Por Victoriano Martínez
Lo llaman “bono democrático” y lo identifican como ese respaldo ciudadano que les permitió ganar la elección y que, aún después de la victoria electoral, lo pretenden mantener y prolongar durante su cargo con tal afán, que terminan por dilapidarlo en un cíclico circo de acusaciones que, entre falsas y reales, terminan en mero artificio sin consecuencias, cuyo resulta es la impunidad.
Uno. Como alcalde electo, Ricardo Gallardo Juárez aseguró que no le temblaría la mano para castigar a Mario García Valdez por endeudar al Ayuntamiento con el contrato por mil 301 millones con la empresa Panavi para el cambio de las luminarias de la ciudad, y aunque después intentó ampliarlo a mil 500 millones de pesos, finalmente quedó cancelado a un costo de 70 millones de pesos.
El combate a la corrupción no llegó más allá de un desplante en una entrevista radiofónica y, en sentido totalmente inverso, a los nueve meses el justiciero ideo un intento para que el fraude que señaló se volviera de mayor cuantía.
Dos. Un mes y medio después de iniciada la administración de Xavier Nava Palacios, presentó un informe de las irregularidades detectadas durante el trienio anterior: a Gallardo Juárez, quien acusó de corrupción a García Valdez, le detectaron mil 843 irregularidades que mostraban el tamaño de su corrupción.
“Esta enorme red de corrupción que hemos detectado perfectamente, tiene nombre y apellido que esta gran red de corrupción es una estafa con “gallardía“ (…) les decimos de manera puntual: se les acabó la pachanga, se terminaron estás prácticas desde el Ayuntamiento”, dijo Sebastián Pérez, entonces secretario del Ayuntamiento.
De las mil 843 irregularidades, sólo once se convirtieron en denuncias ante las fiscalías estatal y federal con daño al erario municipal por mil 69 millones 406 mil 919.33 pesos. A pesar de estar ampliamente documentadas, las carpetas de investigación continúan sin avances en las fiscalías.
Tres. El actual alcalde Enrique Galindo Ceballos no ha dudado en hacer señalamientos en contra de la pasada administración municipal: que basificaciones irregulares, que aviadores entre los que se encuentran integrantes de familias adineradas, que un excesivo aumento de personal… que habrán de presentar denuncias por esas irregularidades.
Galindo Ceballos no tardó ni un mes en comenzar con ese tipo de señalamientos, cual si pretendiera hacer crecer su “bono democrático” con la aplicación de la fórmula de atacar al enemigo (Nava Palacios) de su nuevo, urgente y necesario aliado (Ricardo Gallardo Cardona).
Tres ejemplos de acusaciones contra los antecesores, como una especie de ritual para adquirir una investidura de justicieros anticorrupción –lucha siempre pendiente y anhelada por la gente– que les mantenga la simpatía lograda en las urnas y hasta les aporte un poco más pero que, el tiempo y la falta de sanciones, al final de su periodo les resta al grado de perder el “bono democrático”.
Un ritual que llega al extremo del acusador que lanza una imputación a su sucesor igual a la que su propio grupo también fue señalado. Así, José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, acusa al ex gobernador Juan Manuel Carreras López, de retener el ISR de los trabajadores y no reportarlo al SAT.
La misma acusación que Nava Palacios lanzó contra Gallardo Juárez en 2019, con una diferencia. Torres Sánchez no ha presentado denuncia formal y con Nava Palacios fue la quinta denuncia de las que se presentaron.
Gallardo Juárez intentó reelegirse porque creyó que alimentó suficientemente el bono democrático con un amplio catálogo de dádivas y le alcanzaría de sobra para ese efecto. Nava Palacios hizo un cálculo similar y ni siquiera pudo ser candidato a la gubernatura en tanto que su intento reeleccionista resultó igualmente frustrado.
Gallardo Juárez contra García Valdez fue una bravuconada y un blof que ocultaba sus contradictorias intenciones.
Nava Palacios contra Gallardo Juárez quedó en las buenas intenciones de aplicar justicia que se toparon con la protección en otras instancias pero que, durante el insuficiente periodo de conversión de las mil 843 irregularidades en denuncias penales, pudo alimentar el bono, pero la impunidad resultante contribuyó a desgastarlo.
Galindo Ceballos parece calcular de manera similar un crecimiento de su bono democrático y ya la tomó contra Nava Palacios, aunque con golpes que parecen de sombra que al reciente ex alcalde le basta exponer unos cuantos datos para librárselos.
Si el sparring navapalaciero no le resulta tan efectivo para engordar su bono, Galindo Ceballos también la toma contra Gallardo Juárez, así sea a través de su contralor interno quien anuncia dar continuidad a las once denuncias encaminadas por Nava Palacios, como si en realidad fuera un pancracio a la mexicana para agradar al público.
Se trata de pleitos arreglados cual burda lucha libre, de los que nadie sale lastimado y los únicos afectados son los ciudadanos que tienen ante sí a un acusador que enseguida resultará acusado, sin que eso represente que se proteja el erario, se mejore la gestión y, sobre todo, se combata la corrupción y la impunidad.
