La posibilidad de posponer la elección judicial hasta 2028 está siendo revisada por el gobierno federal, luego de que legisladores de Morena plantearan modificar nuevamente la Constitución para cambiar la fecha originalmente prevista. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta opción se encuentra en análisis y que uno de los factores principales es la disponibilidad de recursos.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el tema ya se ha abordado en reuniones entre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y el Instituto Nacional Electoral. Aclaró que, en caso de avanzar, sería necesario realizar una reforma constitucional para concretar el ajuste en el calendario.
La iniciativa propone que la elección de personas juzgadoras, que estaba contemplada para el proceso electoral federal de 2027, se lleve a cabo hasta el primer domingo de junio de 2028, con el objetivo de empatarla con otras elecciones concurrentes.
Este planteamiento fue impulsado por diputados y senadores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio, Alfredo Vázquez, Javier Corral y Susana Harp, quienes también incluyeron cambios adicionales en los requisitos para quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial.
Entre las modificaciones propuestas, se establece como requisito obligatorio contar con una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, mientras que las instituciones judiciales locales serían las encargadas de brindar la preparación previa para obtener dicha acreditación. Al mismo tiempo, se eliminaría la exigencia de promedios académicos específicos.
La propuesta también contempla nuevas restricciones para acceder a cargos como jueces o magistrados. Se plantea impedir que personas que hayan ocupado puestos políticos relevantes, como secretarías, fiscalías, diputaciones o cargos ejecutivos, puedan participar, además de prohibir la militancia partidista o cargos de dirección en partidos políticos durante el año previo a la convocatoria.
En cuanto a la integración de la Suprema Corte, se plantea que al menos cinco de los nueve ministros cuenten con una trayectoria mínima de diez años en el ámbito jurídico, de los cuales cinco deben haber sido dentro del Poder Judicial. Para los cuatro restantes, no sería obligatorio contar con experiencia judicial previa.
El planteamiento surge en medio de la implementación de la reforma judicial, que originalmente fijaba la elección para 2027, pero que ahora podría modificarse dependiendo de los acuerdos políticos y la viabilidad presupuestal.
