La Auditoría Superior del estado (ASE) fiscalizó 53.7 millones de pesos ejercidos en 2021 por la administración de la recientemente detenida exalcaldesa de Villa Hidalgo, Eurídice Meza Mendoza, pero encontró anomalías que sumaron 118.9 millones de pesos, 121.4% más del presupuesto recibido y fiscalizado.
La situación anterior quedó establecida en las auditorías financiera y de cumplimiento AEFMOD-55-FC-2021 y AEFMOD-55-OP-2021.
El miércoles, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de Meza Mendoza, alcaldesa en el trienio 2018-2021, como presunta responsable de ejercicio abusivo de sus funciones, al descubrirse una transferencia de 27 millones de pesos de una cuenta de la alcaldía a otra personal, supuestamente producto de la venta de un predio municipal a una constructora.
La maniobra aparece observada en el informe final de la ASE como un pliego de observación y fue considerada como un probable daño a la hacienda pública de ese municipio.
El documento indica que se trató de un ingreso de 27.8 millones de pesos a las arcas del ayuntamiento, que luego fueron transferidos a una cuenta sin identificar con número 0013092021.
Además, se detectaron otros 44 millones de pesos que ingresaron a una cuenta etiquetada para recursos federales, pero cuyo origen no fue identificado.
Estas observaciones son el grueso de los 118.9 millones de pesos observados por la ASE al gobierno de Meza Mendoza durante 2021.
Además de estos ingresos sin identificar, la ASE detectó anomalías por alrededor de 13.1 millones de pesos, relacionadas con la nómina, como pagos injustificados, alza a las dietas de integrantes de cabildo sin fundamento e impuestos no reportados al sistema hacendario.
Otras anomalías financieras derivaron en observaciones por 8.5 millones de pesos. Entre otras anomalías, hay ingresos locales no registrados y pagos a empresas cuyo domicilio fiscal no fue localizado y podrían ser “fantasma”.
Y en cuanto a obra pública, la ASE reportó observaciones por 25.5 millones de pesos por documentación faltante, pasivos que se dejaron sin pagar o pagos excesivos. Además, se detectaron anomalías en los procesos de licitación y asignación de las 23 obras analizadas en el reporte.
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