Era septiembre de 2012. Se cumplían casi tres meses de su triunfo presidencial, cuando Enrique Peña Nieto anunció la incorporación a su equipo de transición de Francisco Bolívar Zapata, un científico y académico reconocido a nivel internacional por haber ganado el Premio Príncipe de Asturias en 1991 y por ser uno de los promotores de la introducción de transgénicos en el país, una tecnología —que advierten organizaciones— pone en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas.
Por ese entonces, la organización Greenpeace señaló que con su llegada al naciente Gobierno se estaría allanando el camino para garantizar la liberación del maíz transgénico y recordó, precisamente, su labor para impulsar la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), la cual contempla tres tipos de casos de liberación: la experimental, la piloto y la comercial.
Luego de formar parte del equipo de transición, Bolívar Zapata se sumó en abril de 2013 a la Oficina de Presidencia desde donde impulsó, precisamente, esta tecnología. Si bien, el tema del maíz transgénico fue bloqueado a través de una demanda legal que una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones presentaron, no ocurrió así con otros cultivos transgénicos a los que se dio apertura en la administración pasada.
“Toda la historia de este doctor, de este científico, ha estado marcada por una actuación como agente de la industria de transgénicos. Ha sido un fuerte promotor de la introducción de transgénicos en el país. Gran parte de su posicionamiento público ha estado dando un espaldarazo a la industria de transgénicos, hablando de la seguridad de esta tecnología de los Organismos Genéticamente Modificados y pues su historial data desde las discusiones que se estaban dando entorno a la LBOGM, y que en 2005 consiguieron aprobar la Ley con una connotación bastante desfavorable para la biodiversidad en México y que fue conocida como la Ley Monsanto y que de ahí también este doctor haya tenido el nombramiento como Príncipe Monsanto por comunidades campesinas en Oaxaca”, comentó en entrevista Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
De acuerdo con las resoluciones que difunde la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), en la administración de Peña Nieto se concedieron más de 100 permisos de liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados, entre 2013 y 2018, en más de 2 millones de hectáreas repartidas en 18 estados de la República.
De las 131 solicitudes que fueron presentadas y aprobadas en la administración de Peña Nieto —13 de ellas concedidas en los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, 63 fueron otorgadas a Bayer de México, S.A. de C.V. y 39 a Monsanto Comercial, S.A. de C.V.. Es decir 77.86 por ciento de los permisos concedidos, los cuales son de uso experimental o corresponden a un programa piloto, y sólo en unos cuantos casos conllevan un uso comercial, fueron dados a estas empresas transnacionales que en 2021 demandaron al Estado mexicano.
Pero esta apertura a los Organismos Genéticamente Modificados difícilmente podría entenderse sin la labor que llevó a cabo el doctor Francisco Bolívar Zapata, quien de abril de 2013 a septiembre de 2015 se desempeñó como Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República y que actualmente se ha posicionado como una de las voces que ha salido en defensa de los miembros del Foro Consultivo científico y Tecnológico, asociación desde la cual se ha difundido la postura a favor de los transgénicos de este investigador emérito.
Desde su posición en la Presidencia de la República, Bolívar Zapata, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), operó a favor de la introducción de los cultivos transgénicos en México, como recientemente denunció Victor Manuel Toledo, quien fuera Secretario de Medio Ambiente en el Gobierno de López Obrador y que, de acuerdo con una investigación de los periodistas Sergio Rincón y Alejandro Melgoza, renunció a su cargo luego de sufrir acoso y amenazas por respaldar al decreto publicado el 31 de diciembre de 2020 con el cual el Gobierno mexicano cerró la puerta al glifosato y al maíz transgénico.
“Un acto notable del contubernio entre gobierno neoliberal y corporaciones fue el nombramiento que en 2013 hizo E. Peña Nieto, a Francisco Bolívar Zapata (FBZ) como titular de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. FBZ es el científico que lideró la defensa e introducción de los cultivos transgénicos en México y a quien se debe que las secretarías de Agricultura y del Ambiente se aliaran con Monsanto, Syngenta, Dow y Phil para sembrar maíz y soya transgénicos. Esos intentos fueron detenidos por una demanda legal que una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones logramos el 5 de julio de 2013 y contra la cual el gobierno neoliberal litigó a favor de las corporaciones usando recursos públicos”, escribió Toledo en La Jornada el pasado 24 de agosto de 2021.
