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El Radar: La debacle de los intocables

El Radar, El Editorial de Antena.

El pasado martes 11 de octubre se cayó el último ladrillo del por mucho tiempo infranqueable dique de la oligarquía mediática de San Luis Potosí; sí, los grandes capitales enquistados en apellidos rimbombantes erigieron desde hace mucho tiempo y con diferentes motivos grandes medios, casi todos equivalentes a sus insaciables ambiciones, todos esos que fueron los que por años regían, los que siguen cobrando cuotas, los que se creían intocables, todos juntos perecieron para siempre. Encontraron culpable al ex funcionario del DIF estatal Carrerista Alejandro Fernández Montiel acusado de violación agravada contra un menor bajo su jurisdicción y responsabilidad, un niño violentado desde muy temprana edad que estaba bajo la tutela del estado potosino.

La presión incesante, los compromisos personales, sociales o coyunturales, las patéticas historias cruzadas, un simple instinto de supervivencia que invadió a los de su misma especie o tal vez todos esos puntos juntos fueron el factor decisivo, pero lo que hoy queda clarísimo es que ningún periódico impreso tradicional empezando por el que sentenció que “callar es mentir” se pudo sostener en ésa simple premisa, ninguna estación de radio a excepción de MG RADIO pudo ser una voz genuina, ningún portal bien hecho o hechizo menos LA ORQUESTA pudo indagar con ritmo a tiempo, ellos y nuestros medios ASTROLABIO y ANTENA SAN LUIS hemos sido los únicos que hemos abordado el escabroso asunto, y lo hicimos con una sola intención, generar empatía masiva con un caso que no se puede repetir, combatir el abuso del poder y sus efectos en los que deberían de ser protegidos. Aquí indagamos, opinamos, establecimos dudas razonables, confrontamos a los poderes reales y fácticos, pedimos pruebas de la inocencia del ahora hoy culpable y no obtuvimos más que un enfado creciente que intentó personalizar algo que no es personal, pero que se hizo una lucha de todos, aún de los que no pueden perder sus posiciones por sentir que el pinche aprieto del cumplimiento de su “deber” los embarga.

No fue más fuerte el chantaje emocional y la “victimización” del victimario, no fue más fuerte la negociación “política”, ni tampoco la extorsión a los juzgadores. (Sabemos quién, cómo y en qué términos quisieron torcerlos para “sacar a Alejandro Fernández Montiel” por la puerta de atrás).

No pudieron más las amenazas, las advertencias de riesgo, las torcidas de brazo de los aún cercanos al ex Presidente del Poder Judicial Juan Paulo Almazán Cué, próximo al círculo-escudo de Alejandro Fernández en este trágico periplo con final feliz.

Brayan N. la única víctima real del tema concedió publicar una carta escrita de su puño y letra con la que rubrica su súplica, una confesión conmovedora en la  que dibujaba su fe en el buen actuar de quienes procesaron su caso: “Como fue el caso y será el de muchas personas que probablemente no correrán con la misma suerte de tener un juicio justo y serán silenciados o ignorados. No es posible que donde se procura justicia, hacia el interior no exista”.

Hoy la justicia le concede a Brayan y a su familia el calor y la luz de la justicia, hoy un estado incapaz de en su momento proteger a quien tenía bajo su resguardo, hace lo que debe, no involucrarse en otra cosa más que en procesar en equilibrio.

Un caso trepidante que llegó a ser revisado aún por los inquilinos del Palacio Nacional y retomado por su vocero terminó en congruencia con la narrativa del gobierno federal y estatal actual que gritan desaforados en cualquier oportunidad que están del lado de los jodidos, de “los que menos tienen”, especialmente justicia.

Hoy también ésa justicia se reivindica por el valor del tribunal colegiado que llevó el tema, los jueces Javier Pérez ContrerasFrancisco Pablo Alvarado Silva y Carlos Alberto Ávalos Hernández serán recordados por los potosinos de muchas generaciones como los que resistieron y con su heróico apego a la ley y convicciones resarcieron una ventana de esperanza real en que se puede confiar otra vez en nuestras instituciones.

El gobierno de Gallardo y su principal operador Guadalupe Torres hicieron contra muchos pronósticos lo adecuado, no dejarse convencer de ceder ante la putrefacta oligarquía, no invisibilizar a la víctima y no someterse a meter el freno de mano desde un poder galopante.

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