El Radar por Jesús Aguilar
El 7 de julio, Lorenzo Salgado Araujo salió de su casa para recoger a sus compañeros de trabajo. No volvió.
Tenía 52 años, llevaba cerca de 35 viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción. Un agente de ICE le disparó en el abdomen durante un operativo en Houston.
La explicación llegó de inmediato: Lorenzo intentó embestir una patrulla y atropellar a un oficial.
Dos días después, el Departamento de Seguridad Nacional admitió algo que desarmaba buena parte de su propia historia: Lorenzo no era el hombre que buscaban. Conducía una camioneta parecida y, según los agentes, se parecía al objetivo.
Lo confundieron.
Lo persiguieron.
Lo mataron.
Su nombre encabeza un expediente que ya no cabe en el cajón de los “casos aislados”. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles revisó más de mil 200 incidentes ocurridos durante 2025 en ocho estados. Documentó 375 episodios de uso o amenaza de fuerza, 437 posibles actos de perfilamiento racial, más de 50 muertes dentro de centros de detención y al menos ocho personas abatidas por agentes migratorios o fronterizos.
México registra 17 connacionales fallecidos en hechos vinculados con ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 14 murieron bajo custodia, en centros migratorios o después de ser trasladados a hospitales; otros tres, durante operativos en la calle.
La violencia aparece descrita con una frialdad burocrática que también lastima.
A Ricardo Aguayo Rodríguez, trabajador de la construcción de 54 años, lo interceptaron cuando volvía en bicicleta de una tienda. Lo rociaron con gas pimienta, le apretaron el cuello y lo golpearon en la cabeza.
A Julio César Peña lo detuvieron en el jardín de su casa. Sufrió un microinfarto cerebral y terminó esposado de pies y manos a una camilla, sin que su esposa ni su abogado pudieran conocer su ubicación.
A Silverio Villegas González le dispararon cuando llevaba a su hijo a la escuela. El gobierno afirmó que trató de embestir a los agentes. Un testigo sostuvo que retrocedía después de que le cerraron el paso.
Y Miguel Ángel García Hernández, pintor de casas originario de San Luis Potosí, murió después de recibir varios disparos durante un ataque contra instalaciones de ICE en Dallas. Los abogados de su familia aseguran que protegió con su cuerpo a otro detenido.
En los comunicados oficiales los nombres suelen aparecer después de la etiqueta: “extranjero ilegal”. También se enumeran antecedentes, faltas administrativas o detenciones previas, como si cada dato ayudara a repartir anticipadamente la culpa.
Primero se deshumaniza al migrante.
Luego se justifica el operativo.
Al final se contabiliza el cadáver.
Frente a este expediente, el gobierno de Claudia Sheinbaum está obligado a reaccionar. Ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitado investigaciones a fiscalías estatales y acudido ante Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Es lo correcto.
México no puede guardar silencio mientras sus ciudadanos son perseguidos por su aspecto, sometidos con violencia, privados de atención médica o asesinados durante operaciones migratorias. Una deportación debe ejecutarse conforme a la ley. No concede permiso para asfixiar, golpear o disparar.
Pero la presidenta llega a Naciones Unidas cargando un expediente mexicano que le pesa en las manos.
En marzo de 2026, el propio gobierno federal reconoció que 132 mil 534 personas continuaban desaparecidas o no localizadas en México. No es una estimación opositora ni una cifra construida desde el extranjero. Proviene del registro oficial.
En 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención, ante la posible existencia de indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas en territorio mexicano.
La respuesta del gobierno no fue de apertura.
Fue de rechazo.
Claudia Sheinbaum aseguró que en México no existe desaparición forzada “desde el Estado” y sostuvo que el Comité desconocía la realidad nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su inconformidad mediante una nota diplomática. El Senado acusó al presidente del Comité de actuar de manera unilateral, irresponsable y sin sustento.
Ahora México vuelve al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas para pedir que observe lo que sucede al norte de la frontera.
Puede hacerlo. Debe hacerlo.
Pero tendrá que explicar por qué la observación internacional resulta legítima cuando protege a los mexicanos frente a ICE y parece una intromisión cuando examina las desapariciones ocurridas dentro del país.
No se trata exactamente de la misma oficina ni del mismo procedimiento. El Alto Comisionado y el Comité contra la Desaparición Forzada tienen atribuciones distintas. Forman parte, sin embargo, del mismo andamiaje internacional que México invoca afuera y desacredita cuando el señalamiento entra por la puerta de Palacio Nacional.
Ahí está el muro diplomático contra el que choca Sheinbaum.
Donald Trump ha convertido la migración en una operación de guerra. Ha dado a ICE más recursos, mayor fuerza política y una narrativa que presenta al migrante como amenaza. Washington responde desde la soberanía y advierte que ningún gobierno extranjero dirigirá las acciones de sus agentes.
México protesta, pero depende de la relación con Estados Unidos para comercio, inversiones, seguridad, combate al narcotráfico y control migratorio. Puede elevar el tono, aunque no demasiado. Puede denunciar, pero procurando no romper. Puede defender a sus ciudadanos, mientras contiene en la frontera sur a quienes intentan llegar al norte.
Está entre la obligación de proteger y la necesidad de no irritar a Trump.
También carga con su propia contradicción. Reclama garantías para los mexicanos detenidos en Estados Unidos, mientras miles de familias recorren cerros, lotes baldíos, hornos clandestinos y fosas dentro de México buscando a quienes el Estado no ha localizado.
La administración de Sheinbaum ha impulsado reformas, una alerta nacional de búsqueda, una plataforma de identidad y nuevas bases de información forense. Sería injusto borrar esas acciones. También sería ingenuo confundir el anuncio de herramientas con la localización de 132 mil personas.
Las madres buscadoras no necesitan una discusión semántica sobre si la desaparición fue cometida directamente por agentes estatales, por particulares o por organizaciones criminales.
Necesitan encontrar a sus hijos.
Y necesitan saber quién permitió que desaparecieran.
La defensa de los derechos humanos no admite aduanas ideológicas. No puede invocarse en Houston y relativizarse en Teuchitlán. No puede exigir investigaciones independientes para ICE y responder con soberanía herida cuando Naciones Unidas mira hacia México.
Lorenzo Salgado Araujo merece justicia aunque no tuviera documentos.
Los desaparecidos de México merecen ser buscados aunque su existencia incomode al gobierno.
Claudia Sheinbaum tiene razón al exigirle cuentas a Estados Unidos. La fuerza de ese reclamo dependerá de que acepte la misma vigilancia, las mismas preguntas y el mismo escrutinio dentro de casa.
Porque antes de pedirle a Trump que mire a los mexicanos como seres humanos, México tendrá que demostrar que también sabe mirar a sus desaparecidos.
Fuentes: Investigación de Milenio sobre abusos vinculados con ICE, informe oficial del Gobierno de México sobre personas desaparecidas y respuesta de Sheinbaum al Comité contra la Desaparición Forzada.
