Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) considera que cualquier intento de promover procesos de urbanización, especulación territorial o flexibilización normativa dentro del Área Natural de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito o sus zonas de influencia, es sumamente grave en un contexto de crisis hídrica estructural, sobreexplotación del acuífero y creciente vulnerabilidad ambiental.
A través de un posicionamiento dado a conocer en sus redes sociales, el consejo expresa su preocupación y oposición ante los posibles intentos de modificar, debilitar o vulnerar el decreto del APFF, bajo argumentos vinculados a proyectos de crecimiento urbano-metropolitano e intereses inmobiliarios a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Esto en relación a la alerta hecha por el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito sobre un proceso en el que, mediante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), empresarios impulsan una regularización de tierras para obtener escrituras sobre miles de hectáreas dentro del ANP y su zona de influencia, en una maniobra que involucra a autoridades estatales en un programa metropolitano que abarca siete municipios.
El CHE afirma que la Sierra de San Miguelito no representa únicamente un patrimonio ambiental del estado, ya que constituye uno de los principales sistemas ecológicos estratégicos para la regulación climática, la conservación de biodiversidad, la infiltración y recarga hídrica, así como para la estabilidad territorial y ambiental de toda la zona metropolitana.
En este sentido, puntualizan que su protección no puede reducirse a un debate administrativo o inmobiliario, pues se trata de un asunto de seguridad hídrica, justicia socioambiental y derecho colectivo al territorio.
Asimismo, califican como sumamente grave cualquier intento de promover procesos de urbanización, especulación territorial o flexibilización normativa dentro del APFF, especialmente en un contexto de crisis hídrica estructural, sobreexplotación del acuífero y creciente vulnerabilidad ambiental en el Valle de San Luis Potosí.
En su posicionamiento señalan también que diversos antecedentes han documentado las presiones históricas de grupos inmobiliarios sobre la Sierra y los intentos por modificar o reducir los alcances de su protección ambiental.
Además de que la experiencia nacional e internacional demuestra que la destrucción de áreas de recarga hídrica y ecosistemas periurbanos genera consecuencias severas, como disminución de disponibilidad de agua, aumento de inundaciones, pérdida de biodiversidad, fragmentación ecológica, incremento de temperaturas urbanas y profundización de desigualdades socioespaciales.
El CHE puntualiza que, en el caso de San Luis Potosí, avanzar sobre la sierra significaría agravar aún más una crisis hídrica que ya afecta a miles de familias. Además de que les resulta particularmente preocupante que se pretenda desacreditar o minimizar la función hidrológica y ambiental de la Sierra de San Miguelito, cuando múltiples estudios técnicos, académicos y ambientales han señalado su relevancia ecosistémica para la región.
Ante esta situación que amenaza la ANP, la cual fue resultado de una amplia lucha social, comunitaria, académica y ambiental, hacen un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a respetar íntegramente el decreto del APFF y su Programa de Manejo.
De igual forma, piden que cualquier instrumento de planeación urbana o metropolitana se construya bajo criterios de sustentabilidad, justicia territorial y protección ecológica, y no subordinado a intereses especulativos.
Asimismo, exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fortalecer los mecanismos de vigilancia, protección y transparencia sobre cualquier procedimiento territorial o administrativo relacionado con la sierra.
A la ciudadanía, academia, colectivos, comunidades y organizaciones sociales, los invitan a mantenerse informados, organizados y participativos en la defensa de los bienes comunes y del patrimonio socioambiental del estado.
“La Sierra de San Miguelito no puede entenderse como reserva territorial para expansión inmobiliaria. Es un ecosistema estratégico para la vida, el agua y el futuro de las próximas generaciones. El Consejo Hídrico Estatal reitera que la defensa del agua y del territorio no es una postura ideológica ni coyuntural: es una responsabilidad ética, ambiental y social frente a las crisis climáticas e hídricas actuales. La Sierra se respeta, el agua se defiende, y el territorio no se negocia”.
