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Ejido Guadalupe Victoria, otra vez en defensa de su territorio

Por Victoriano Martínez

La Sierra de San Miguelito, aun con declaratoria de Área Natural Protegida, se mantiene atractiva para los especuladores del suelo, al grado de aventurarse a ofertar terrenos en la comunidad de San José de Buenavista, junto a la Presa San José, con un polígono que alcanza una franja del Ejido Guadalupe Victoria, que acreditan como propio con una escritura presuntamente sobrepuesta.

Se trata de 235 hectáreas que se extienden desde los límites de la Presa San José, cruza el Libramiento Horizontes e invade una franja de 17.2 hectáreas de la Comunidad de Guadalupe Victoria, incluidas varias parcelas y viviendas de un centro de población.

Presuntamente el propietario del predio, José Santos Alonso Santos, descendiente del cacique Gonzalo N. Santos, le compró la propiedad al exgobernador el 13 de agosto de 1957, en una operación que quedó registrada diez días después como Primer Testimonio de Escritura en la Notaría Pública número Uno, entonces a cargo de Ignacio Torres Guzmán.

Corredores inmobiliarios comenzaron a ofertar terrenos dentro de esas 235 hectáreas, lo que pronto llegó al conocimiento de los ejidatarios de Guadalupe Victoria y los puso en alerta por involucrar parte de su territorio, y consideraron que “se ha desatado una trama de especulación y potencial tráfico ilegal de tierras”.

Bastó que se tratara de localizar en el Archivo Histórico del Estado el documento que presuntamente otorgó la propiedad a Alonso Santos para que los ejidatarios constataran lo irregular de la escritura con la que se les pretende despojar de parte de su territorio, viviendas incluidas, pero también a una cantidad indeterminada de propietarios particulares de las 218 hectáreas restantes.

De acuerdo con la escritura presuntamente sobrepuesta, la venta del terreno por parte de Gonzalo N. Santos a José Santos Alonso Santos quedó registrada bajo la inscripción 9332, fojas 196 vuelta del tomo 92 bis.

Al consultar el libro original de la Notaría Uno, los ejidatarios se encontraron con que la inscripción 9332, fojas 196 vuelta del tomo 92 bis corresponde a una operación a cargo de Dolores Rodríguez viuda de Ramos, por un predio de una casa en Independencia número 26 con un detalle: desprendieron tres hojas de la inscripción en el libro original.

En caso de que Alonso Santos pretendiera promover la nulidad de las escrituras de los actuales propietarios, tendría que depositar una fianza multimillonaria que podría ser hasta de 200 millones de pesos.

Los ejidatarios cuentan con información sobre algunos casos en los que ya se están cerrando contratos de promesa de venta de terrenos que tienen otros dueños acreditados, además de la franja de su ejido.

El predio no sólo cuenta con una acreditación irregular de la propiedad, con muchos indicios de ser ilegal y fraudulenta, sino que también se trata de terrenos que se encuentran dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito y, por tanto, no se pueden comercializar para desarrollos inmobiliarios, que es para lo que ha resultado atractiva esa zona.

Es el mismo rumbo por donde los comuneros de San Marcos Carmona también enfrentan un conflicto por el despojo de parte de sus tierras para los desarrollos inmobiliarios Fuerte Ventura, Forja Real y Ojaranza.

En el caso de los terrenos ejidales, la escritura de Alonso Santos tendría que acreditar además la desincorporación del Ejido de las 17.2 hectáreas. Un elemento más que vuelve inverosímil la presunta propiedad de los terrenos que ya promueve para su venta.

Los ejidatarios de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz tienen una larga trayectoria como protectores de la integridad de su territorio, no sólo en cuanto a la extensión de su superficie sino también como protectores ambientales. Fueron los primeros en sumarse a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para activar programas sustentables para la ANP.

Por ejemplo, desde 1996, el Ejido de Guadalupe Victoria enfrentó una disputa legal por la integridad de su territorio contra del Ejido de Escalerillas que reclamaba las 127 hectáreas donde se encuentra el Santuario del Desierto. El 28 de marzo de 2017 se levantó el acta de ejecución de la determinación del Tribunal Unitario Agrario a favor de Guadalupe Victoria.

En su página de Facebook “Comunidad Guadalupe Victoria y La Cruz”, los ejidatarios ya se manifestaron en estado de alerta contra los “fraccionadores roba tierras”, en tanto que, en apoyo, el grupo “Todos somos la Sierra de San Miguelito” lanzó una advertencia para los posibles compradores.

“Que ni se atrevan los fraccionadores a meterse al ejido y comunidad de Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz en Mexquitic de Carmona. Con escrituras y certificaciones irregulares no van a lograr nada, más que engañar incautos”, señalaron en un tuit al que anexan imágenes del territorio del que pretenden despojarlos.

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