demolieron las viviendas, pese a que, según dijo, el documento de desalojo únicamente contemplaba la restitución del predio y no autorizaba destruir las casas.
También denunció que durante el operativo varias personas fueron golpeadas y que menores de edad resultaron afectados emocionalmente al presenciar los hechos. Añadió que algunas pertenencias desaparecieron y que maquinaria pesada cubrió con tierra parte de los daños para ocultar evidencias, además de destruir árboles frutales, cultivos y parcelas que las familias habían trabajado durante años.
Los comuneros reprocharon que el Ayuntamiento continúe afirmando que únicamente dos familias ocupaban el predio. Aseguraron que más de un centenar de personas habitaban la comunidad y afirmaron contar con fotografías, videos y otros elementos que acreditan la existencia de viviendas, sembradíos y actividades productivas desarrolladas desde hace décadas.
Exigencias
Los habitantes exigieron la restitución plena de sus viviendas y patrimonio, así como que se investigue y sancione a quienes ordenaron y ejecutaron el operativo. También pidieron que las autoridades municipales cesen el hostigamiento y respeten los derechos de la comunidad indígena, al considerar que han sido víctimas de un uso indebido de la fuerza pública y de acciones encaminadas a desacreditar su causa.
