El Tribunal de Juicio Oral impuso una condena de 697 años de prisión y el pago de 839 mil 274 pesos como resarcimiento del daño a cada uno de los cinco sujetos acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual comercial y homicidio de 11 mujeres en el Valle de Juárez entre 2009 y 2011.
Se trata de César Félix Romero Esparza, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas, Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Hernández Martínez.
Las madres de las víctimas recibieron la noticia con una mezcla de sentimientos, aunque anunciaron que su lucha continuará porque faltan más personas por detener.
El juicio oral duró tres meses. La madrugada del domingo antepasado se dio a conocer que cinco de los seis sujetos pertenecían a una red de trata de personas que operaba en el centro de Ciudad Juárez.
En la audiencia celebrada en la sala 2 de la Ciudad Judicial se dio a conocer que por lo menos uno de los inculpados, Manuel Vital Anguiano, está relacionado con la desaparición de más mujeres, una de ellas desde 1995, Olga Leticia Carrillo.
César Félix Romero se declaró inocente e incluso dijo que pediría ayuda a sus amigos para demostrarlo, pero el tiempo fue su peor enemigo. El único implicado absuelto fue José Gerardo Puentes Alva.
Las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda consideraron que los sentenciados “aprovecharon la situación de violencia que vivía Juárez desde 2008, para utilizar la necesidad de las personas vulnerables, reclutarlas por la fuerza, segregarlas de su familia con fines de prostitución forzada, beneficiándose económicamente”.
Además de esas evidencias, la sentencia se basó en testimonios de las familias que coincidieron con las pruebas aportadas por peritos y antropólogos que analizaron el caso, así con los reportes policiacos de las investigaciones y cateos.
“Al Tribunal no le quedó duda que las 11 víctimas estaban en condición de vulnerabilidad porque eran muy jóvenes, en condición económica precaria, eran víctimas potenciales del delito de trata. Físicamente eran agraciadas, por sus familiares conocimos que desaparecieron de la zona centro y fueron encontradas sin vida en el Valle de Juárez”, detallaron las juezas en el juicio 274/2014.
Las víctimas de los sentenciados son Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Jesica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor.
En el “juicio histórico” salieron a relucir nombres y casos de por lo menos 20 mujeres más que habrían sido reclutadas y asesinadas. El tribunal asentó que los acusados reclutaron, engañaron, trasladaron a las víctimas y las segregaron de su familia mediante la coacción física y moral, las mantuvieron incomunicadas de familiares para posteriormente privarlas de la vida.
Fue clave el testimonio del testigo “estrella, un adolescente que fue aprehendido en 2013 por dos feminicidios más y que por la aportación de información que dio, lo indultaron y se presentó en calidad de testigo protegido.
“Se hizo creíble el testimonio del ‘testigo estrella’, quien señaló la participación de cada uno de los acusados. Es creíble para el Tribunal que trabajó para la empresa criminal entre otros fines, para tratarlas, prostituirlas y a la que pertenecían los acusados”.
En los tres meses del juicio desfilaron por el tribunal 184 testigos. Entre ellos se encuentran exempleados y vecinos del hotel Verde, donde se comprobó que las prostituían y donde varias de ellas permanecieron recluidas contra su voluntad. También testificaron agricultores que localizaron restos óseos en el Valle de Juárez en dos momentos de 2011 y 2012, lo que dio origen a dos rastros importantes en aquella zona.
Las madres de familia detallaron la búsqueda. Aportaron las primeras evidencias de que sus hijas desaparecieron del centro, que el hotel Verde era uno de los puntos de prostitución, dieron nombres de los implicados y a partir de ahí, la Fiscalía y coadyuvancia –organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas–, trabajaron para imputar los delitos a los acusados.
Los restos fueron localizados en lugares inaccesibles o de difícil acceso, a donde sólo llegan campesinos a caballo o a pie, por lo que se determinó, con base en los peritajes, que las jóvenes fueron llevadas a fuerzas, atadas y sólo en algunas se pudo determinar que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.
En el caso de las causas de muerte que pudieron establecer, los peritos concluyeron que las lesiones fueron provocadas por un objeto de dimensiones muy similares y tenían entre 6 y 8 meses de muertas algunas y otras entre 8 y 12 meses. En el homicidio, tomaron en cuenta la reclasificación que pidieron los coadyuvantes, para juzgarlo como delito emergente, es decir, que de un delito (de trata) se derivó el otro (de homicidio).
El tribunal determinó que el homicidio fue una consecuencia porque así les convenía a los delincuentes, ya que podrían delatarlos, como lo dijo además otro testigo protegido, quien aseguró que los integrantes del grupo criminal se dedicaban a reclutar mujeres para obligarlas a vender droga, para prostituirlas y para matarlas.
“No se acreditó cuál fue la lesión que sufrieron, pero más allá de la dura razonable, se probó que la muerte fue por lesiones porque las víctimas no tenían una patología que les causara la muerte por causas naturales”.
Toda la banda delictiva trabajaba para Los Aztecas, grupo del Cártel de Juárez y el tribunal detalló porqué se comprobó que cada uno participó en la cadena delictiva, para reclutar, prostituir y asesinar a las jóvenes.
Las organizaciones Red Mesa de Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas, advirtieron que este caso no acabó con ese juicio, porque aún quedan los jefes de los sentenciados y las autoridades que los protegieron e incluso, se aliaron con ellas. El reto ahora es procesar y juzgar a jefes policiacos y funcionarios que protegieron a la red.
Fuente: Proceso
