El Radar por Jesús Aguilar
La ciudad no escucha discursos: escucha taladros, camiones, fugas, patrullas, licencias atoradas, calles abiertas y obras que empiezan tarde.
Mientras en los despachos se ensaya el 2027, en las colonias la política se mide de otra manera: cuánto tarda un trámite, cuántas semanas se pierde una obra, cuántas vueltas debe dar un ciudadano para que alguien le resuelva algo que, en teoría, era obligación de todos.
San Luis Potosí está entrando a una zona incómoda: la pugna entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino dejó de ser ruido de pasillo para convertirse en método de presión pública. De un lado, la continuidad quintaesencial del gallardismo, con Ruth González como figura natural del proyecto sucesorio. Del otro, el bloque opositor fuera de la 4T que empieza a reconocer en Enrique Galindo al alcalde con mayor plataforma territorial para disputar la gubernatura.
El problema no es que haya competencia. La competencia, bien entendida, oxigena la democracia. El problema aparece cuando la rivalidad deja de resolverse en las urnas y empieza a filtrarse en las ventanillas, en los permisos, en las licitaciones, en los dictámenes, en las observaciones técnicas y en esa burocracia elástica que puede ser prudencia institucional o castigo político, según quién la administre.
El caso de El Saucito es emblemático no solo por la obra, sino por lo que revela. Un proyecto discutido, sensible, territorialmente delicado, con vecinos que tienen derecho a preguntar y autoridades obligadas a escuchar, terminó convertido también en piedra en el zapato del Ayuntamiento. Pero esa piedra ya perdió vigencia como argumento eterno. Si había observaciones técnicas, debían resolverse. Si había riesgos patrimoniales, debían dictaminarse. Si había dudas vecinales, debían procesarse con transparencia. Lo que no puede ocurrir es que la ciudad quede atrapada en una especie de limbo administrativo donde nadie cancela, nadie autoriza, nadie asume el costo completo y todos se reservan el beneficio político.
La pregunta de fondo no es si Galindo tiene razón en todo. Tampoco si el Gobierno del Estado debe soltar permisos sin revisar. La pregunta seria es otra: ¿quién gana cuando una obra pública se convierte en rehén de la sucesión?
Los especialistas en gobernanza urbana suelen advertir algo básico: cuando las instituciones cooperan, la ciudad avanza; cuando compiten como facciones, la ciudad se encarece, se retrasa y se desgasta. No lo paga primero el político. Lo paga el ciudadano que cruza todos los días una vialidad saturada. Lo paga el comerciante que vive meses de incertidumbre. Lo paga la familia que pierde tiempo, gasolina y paciencia. Lo paga el barrio que ve cómo su vida cotidiana se convierte en munición electoral.
Las patadas bajo la mesa tienen efectos visibles. Bajan la calidad de las decisiones públicas, inhiben inversiones, duplican trámites, abren espacios para la discrecionalidad y destruyen confianza. Peor aún: acostumbran a la ciudadanía a creer que el gobierno no resuelve problemas, sino que administra pleitos.
En una democracia madura, el Estado revisa, el municipio ejecuta, los vecinos opinan, los técnicos dictaminan y los órganos de control vigilan. En una democracia intoxicada por la sucesión, cada paso se lee como emboscada: si se autoriza, alguien capitaliza; si se detiene, alguien bloquea; si se observa, alguien castiga; si se acelera, alguien sospecha.
San Luis Potosí no merece llegar al 2027 con sus obras convertidas en expedientes de guerra. La capital no puede ser campo de entrenamiento de la elección. El gobierno estatal no debe usar su peso institucional para asfixiar al municipio. El Ayuntamiento tampoco debe convertir cada trámite atorado en bandera automática de victimización. Ambos tienen una responsabilidad mayor que sus candidaturas: sostener la ciudad mientras se disputan el poder.
Porque el verdadero riesgo no está solo en El Saucito. Está en normalizar que cada obra, cada permiso, cada presupuesto y cada decisión urbana se interprete desde la lógica de bloques: gallardismo contra galindismo; continuidad contra oposición; sucesión familiar contra alternancia municipal.
Cuando eso ocurre, la política deja de ordenar la vida pública y empieza a contaminarla.
La ciudadanía tiene derecho a exigir tres cosas simples: claridad, calendario y responsables. ¿Qué falta técnicamente? ¿Quién debe resolverlo? ¿Cuándo se destraba? ¿Cuánto cuesta el retraso? ¿Qué autoridad firma, observa o bloquea? Sin esas respuestas, todo lo demás es grilla con casco de obra.
El 2027 ya empezó. Pero la ciudad no puede esperar a que termine la campaña para que le arreglen sus calles, le liberen sus proyectos o le respeten sus tiempos.
La disputa por el poder es legítima. Usar la maquinaria pública para cobrar facturas políticas no lo es.
Y ahí está la pregunta que debería incomodar a todos: si hoy se burocratiza una obra porque incomoda electoralmente, ¿qué no se hará mañana cuando la gubernatura esté en juego?
