Fernanda Durán
La dirigencia estatal del PRI en San Luis Potosí presentó este martes ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) una solicitud formal para promover la pérdida o cancelación del registro de Morena como partido político, bajo el argumento de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
La acción forma parte de una estrategia impulsada a nivel nacional por el Comité Ejecutivo Nacional priista encabezado por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien en semanas recientes anunció la integración de expedientes jurídicos para pedir ante autoridades electorales la cancelación del registro de Morena.
Durante una rueda de prensa, la dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, confirmó que el documento fue entregado tanto ante instancias electorales federales como locales.
“Entregamos una solicitud, te voy a leer la propuesta, de pérdida y o cancelación de registro del Partido Político Morena. Eso es lo que entregamos, la solicitud, esta ya se ha entregado a nivel nacional en el INE, ratificamos la propuesta del líder nacional, del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y la entregamos también en el INE. Y nosotros localmente estamos entregando esta al Ceepac para su trámite de trabajo y conocimiento”.
Hasta el momento, la dirigencia nacional del PRI no ha presentado formalmente la demanda de pérdida de registro ante el Consejo General del INE. Lo que ocurrió a finales de abril fue el anuncio mediático de que “alistaban” y “preparaban” el expediente.
La solicitud local presentada por el PRI fue recibida oficialmente en la Oficialía de Partes del Ceepac el 19 de mayo de 2026 bajo la figura de “Procedimiento Sancionador Ordinario”, según el documento mostrado por la dirigencia priista.
Rocha Medina aseguró que el fundamento de la denuncia radica en presuntos vínculos de actores morenistas con organizaciones criminales.
“Pedimos la cancelación de registro de este grupo, organización, del partido político, porque están involucrados en los temas con el narco”.
Cuestionada sobre los casos incluidos en la denuncia, indicó que el expediente hace referencia a distintas entidades del país.
“Sí, está perfectamente especificado, inicia Sinaloa, Michoacán y están varios estados mencionados en nuestro documento”, afirmó.
No obstante, la propia dirigente reconoció que hasta ahora no han incorporado señalamientos específicos relacionados con San Luis Potosí, pero que al tratarse de un partido nacional, las autoridades electorales tienen la obligación de atender su solicitud.
Por su parte, el abogado del PRI, Alberto Rojo Zavaleta, explicó que el siguiente paso dependerá de que la autoridad electoral determine si admite o desecha la denuncia.
“La autoridad electoral, el Ceepac, tiene que dictar un acuerdo donde admite o bien rechace la denuncia. También puede requerirnos para que proporcionemos alguna información faltante”.
Añadió que, en caso de admitirse el procedimiento, Morena tendría derecho de audiencia para responder a los señalamientos y presentar pruebas.
“Después se le dará el derecho de audiencia al partido político que ha sido señalado en la denuncia, como asociado con los grupos criminales, para que ofrezca y desahogue las pruebas que a su derecho tiene”.
El nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en San Luis Potosí, Hugo Contreras Zepeda, sostuvo que la solicitud forma parte de una ofensiva nacional del priismo y que la dirigencia considera que existen elementos públicos suficientes para sustentarla.
“Estamos haciendo lo propio, alzando la voz para que ese partido, como una élite de un organismo terrorista, como así se ha señalado desde la dirigencia nacional y en organismos multilaterales como la ONU y otros más, pues que se le elimine, se le cancele, se le retire el registro como partido”.
El priista también insistió en que existen funcionarios vinculados a Morena que han sido detenidos o separados de sus cargos, particularmente en entidades como Sinaloa.
En referencia al expediente abierto semanas atrás por la justicia estadounidense contra 10 servidores públicos de Sinaloa por presuntos vínculos delictivos; caso que derivó en la detención en Arizona del exsecretario de Seguridad de esa entidad, Gerardo Mérida Sánchez, y en las solicitudes de licencia de altos funcionarios estatales, incluido el propio gobernador Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, la causa ordinaria más común para que un partido pierda su registro es no alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en una elección federal.
Además, al tratarse de un partido con registro nacional, el Ceepac no tiene facultades para cancelar por sí mismo la existencia jurídica de Morena en San Luis Potosí, ya que cualquier procedimiento de este tipo dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y eventualmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el ámbito local, la legislación únicamente contempla consecuencias administrativas como la pérdida de prerrogativas estatales o posiciones plurinominales cuando un partido nacional no alcanza el porcentaje mínimo de votación en elecciones locales, pero no la cancelación de su derecho a competir en futuras elecciones mientras conserve su registro nacional.
