El Radar Por Jesús Aguilar
En la televisión de antes, Tatú gritaba desde la torre para anunciar la llegada del avión a La Isla de la Fantasía.
Era la señal de que empezaba el espectáculo: invitados sonrientes, secretos personales, deseos cumplidos y verdades disfrazadas de postal.
En el México de hoy, la frase serviría para anunciar otra clase de fantasía.
No una isla con trajes blancos y cocteles de bienvenida, sino una puesta en escena mucho más mexicana: una aeronave convertida en pieza de museo, un capo llevado a Estados Unidos, un exembajador que dice que no fue, una Fiscalía que acusa al FBI, un gobernador morenista señalado por Washington y una autoridad mexicana que, mientras reclama soberanía, parece aprovechar el viaje para echarle suavizante político al expediente de Rubén Rocha Moya.
El avión, jefe… el avión.
La aparición pública del avión en el que fue trasladado Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos volvió a prender el caso porque dejó mal parada la versión sostenida por Ken Salazar: que no fue avión de Estados Unidos, ni piloto de Estados Unidos, ni operación de Estados Unidos. Salazar volvió a negar participación directa, pero la FGR y la presidenta Claudia Sheinbaum han usado la exhibición de la aeronave en Nuevo México para cuestionar la transparencia estadounidense y la posible intervención del FBI en una operación que México no controló.
Hasta ahí, el reclamo mexicano tiene sentido. Ningún país serio puede aceptar que una agencia extranjera opere en su territorio, pacte con criminales, administre la entrega de un jefe del narco y después mande una explicación de servilleta. Si Estados Unidos mintió, debe explicarlo. Si el FBI participó, debe decir hasta dónde. Si hubo una operación clandestina, México tiene derecho a reclamar. No por patriotismo de micrófono, sino por soberanía real.
Pero aquí empieza la trampa.
Porque una cosa es exigirle cuentas a Estados Unidos por el caso del Mayo, y otra muy distinta es usar esa indignación como cobija para tapar el expediente de Rocha.
La FGR acusó al FBI de haber entregado información falsa, parcial e insuficiente sobre el secuestro y traslado del Mayo. También dijo que no se permitió a México acceder plenamente a indicios de la aeronave ni tomar todas las evidencias que quería. Ese reclamo puede ser legítimo. El problema es que, casi en el mismo movimiento, la Fiscalía también despresuriza las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos.
Ahí el avión deja de ser prueba y se vuelve cortina.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no es menor: señala a Rocha y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y armas. La imputación sostiene que habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitado información, recibido sobornos y permitido la influencia de Los Chapitos en estructuras de seguridad y gobierno. El propio Departamento de Justicia aclara que son acusaciones y que los señalados conservan presunción de inocencia, pero eso no vuelve irrelevante el expediente.
Ese es el punto fino: Rocha no está condenado, pero tampoco está limpio por decreto mexicano.
Que Estados Unidos no entregue suficientes pruebas a la FGR no significa que las pruebas no existan. Puede significar reserva procesal, cálculo diplomático, protección de testigos, estrategia judicial o también una acusación débil. Todo cabe. Pero lo que no cabe es venderle al país la idea de que la falta de cooperación estadounidense equivale a una absolución política.
No es lo mismo decir: “no tenemos elementos suficientes para detenerlo”, que decir: “no pasó nada”.
No es lo mismo decir: “Washington no nos ha entregado todo”, que decir: “Rocha fue víctima de un invento”.
No es lo mismo exigir pruebas, que usar la ausencia formal de esas pruebas para pasarle cloro a un expediente que huele a Sinaloa podrido desde adentro.
La soberanía no puede ser detergente.
Esa es la hipótesis central de este Radar: el gobierno mexicano encontró en el avión del Mayo una salida narrativa para defender a los suyos.
No necesariamente una salida jurídica. Una salida política.
El avión permite cambiar la conversación.
Ya no hablamos de Rocha, de mandos de seguridad, de fiscales, de funcionarios presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, de filtraciones, de sobornos, de pactos, de una guerra interna que dejó a Sinaloa sumido en miedo y violencia.
Ahora hablamos del FBI, de Ken Salazar, de la mala fe diplomática, del imperialismo, del vecino gandalla.
Y sí: hay que hablar del vecino gandalla.
Pero no solo del vecino.
Porque mientras México le exige a Estados Unidos que explique cómo se llevó al Mayo, México también tendría que explicar por qué no pudo impedirlo. Mientras reclama que Washington ocultó información, también tendría que transparentar qué hizo la autoridad mexicana con el piloto. Mientras denuncia una operación extranjera, tendría que aclarar si investigó a Rocha de verdad o si únicamente revisó si los papeles enviados por Estados Unidos alcanzaban para proceder.
Ese punto es demoledor: el piloto.
