Para vincular un homicidio dolosos con delitos federales, el Gobierno federal toma en cuenta criterios como rastros de tortura en los cuerpos de las víctimas, si el crimen se cometió de una manera violenta, o si la persona fallecida había sido previamente privada de su libertad o “levantada”.
De acuerdo con información proporcionada por la PGR a través de Transparencia, la metodología utilizada actualmente para el conteo de ejecuciones mensual, realizado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se basa en aquella realizada el sexenio pasado para elaborar la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Con base en el apartado “Metodología” de dicha base de datos, para determinar homicidios relacionados con delitos federales se requiere que las muertes cumplan con al menos tres criterios de inclusión, y que los casos no presenten “lagunas de información”.
Entre los criterios que se toman en cuenta están si hay presunción fundada de que la víctima o el victimario pertenecían a un grupo criminal.
También se toma en cuenta si la muerte se llevó a cabo mediante decapitación, mutilación, calcinación o desmembramiento.
Asimismo, se considera si la víctima presenta impactos de arma de fuego larga o corta de grueso calibre; huellas de tortura o lesiones severas; si el cuerpo se encontró con mordazas, mensajes, cobijas, cinta adhesiva o algún otro tipo de “material característico” utilizado por grupos criminales, y si los restos fueron hallados después de la ejecución.
Las autoridades toman en cuenta también si la víctima había sido previamente “levantada” y si la muerte se dio durante una emboscada, persecución o dentro de un centro penitenciario con la participación de miembros de grupos criminales.
El actual informe mensual conjunto en materia de seguridad también incluye cifras con el número de “personas que resultaron lesionadas por enfrentamientos y agresiones relacionadas a delitos federales”.
Al respecto, el documento define los enfrentamientos como actos de violencia perpetrados entre miembros de grupos criminales, o entre delincuentes y autoridades, mediante el uso de armas de fuego, ya sean de uso exclusivo del Ejército o de alto poder destructivo. Las agresiones son definidas como ataques de grupos criminales contra bienes, vehículos, puestos de revisión, convoys, o funcionarios del Gobierno federal.
Las muertes resultantes de enfrentamientos o agresiones son clasificadas como relativas a un delito federal, en tanto que representan un tipo de ejecución con un alto impacto en la sociedad, con la cual se busca dañar a servidores públicos.
El miércoles pasado, el subsecretario de Normatividad de Medios de la SEGOB, Eduardo Sánchez, afirmó que el conteo de ejecuciones se está realizando con la misma metodología que se llevaba a cabo en la administración de Felipe Calderón, con el propósito de realizar una comparación rigurosa.
La “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” proveía estadísticas oficiales sobre el número de ejecuciones en el País, y cerró el 30 de septiembre de 2011 con un total de 47 mil 515 muertos, tras críticas de las mismas autoridades federales por los criterios utilizados para clasificar el tipo de homicidios.
