La organización criminal tiene un papel protagónico, y en algunos casos de liderazgo, en negocios ilícitos que van de las drogas sintéticas hasta la piratería.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) pasó en los últimos cinco años de ser un remanente de otros grupos a convertirse en una de las principales organizaciones delictivas del país, con hombres y armamento suficiente para atacar a las fuerzas del Estado como no se había visto en los últimos años.
Pero, ¿de dónde han salido las ganancias que han permitido a esta mafia criminal empoderarse a ese grado? La respuesta está en su papel protagónico e incluso de liderazgo en varias actividades delictivas que van desde la producción de drogas sintéticas, pasando por el robo de hidrocarburos hasta la piratería.
Animal Político presenta los datos de cinco estadísticas de distintas fuentes que dan muestra del posible nivel de participación de este cártel en múltiples negocios criminales. Los datos son oficiales y corresponden a la Procuraduría General de la República (PGR), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe recordar que el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció tras los ataques del 1 de mayo que este cártel liderado por Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, se ha expandido desde Jalisco hacia Guanajuato, Michoacán, Colima y Veracruz.
Por su parte, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos ubica además al Cártel de Jalisco con influencia en el estado de México, Nayarit y Guerrero.
El robo de combustibles
El Cártel de Jalisco opera en dos de los cuatro estados del país – Guanajuato y Jalisco – que concentraron la mayor cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburosdescubiertas en 2014, año que por cierto fue record en aseguramientos de este tipo según la información de Petróleos Mexicanos.
Además, en las ocho entidades que comprenden el territorio de influencia del Cártel de Jalisco se descubrieron el 34 por ciento de las tres mil 635 tomas clandestinas del país. Dicho de otra forma: una de cada tres tomas ilegales descubiertas por las que se sustrae gasolina, petróleo y otros combustibles, podrían haber estado bajo dominio de este grupo delictivo.
El robo de hidrocarburos es un negocio que el cártel defiende con fiereza. Basta recordar que en mayo del 2014 sus sicarios emboscaron y asesinaron con fusiles de asalto y granadas a cinco soldados del Ejército Mexicano que había acudido a la población de Guachinango, Jalisco, para recoger muestras de una toma clandestina.
Los combustibles robados, según lo descrito por Pemex y la PGR, son movidos en pipas particulares que los revenden a distintos establecimientos en la zona del bajío o el norte del país, y en algunos casos son incluso desplazados hasta los Estados Unidos donde las empresas los compran a precios inferiores que los del mercado legal.
Las extorsiones
Jalisco es uno de los estados con la mayor incidencia de extorsiones del país. En el periodo de enero a marzo de este año ocupó el primer sitio en denuncias con 194 y en víctimas de este delito con 209, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por lo que respecta a 2014 Jalisco cerró en el segundo sitio en cuanto a denuncias detrás de estado de México, que es una entidad con una mayor densidad demográfica.
Hay que tomar en cuenta que existen indicios de la operación de este grupo criminal también en territorio mexiquense, por lo que no se descarta su nexo con extorsiones en esa zona.
En abril de este año un productor de tequila reveló que tenía que pagar al Cártel de Jalisco 200 mil pesos al mes a cambio de que los delincuentes le permitieran continuar operando su negocio. El empresario advirtió que en esta misma situación de extorsión se encuentran productores de todo tipo en el estado.
Cabe recordar que el nivel de las extorsiones que se cometen es mucho peor de lo que revelan los datos oficiales, si se toma en cuenta que de acuerdo con la última encuesta de victimización del INEGI, 9 de cada 10 casos no se denuncian.
Fuente: Animal Político
