El gobernador Miguel Márquez Márquez rechazó declarar la alerta de género por los homicidios de mujeres en la entidad, que en tres meses de este año llegaron a 20.
La semana pasada, cinco mujeres fueron asesinadas en tres municipios de Guanajuato: dos en Silao, una en Pénjamo y dos en León. Una fue asesinada por su esposo y las otras cuatro víctimas fueron encontradas en un camino vecinal, en una fosa séptica y en el interior de la cajuela de un automóvil.
Este lunes las autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una menor de 14 años en un paraje cercano a la comunidad de Ibarrilla, en León. El cadáver estaba envuelto en una cobija y semienterrado bajo unas piedras.
Sin embargo, el subprocurador de Justicia de la región, Manuel Ángel Hernández, aseguró que la menor –quien fue identificada por su madre– se había ido de su casa desde el miércoles 3, a raíz de una discusión con su familia, y que su muerte “fue por causas naturales”.
“Fue un infarto. Murió naturalmente”, dijo el funcionario, quien admitió que la menor había muerto cuatro o cinco días atrás.
Mientras que en Celaya se reportó el asesinato de una mujer de 71 años, quien fue encontrada con heridas de arma blanca en su domicilio de la colonia El Romeral. Según los primeros datos, la víctima habría sido acuchillada por uno o varios desconocidos que se introdujeron a su domicilio con el propósito de robar y la hirieron en el abdomen.
Interrogado hoy en Salamanca sobre estas muertes, el gobernador Miguel Márquez dijo que dio instrucciones al procurador Carlos Zamarripa Aguirre “para que investigue y que se resuelvan…”.
A pregunta expresa sobre la declaratoria de la alerta de género prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Márquez sólo respondió:
“No, no, no. Estamos trabajando”.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por el panorama que se registra en la entidad con estos crímenes, y criticaron fuertemente las omisiones del Estado no sólo para investigar los casos, sino para prevenirlos y para garantizar la integridad de las mujeres en Guanajuato.
Al respecto, la abogada Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, aseveró que la situación actual es causada en parte por la omisión del Estado en garantizar los derechos de las mujeres, “el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal y a la igualdad, todos los cuales se ven amenazados con el incremento en el número, pero también en la saña con la que son asesinadas las mujeres”.
Recordó que la reciente reforma constitucional en derechos humanos amplía la obligación del Estado –“y aquí estamos hablando de los tres niveles”– de prevenir, de investigar y de reparar el daño a los familiares de las víctimas.
La abogada criticó que recursos legales como el mecanismo de protección sigan encontrándose con trabas burocráticas para poder ser efectivos en salvaguardar a las mujeres que están en algún riesgo.
“Hemos monitoreado este mecanismo y hay un desconocimiento generalizado de las autoridades para otorgarlo, se pide a las mujeres que presenten una denuncia y todo el trámite que implica, cuando la ley prevé que con el solo dicho de la víctima de que se encuentra en una situación de riesgo, debería otorgarse”, explicó la activista.
Además, las organizaciones siguen encontrando ausencia de protocolos, así como estereotipos y prejuicios de las autoridades responsables, y “luego las investigaciones no avanzan porque descansan en los hombros de las familias, que son las que llevan los datos”, según señaló la abogada.
Ángeles López también reconoció que la alerta de género es un mecanismo que está diseñado y reglamentado con muchas trabas para aplicarlo, “porque se decide más por criterios políticos que jurídicos, ya que intervienen las dependencias gubernamentales, y ya hemos visto que en las ocasiones en que se ha solicitado, nunca se ha decretado”.
De hecho, Guanajuato fue el primer estado donde las activistas solicitaron formalmente la alerta de género hace unos años, ante la persecución legal a mujeres acusadas de infanticidio, la mayoría de las cuales abortaron en condiciones de pobreza.
Sin embargo, la declaratoria fue rechazada, como ocurrió posteriormente en el Estado de México, donde incluso las organizaciones civiles interpusieron un amparo.
Aunque son mecanismos importantes, éstos son insuficientes, reconoció la directora del CVDDH; la base fundamental, añadió, “es la respuesta inmediata para salvaguardar de un riesgo a las mujeres, pero esto no va a avanzar hasta que no se transforme esta concepción que priva en Guanajuato y a nivel nacional de que las mujeres no somos titulares de derechos”.
Estas omisiones incluyen la falta de una tipificación adecuada del feminicidio, que sí es castigado en Guanajuato –al menos en el Código Penal–, pero que deja fuera elementos como la exhibición del cuerpo, o que éste sea ocultado, “y estos son mensajes para todas las demás mujeres, sobre lo que nos puede suceder, es parte de la saña; dejar los cuerpos desnudos, también”.
Esta problemática, recordó, es semejante a la que se vive en Chihuahua
Por ello, exigió que no sólo se investigue y se castigue en los casos de homicidios de mujeres, sino que además se establezca una mesa de trabajo para instrumentar medidas de emergencia; “que el Estado tome medidas de prevención reales, urgentes para demostrar que sí le preocupan los derechos de las mujeres; si no le quieren llamar alerta porque se van los turistas, pues como le quieran llamar, pero que lo hagan ya”.
