La Estela de Luz persigue a Vega Casillas, ahora Senador del PAN y hombre cercano de Calderón

EN APRIETOS Aquel agosto, recordó Vega Casillas, había señalado a presuntos responsables e iniciado procesos penales ante la Procuraduría General de la República (PGR). “En mi comparecencia ante el Senado dije quiénes eran los responsables. Anuncié el tema de las denuncias penales. Estuve en todos los medios. Y que ahora, un año y medio después, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) diga que no sabe nada, me parece que eso ya es un asunto o de ineptitud o de dolo”, dijo. Durante la comparecencia, en 2011, el Diputado priista César Augusto Santiago había sido tajante: “Vive México una crisis de ilegalidad y se genera con estas actitudes una subcultura de la impunidad. Contéstele a su país, proteste que no va a tolerar maniobras ni trampas ni corruptelas de nadie. Le envío mis preguntas por escrito y espero que éstas y sus respuestas no queden sólo en otro simple debate sin consecuencias. Yo haré lo posible para que esto no suceda. Espero su compromiso”. Esa tarde escucharía también a la Senadora panista Minerva Hernández expresar: “Resulta, por demás evidente, que la obra se inició sin la existencia de un proyecto terminado, lo cual derivó en modificaciones, atrasos e incluso sobrecostos. ¿Quién es el responsable de estas inacciones, negligencias u omisiones? ¿Cuál es la sanción que impondrá la dependencia que usted encabeza?”. Y a ellos se sumarían los perredistas Claudia Ayala y Pablo Gómez, y los petistas Ricardo Monreal y Laura Itzel Castillo, además del convergente Eugenio Govea y el pevemista Juan Gerardo Flores. Todos criticaron la inacción de su Secretaría, lo acusaron de fomentar la impunidad y de ser corresponsable de los subejercicios federales. Sin embargo, Vega Casillas atinaba al admitir nueve irregularidades graves en la construcción de la Estela de Luz, y en señalar que cuatro servidores públicos habían sido acusados penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR). Reconocía que la empresa Gutsa estaba inhabilitada para trabajar en construcciones públicas, incluso ese mismo mes había refrendado esa sanción con vigencia a 2015, pero que gracias a un amparo participaba en la edificación de la “Estela de Luz”.   EN MANOS DE PGR Para agosto de 2011, III Servicios había sido objeto de dos auditorías y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) de una más, que en conjunto sumaban 28 observaciones, entre ellas que el INEHRM había recibido de conformidad el proyecto arquitectónico ejecutivo incompleto de parte del proyectista César Pérez Becerril y así autorizado su pago; además de que la persona contratada por el INEHRM como director del proyecto ejecutivo no había presentado los informes estipulados en el contrato, ni dado el seguimiento y la supervisión necesarios, mientras que III Servicios había efectuado los procesos de adjudicación y formalización del contrato de construcción sin contar con el proyecto ejecutivo completo. La Función Pública había detectado más fallas en la adjudicación de los contratos de construcción y la supervisión de la obra. De esta manera, por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y usurpación de funciones, habían sido denunciados penalmente Agustín Castro Benítez, ex director general de “III Servicios”; Juan Alberto Bravo Hernández, ex asesor técnico administrativo; Ricardo Morales Jaramillo, gerente de administración y finanzas, y Rubén Enrique Arenal Alonso, gerente jurídico. Además, se había abierto proceso de responsabilidad administrativa contra Castro Benítez, Arenal Alonso y Morales Jaramillo. De acuerdo con el informe presentado el martes pasado por la ASF, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia contrató a III Servicios para construir la Estela de Luz sin que esa empresa tuviera capacidad, infraestructura ni personal competente. Que como consecuencia de ello, el proyecto fue subcontratado al cien por ciento, con un gasto adicional de más de 752 millones de pesos, para alcanzar un costo total de mil 146 millones. La ASF dijo que se invirtieron mil 304 millones 917.7 mil pesos desde su construcción. Documentó sobreprecios y pagos improcedentes por 400 millones de pesos en materiales y servicios. Vega Casillas insistió ayer: “Yo creo que sí [es un tema político]. No me queda duda, porque es una revisión, no es una declaración de un político; es una revisión, es el resultado de una revisión que se supone que le llevó más de año y medio de manera exhaustiva y dicen que no se enteraron que hubo ninguna sanción”. El ex Secretario de la Función Pública sostuvo en entrevista radiofónica que lo encontrado en su momento por la dependencia a su cargo era más grave que lo reportado por la propia Auditoria Superior de la Federación, y los pormenores habían sido señalados con toda oportunidad durante su comparecencia en el Congreso. “Ahora nos quieren vender este asunto de que hubo un ocultamiento, un solapamiento de todos estos temas, cuando en realidad lo que hicimos fue perseguir a todos los responsables, denunciarlos incluso penalmente”, señaló. Vega Casillas dijo que cuando estuvo al frente, la Secretaría de la Función Pública presentó denuncias penales en contra de los servidores públicos con nombres y apellidos, en agosto de 2011, mientras que la Auditoría Superior de la Federación “viene un año y medio después y presenta denuncias contra de quien resulte responsables, es decir, no con nombres y apellidos”. “¿Cómo que una denuncia penal en contra quien resulte responsable?”, cuestionó. “Si no fue alguien que se metió a robar en la casa en la noche. Una auditoria lo que hace es determinar los actos y quiénes son los responsables y eso fue lo que la Secretaría de la Función Pública hizo en su caso”. “No solamente en el tema penal, también en las responsabilidades administrativas, en donde los funcionarios ya están sancionados, muchos. Yo dejé, cuando me salí de la Secretaría, por lo menos expedientes en contra de 11 funcionarios y ahí si ya no sé lo que pasó. Pero que nosotros dejamos ya sancionados a los principales responsables de esto”, señaló. El tema recae en la Procuraduría General de la República, que acumula tópicos por resolver.   http://www.sinembargo.mx/28-03-2013/572385]]>