Estela Ambriz Delgado
Desde el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) se advierte que las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a que aún no se toma una determinación en el tema del fracking, y la posibilidad de que este se aplique en “donde sea factible”, dan pauta a una zonificación del país en regiones de sacrificio, en un contexto de crisis hídrica sistémica y áreas con sequías extremas.
El integrante del observatorio, Juan Felipe Cisneros Sánchez, consideró que las recientes de la mandataria hechas el día de ayer no representan una postura de precaución ambiental, sino el diseño de una salida política para justificar lo injustificable.
Señaló que al afirmar que “aún no se toma una determinación” y continuar delegando la decisión a un ampliado “grupo de científicos”, el Gobierno Federal ha inaugurado formalmente la era de la simulación científica en materia energética. Además de que se hacen de oídos sordos ante el clamor de las comunidades que defienden el agua, la vida y sus territorios vitales.
“Para quienes hemos caminado los territorios amenazados por la devastación extractivista, la retórica del ‘fracking sustentable’, ‘tecnología moderna’ o de ‘zonas factibles donde de plano no por razones ambientales’ es una trampa discursiva tan vieja como el neoliberalismo”, afirmó.
El activista precisó que la fractura hidráulica no es una técnica maleable que pueda volverse “amigable con el ecosistema” en un laboratorio, pues inyectar millones de litros de agua mezclados con un cóctel de químicos tóxicos a alta presión es, por definición, un acto de guerra contra la geografía, los acuíferos y la vida comunitaria e indígena.
Respecto al discurso manejado por Sheinbaum Pardo, señaló que cuando introduce variables como “si hay agua o no, y cómo reciclarla”, omite deliberadamente que en un país con una crisis hídrica sistémica, plantear el “reciclaje” del agua procedente de la fracturación hidráulica es una utopía técnica inviable y un insulto a las regiones que ya padecen sequías extremas.
En el mismo sentido, destacó que el agua utilizada en la fractura queda permanentemente contaminada con elementos radiactivos y metales pesados del subsuelo, por lo que es imposible que regrese al ciclo vital de la agricultura ni del consumo humano.
“El verdadero peligro de las declaraciones de este 24 de junio radica en la fragmentación del territorio. Al abrir la puerta a que la fracturación hidráulica se aplique ‘donde sea factible’, el gobierno está zonificando al país en regiones de sacrificio. ¿Quiénes vivirán en esas zonas supuestamente ‘viables’? Como siempre, las comunidades campesinas e indígenas de las cuencas petroleras, cuyos derechos de consulta y autonomía territorial han sido vulnerados sistemáticamente en este proyecto petrolero y de gas, en nombre de una malentendida soberanía energética”.
Cisneros Sánchez añadió que la presidenta está configurando una intentona de consulta por demás extemporánea y de mala fe, cuando regiones enteras ante la omisión de consulta han manifestado su no consentimiento a la devastadora técnica.
“La ‘soberanía energética’ que plantea este gobierno bajo el amparo de la fractura hidráulica es un falso paradigma. No hay soberanía posible cuando se compromete el futuro existencial de amplias regiones enteras, hipotecando sus suelos y sus fuentes de vida para las próximas generaciones. Lejos de garantizar la independencia del país, el fracking nos encadena a una triple subordinación”.
Al respecto ahondó en que habría dependencia financiera, pues al ser proyectos de altísimo costo y rápido agotamiento de los pozos, exigen una inversión multimillonaria constante que solo beneficia a los grandes capitales, sumado a la dependencia tecnológica, ya que el control de las patentes, la maquinaria especializada y los insumos químicos, seguirán en manos de corporaciones extranjeras.
También habría una nula rentabilidad real, dado que esta técnica no garantiza una renta fija ni sostenible para la nación, mientras que los costos de remediación ambiental, salud pública e infraestructura destruida, terminan superando por mucho el valor del gas extraído.
“No necesitamos una ‘segunda fase de investigación’ ni diagnósticos a modo en las conferencias mañaneras. La evidencia científica global ya es contundente y unánime: el fracking destruye.
Si el gobierno actual realmente busca la ‘justicia social’, debe dejar de titubear y cumplir con la promesa histórica de prohibir esta técnica de forma absoluta y constitucional. La soberanía energética no puede construirse desangrando la tierra ni envenenando el agua de los pueblos.
Frente al rediseño del despojo con rostro de ciencia, la respuesta de las comunidades organizadas seguirá siendo firme: ¡no al fracking en México!”, concluyó.