Informes y documentos judiciales identifican a Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, como pieza central en el traslado del Mayo. La información disponible señala que fue deportado a México después de la operación, que luego fue detenido y que finalmente terminó entregado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcotráfico.
Entonces la pregunta se cae sola, como lápida:
¿México reclama que Estados Unidos escondió al piloto, pero México lo tuvo y lo dejó ir?
Si era pieza clave, ¿por qué no fue interrogado hasta el fondo por la justicia mexicana? Si era el eslabón entre Los Chapitos, el avión, el Mayo y el FBI, ¿por qué no se convirtió en pivote de una investigación nacional? Si el gobierno mexicano quería demostrar una operación clandestina, ¿por qué soltó al hombre que podía contarla?
El avión aparece en el museo. El piloto aparece en Estados Unidos. El Mayo aparece detenido. Rocha aparece despresurizado. Y México aparece indignado, pero incompleto.
La segunda hipótesis es más áspera: la FGR puede tener razón contra el FBI y aun así quedar mal frente a México.
Porque una Fiscalía seria no puede funcionar con la lógica del niño que rompe el florero y señala al hermano: “él empezó”. Estados Unidos pudo haber mentido. Ken Salazar pudo haber dado una versión falsa, incompleta o políticamente calculada. El FBI pudo haber operado con arrogancia imperial. Pero nada de eso responde cómo se pudrió Sinaloa por dentro. Nada de eso explica la captura institucional. Nada de eso aclara si Rocha fue investigado con rigor o protegido con burocracia.
Una mentira diplomática no borra una posible narcopolítica.
Una operación irregular no absuelve un expediente criminal.
Un avión no limpia a un gobernador.
La tercera hipótesis: México está usando una causa justa para esconder una pregunta incómoda.
La causa justa es reclamar soberanía. La pregunta incómoda es saber si el poder político sinaloense fue penetrado por el Cártel de Sinaloa. El reclamo externo une, emociona, produce discurso nacionalista. La investigación interna divide, salpica, exhibe, obliga a romper complicidades. Por eso es más fácil gritarle a Washington que abrirle las tripas al poder local.
El problema es que un país no se vuelve soberano por enojarse con Estados Unidos. Se vuelve soberano cuando investiga a sus propios gobernadores, a sus propios fiscales, a sus propios policías, a sus propios pactos, a sus propios silencios.
Soberanía no es únicamente impedir que el FBI haga lo que quiera. Soberanía también es impedir que el narco decida quién manda en un estado.
Y ahí México no puede posar para la foto.
Porque si Washington actuó como patrón de rancho, México actuó como administrador distraído.
Si el FBI operó en las sombras, la autoridad mexicana tampoco ha iluminado demasiado. Si Salazar mintió, la FGR no puede contestar con media verdad. Si Estados Unidos administra sus expedientes con cálculo político, México no puede administrar los suyos con cálculo electoral.
Por eso este caso es tan venenoso: porque todos pueden tener una parte de razón y aun así nadie estar diciendo toda la verdad.
Estados Unidos puede haber mentido sobre el Mayo.
México puede tener razón al reclamar.
Rocha puede no estar judicialmente condenado.
La acusación de Washington puede requerir más prueba.
La FGR puede no tener elementos suficientes para detener.
Y, aun así, el país puede estar frente a una maniobra política para convertir la falta de cooperación estadounidense en certificado de inocencia local.
Ese es el engaño.
No el avión como objeto. El avión como distractor.
No la aeronave en el museo. La aeronave como altar de una nueva narrativa oficial: miren al FBI, miren a Salazar, miren al imperio, miren cómo nos engañaron. Y mientras todos voltean hacia el norte, el expediente sinaloense baja de volumen.
El Radar debe quedar puesto exactamente ahí.
No se trata de defender a Estados Unidos. No se trata de condenar sin juicio a Rocha. No se trata de comprarle completa la versión de Washington ni de tragar entera la versión de la FGR. Se trata de no permitir que una verdad sirva para encubrir otra.
Si Estados Unidos violó la soberanía mexicana, que lo pague diplomática y jurídicamente.
Si Rocha y sus funcionarios fueron acusados con pruebas, que se investigue hasta el fondo.
Si Washington no entrega evidencias, que México las busque.
Si la FGR no las tiene, que explique qué hizo para obtenerlas.
Si el piloto estuvo en México, que diga por qué se fue.
Si el avión es símbolo, que no sea símbolo de fantasía, sino de vergüenza.
Porque esta vez Tatú no está anunciando vacaciones. Está anunciando el cinismo de dos poderes que se necesitan y se acusan, se espían y se reclaman, negocian en silencio y se indignan en público.
El avión, jefe… el avión.
Sí, ahí viene.
Pero lo importante no es verlo aterrizar.
Lo importante es saber a quién vino a salvar.
