El Radar. EL EDITORIAL DE ANTENA
La podredumbre en la toma de decisiones genera más descomposición.
Los dobles discursos reacciones violentas, el engaño fácil y la palabra suelta desde el poder, rebelión.
Ayer horas después de cuando el Gobernador del estado afirmó categórico que ““estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos a exigir, no a pedir (…) que capemos a todos los violadores” y que se aplique pena de muerte para quienes además de violar matan a sus víctimas, el abogado adscrito a la dirección jurídica de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del D.I.F. estatal, representante en suplencia de la víctima en el caso Alejandro N fue despedido de su puesto, al terminar una nueva y álgida audiencia.
¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de los tomadores de decisiones para cortar la cabeza de la última línea de defensa desde el estado de su más flagrante víctima?
¿Se puede hacer proceder una denuncia contra el Gobierno del Estado de San Luis Potosí por haber vuelto a poner en una posición de vulnerabilidad absoluta a una persona a la que el ESTADO ha violado en todas sus formas con todas sus decisiones vulnerando su derecho elemental a tener una defensa sólida?
¿Quién puede tener tanta sangre fría para inocular un caso de tanto impacto social inhabilitando el sistema de defensa que queda de la única víctima, a favor de la más miserable razón?
¿Cómo entender la cercanía de Gallardo y su gobierno con los desprotegidos y su distancia discursiva y real con los poderosos potentados de la “herencia maldita” ante esta pifia mortal?
¿Sabrá este Gobierno que pierde toneladas de credibilidad cuando en las sombras se puede decantar por ceder ante el poder de los fufurufos que tanto ha criticado y que esconden la mierda debajo de la alfombra como costumbre?
¿Cómo justificará Gallardo que su gobierno permitió que no se hiciera justicia elemental contra uno de los “vulnerables”, un representante social elemental de la gran franja de la población que confió en él y lo llevó al poder?
¿Sabrán que, si terminan de ceder ante los intereses económicos y de cúpula en el caso Alejandro N, no solo serán cómplices de un violador de menores, sino que serán ahora ellos los “violados” por el largo brazo resucitado de los tenedores zombies de la herencia maldita?
¿Cuánto dinero pasó por qué escritorios, cuántas promesas fatuas se agotaron para que hoy vuelvan a violar al niño B. con decisiones tan desaseadas?
¿Quedará para la vergüenza pública este caso que seguramente podrá escalar hasta la Suprema Corte de Justicia?
¿Miden en el Poder Judicial que el escrutinio público los vulnerará si permiten se consume el manoseo que ya sucede?
¿Hicieron cuentas de la resta en la ecuación política y electoral que esta decisión representa?
Nadie responde, el silencio, en este caso, no es el de los inocentes.
