El RADAR por Jesús Aguilar
Una cuenta anónima publica un video.
Otra lo replica.
Cientos de perfiles comienzan a compartirlo.
Miles reaccionan.
Millones lo terminan viendo.
La pregunta que solemos hacernos es inmediata:
¿Es verdad o es mentira?
Pero en las democracias más avanzadas del mundo la discusión ya comenzó a moverse hacia otro lugar.
Una pregunta distinta.
Más incómoda.
Más profunda.
¿Quién pagó para que llegara hasta nosotros?
Durante las últimas semanas, en San Luis Potosí y en buena parte del país, el debate sobre la llamada Ley Serrano abrió una discusión que México ha venido posponiendo desde hace años: ¿cómo debe regularse el ecosistema digital sin poner en riesgo la libertad de expresión?
La respuesta fácil apareció de inmediato.
Unos pidieron mano dura.
Otros denunciaron censura.
Como suele ocurrir, ambos extremos terminaron simplificando un problema infinitamente más complejo.
Porque la verdadera discusión no está en el contenido.
Está en la estructura.
No está en lo que se publica.
Está en quién lo impulsa.
No está en la libertad de expresión.
Está en la opacidad.
Y son cosas completamente distintas.
Durante décadas la regulación de medios se construyó alrededor de una lógica sencilla. Si alguien quería influir en la opinión pública debía comprar espacios en periódicos, radio o televisión. Había responsables identificables, contratos, facturas, concesiones y autoridades capaces de rastrear el origen de los recursos.
Las redes sociales cambiaron radicalmente esa ecuación.
Hoy una operación política puede esconderse detrás de cientos de cuentas aparentemente ciudadanas.
Una campaña comercial puede disfrazarse de activismo.
Un gobierno puede financiar propaganda sin firmarla.
Un grupo económico puede impulsar narrativas sin revelar jamás su participación.
Y un ciudadano común tiene muy pocas herramientas para distinguir unas de otras.
Por eso la discusión internacional ya no gira alrededor de prohibir opiniones.
Gira alrededor de transparentar operaciones.
La Unión Europea avanzó con la Ley de Servicios Digitales. Reino Unido fortaleció obligaciones para las plataformas. Australia y Brasil han impulsado esquemas de responsabilidad y trazabilidad digital. Ninguno de esos modelos democráticos se construyó sobre la idea de encarcelar ciudadanos por expresar opiniones.
La tendencia dominante es otra.
Más transparencia.
Más identificación de publicidad.
Más información sobre algoritmos.
Más claridad sobre financiamiento.
Menos opacidad.
Menos simulación.
Menos manipulación encubierta.
En otras palabras, el mundo está dejando de preguntarse qué se dice para comenzar a preguntarse quién mueve los hilos.
La diferencia parece sutil.
No lo es.
Hannah Arendt advertía que el poder nunca pertenece realmente a una persona. El poder existe porque otros deciden reconocerlo y seguirlo.
En el ecosistema digital ocurre algo parecido.
La influencia tampoco surge de manera espontánea.
Alguien la financia.
Alguien la diseña.
Alguien la distribuye.
Alguien la amplifica.
Y cuando esos actores permanecen ocultos, la conversación pública deja de ser completamente libre porque los ciudadanos desconocen quién está tratando de influir en ellos.
Ahí aparece el verdadero vacío regulatorio mexicano.
No tenemos un problema de exceso de libertad.
Tenemos un problema de falta de transparencia.
Robert Michels, uno de los grandes estudiosos de las organizaciones modernas, sostenía que toda estructura de poder corre el riesgo de desarrollar intereses propios que terminan ocultándose detrás de las causas que dice defender.
La observación sigue siendo vigente.
Porque detrás de muchas cuentas aparentemente espontáneas existen estructuras políticas.
Detrás de muchas campañas aparentemente ciudadanas existen intereses económicos.
Detrás de muchas tendencias aparentemente orgánicas existen estrategias cuidadosamente diseñadas.
Y los ciudadanos rara vez lo saben.
Por eso la discusión no debería centrarse en quién puede hablar.
Todos deben poder hacerlo.
La discusión debería centrarse en quién está obligado a transparentar cuando intenta influir masivamente en los demás.
Ésa es la conversación que las democracias maduras están comenzando a tener.
Y también es la conversación que México necesita.
La libertad de expresión protege el derecho de cualquier ciudadano a cuestionar al poder.
Lo que no puede proteger es el derecho de cualquier poder a esconderse detrás de una máscara ciudadana.
Porque una democracia sana necesita libertad.
Pero también necesita saber quién está hablando.
Y, sobre todo, quién está pagando.
Durante años hemos discutido si las redes sociales deben regularse.
Tal vez hemos estado formulando mal la pregunta.
La verdadera discusión no es quién escribió el mensaje.
Ni quién compartió el video.
Ni quién publicó el meme.
La pregunta verdaderamente democrática es otra:
¿Quién pagó para que millones de personas lo vieran?
