Por Jesús Aguilar
Una escritura fechada en 1952 amenaza con tragarse colonias y comunidades enteras.
No es una metáfora.
El documento que reivindica Ricardo Esparza, apoderado de Sofía Paulina Tobías García, comprende siete polígonos y alrededor de dos mil hectáreas ubicadas entre San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona.
Dentro de esas líneas trazadas hace más de setenta años aparecen Angostura, Tabacal, Salazares, María Cecilia, Paisanos, Maravillas, Colorada, Monte Oscuro y La Unión.
Casas. Calles. Parcelas. Negocios. Familias completas.
Astrolabio había documentado que 931 hectáreas de esa superficie involucran asentamientos de ambos municipios. Después, el apoderado respondió a las denuncias de despojo, mostró documentos y propuso llegar a acuerdos con quienes —según su versión— compraron terrenos a personas que no eran sus legítimas propietarias.
Explicado para cualquiera: alguien aparece con un papel muy antiguo y dice que una enorme extensión de tierra le pertenece.
El problema es que sobre esa tierra ya vive mucha gente.
Algunas familias tienen escrituras. Otras han poseído sus predios durante décadas. Muchas pagan predial, contrataron agua y electricidad, construyeron y vieron cómo los propios gobiernos abrían calles o toleraban el crecimiento de los asentamientos.
Ahora podrían descubrir que compraron un terreno que ya tenía dueño.
O podrían descubrir que quien hoy lo reclama está extendiendo su documento más allá de donde legalmente corresponde.
Ambas posibilidades son graves.
Por eso este caso no puede resolverse preguntando quién tiene el papel más viejo. Una escritura registrada es importante, pero no es una varita mágica. Tiene que comprobarse que sus medidas, colindancias y antecedentes coincidan con el territorio actual.
Y ahí aparece el primer hoyo.
La inscripción 5326, fechada el 5 de abril de 1952, refiere que Ángela Blanco viuda de Puente vendió siete lotes a J. Jesús García Pardo para su hija María Félix García Pardo. Sin embargo, en el antecedente registral citado por Astrolabio no aparece la inscripción anterior que demuestre cómo la vendedora adquirió esos terrenos de Ignacio Pedroza Portillo.
Eso no anula automáticamente la escritura.
Pero impide tratarla como verdad revelada.
El apoderado afirma que hubo poderes falsos, ventas ilegales, notarios involucrados, personas encarceladas y resoluciones judiciales que restituyeron los bienes. Puede tener razón. Pero las sentencias deben exhibirse completas.
¿Sobre qué terrenos resolvieron?
¿Contra quién?
¿Qué contratos fueron anulados?
¿Las resoluciones abarcan las dos mil hectáreas o sólo operaciones específicas?
Una sentencia sobre un lote no puede convertirse, por arte de discurso, en la llave de siete polígonos.
También está el terreno de tres hectáreas en Angostura.
José Lázaro Ramos Ibarra denunció que fue despojado de un predio heredado por su familia, en el que asegura contar con escritura, inscripción registral, servicios y pagos de predial. Señaló que ingresaron maquinaria y personas armadas. Esparza negó el despojo, reconoció que introdujo maquinaria para limpiar el terreno y sostuvo que las personas armadas eran integrantes de la Guardia Civil Estatal, aunque en las imágenes difundidas no llevaban uniforme.
Aquí no hace falta ser abogado.
Cuando dos personas dicen ser dueñas del mismo terreno, ninguna debería imponerse con máquinas, cercas o acompañantes armados.
Primero se prueba.
Después se actúa.
No al revés.
La propuesta de regularización tampoco puede aceptarse sin hacer preguntas.
Esparza dice que buscó un acuerdo con el Gobierno del Estado para regularizar a cientos de ocupantes mediante el INREVIS. En diciembre de 2024, ese instituto firmó un convenio con el Ayuntamiento de Mexquitic para atender la tenencia de la tierra.
Regularizar suena bien. Para una familia significa obtener seguridad sobre su casa.
Pero antes de regularizar hay que determinar a favor de quién se regulariza.
Porque regularizar con la persona equivocada podría significar que las familias vuelvan a pagar por una tierra que ya compraron.
Y dos mil hectáreas no son un trámite social menor.
Son un negocio potencialmente gigantesco.
El INREVIS debe explicar qué documentos revisó antes de iniciar las mesas. El Instituto Registral y Catastral y el Registro Público de la Propiedad deben reconstruir la cadena de transmisiones. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Mexquitic, mediante Catastro y sus áreas de Desarrollo Territorial o Urbano, deben revelar qué predios empadronaron, subdividieron, autorizaron o incorporaron al crecimiento de las ciudades.
La ley otorga a los municipios facultades para controlar la zonificación, autorizar subdivisiones y verificar que las obras y servicios se ajusten al ordenamiento territorial. También impide que notarios, el Registro Público o Catastro validen operaciones contrarias a las normas urbanas.
Por eso la autoridad no puede esconderse detrás de la frase: “Es un pleito entre particulares”.
No lo es.
Cuando durante décadas el gobierno cobra impuestos, autoriza construcciones, instala servicios y reconoce asentamientos, también adquiere responsabilidades.
Además, la posesión prolongada puede generar derechos. El Código Civil de San Luis Potosí reconoce la prescripción positiva como una forma de adquirir bienes mediante la posesión, el paso del tiempo y las condiciones señaladas por la ley. No todos los ocupantes son automáticamente invasores, del mismo modo que no todo papel antiguo demuestra por sí solo la ubicación exacta de una propiedad.
Mexquitic necesita algo más sencillo que cien discursos jurídicos:
Un mapa.
Que se dibujen sobre una misma cartografía los siete polígonos de 1952, las propiedades inscritas después, los terrenos comunales o ejidales, las sentencias de prescripción, los catastros municipales y las casas que hoy existen.
Que cada metro tenga coordenadas.
Que cada afirmación tenga un expediente.
Que cada servidor público explique qué autorizó.
Y mientras eso ocurre, que nadie entre con maquinaria, que nadie cerque y que nadie cobre una regularización.
Puede ser que la escritura sea legítima.
Puede ser que muchas familias también tengan derechos legítimos.
Puede ser, incluso, que ambas cosas sean ciertas y que durante décadas funcionarios, notarios, gestores, constructores o vendedores hayan colocado una propiedad encima de otra.
Eso es precisamente lo que debe investigarse.
Porque en esta historia todavía no sabemos quién es dueño de qué.
Lo que sí sabemos es que alguien vendió, alguien cobró, alguien autorizó y alguien dejó crecer comunidades enteras sobre una bomba jurídica.
La escritura no se tragó sola a Mexquitic.
Durante más de setenta años, alguien le fue dando de comer.
Y esto es pequeño contra lo que ya se vive en gestión y en tribunales en la capital en los terrenos “perdidos” entre áreas naturales protegidas, propiedad privada y ejidal en el contorno de San José de Buenavista… al tiempo.
