La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no mantiene acuerdos con grupos criminales y sostuvo que desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder se terminaron las prácticas de complicidad entre autoridades y delincuencia organizada.
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a versiones y señalamientos surgidos en Estados Unidos sobre una supuesta infiltración del crimen organizado en gobiernos y estructuras políticas relacionadas con Morena. Ante ello, afirmó que su administración actúa bajo principios de honestidad y combate a la corrupción.
Sheinbaum señaló que su gobierno no protegerá a ningún funcionario si existen pruebas reales que lo involucren en actividades ilícitas. Incluso, reveló que actualmente hay alrededor de 50 investigaciones abiertas contra actores políticos presuntamente ligados a grupos criminales.
La titular del Ejecutivo también defendió las acciones impulsadas por la Cuarta Transformación y aseguró que los avances en infraestructura, programas sociales y seguridad son resultado de un gobierno cercano a la población y alejado de actos de corrupción.
Además, reiteró que México debe resolver sus asuntos internos sin intervención extranjera y lanzó una crítica contra sectores de oposición que, dijo, buscan apoyo político fuera del país. En ese contexto, expresó que “México no es piñata de nadie” y sostuvo que las elecciones de 2027 únicamente deben depender de la decisión de los ciudadanos mexicanos.
La presidenta agregó que la soberanía nacional no debe quedarse solo en el discurso, sino aplicarse desde el gobierno y la sociedad. También recordó que uno de los periodos donde hubo mayores señalamientos por vínculos entre autoridades y el crimen organizado fue durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, haciendo referencia al caso de Genaro García Luna, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Sheinbaum insistió en que desde 2018 se rompió cualquier presunto pacto criminal desde el gobierno federal y afirmó que nadie puede acusar a su administración de actuar en complicidad con organizaciones delictivas.