El litigio al que se refiere se originó a causa de la prohibición de esta tecnología ordenada por diez tribunales federales en 2013, situación que derivó de una demanda colectiva presentada por científicos, organizaciones y apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). En respuesta, la agroindustria en México, optó por impugnar. Las líderes del sector Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México se ampararon contra la suspensión de permisos para siembra de maíz genéticamente modificado. Ahora el tema se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prevé discutir en las próximas semanas si mantiene la prohibición o no de esta tecnología.
En ese sentido, Lara precisó que parte de la estrategia de la industria transgénica es apostar a la puerta giratoria para colocar a investigadores y a promotores de los cultivos transgénicos en puestos de toma de decisión y a través de la voz de estos académicos es como van avanzando en la autorización de esta tecnología. “El caso del doctor Bolívar Zapata es un caso de ejemplo en este sentido de la puerta giratoria y defensa de los intereses de la industria en puestos clave de Gobierno”.
Es por ello que la representante de Greenpeace destaca la importancia de la resolución que tendrá que hacer la Suprema Corte en los próximos. “Esperamos que la resolución venga en sentido favorable, detener la introducción de este maíz, pero la alerta no se relaja en otros cultivos”, comentó.
Esta organización ha señalado la deuda histórica que persiste en la protección de los cultivos originarios de México (como el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, el chile, el aguacate y el amaranto, entre otros) y ha advertido que con la presencia de cultivos transgénicos se violan los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, entre otros, además de que se pone en riesgo la biodiversidad de México.
ACADÉMICOS PRO TRANSGÉNICOS
El primer paso de Bolívar Zapata hacia la coordinación en Presidencia se dio en septiembre de 2012, cuando el entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto lo designó como Coordinador del ramo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Equipo de Transición. Desde ese momento, la organización Greenpeace señaló que con su llegada al naciente Gobierno se estaría allanando el camino para garantizar la liberación del maíz transgénico.
Para ese entonces el funcionario ya era relacionado como uno de los impulsores de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), conocida como la “Ley Monsanto”, a partir de la cual se abrió la puerta a la experimentación con este tecnología.
Esta organización acusó a Bolívar Zapata de apropiarse del nombre de la Academia Mexicana de Ciencias para legitimar con ese sello el aval del mundo académico hacia esta legislación, mientras que el investigador reviró diciendo que Greenpeace distorsionó, en su momento, el contenido de esta propuesta de Ley.
Ya como Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, Bolívar Zapata precisó en entrevista con Forbes, en julio de 2014, que parte de sus obligaciones en la administración pública federal era aportar “información sobre los beneficios y el bajo riesgo que representan los organismos genéticamente modificados, para que sea utilizada en los foros que organiza la Sagarpa”.
Pero además, desde este cargo, fue clave en que al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se colocara a un miembro de la Academía Mexicana de la Ciencias. “Había distintos candidatos y yo en lo que insistí (al Presidente Peña Nieto) es que buscáramos tener a alguien de la Academia en este nombramiento porque es parte de la comunidad”, dijo el propio Bolívar Zapata en una entrevista con la revista Forum, medio del Foro Consultivo. Ese hombre elegido fue Enrique Cabrero, en cuya gestión, ha denunciado la actual administración, se dieron recursos públicos precisamente a empresas como Bayer y Monsanto.
En la misma plática que Francisco Bolívar Zapata sostuvo con Forum en agosto de 2015 —un mes antes de dejar el cargo para contender sin éxito por la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— explicó cómo en su coordinación de Presidencia trabajó de la mano con el doctor José Franco otro expresidente de la AMC, al igual que él, y que por ese entonces se desempeñó como coordinador del Foro Consultivo, una gestión que estuvo marcada por la compra de una propiedad ubicada en una zona residencial del centro de la colonia Coyoacán, pese a que la transacción contravenía a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt. “Tenemos una gran oportunidad de sumar los esfuerzos. No pretendemos ser protagónicos y estamos trabajando de manera muy coordinada con Enrique Cabrero y con el Foro”, dijo Bolívar en ese entonces.
En marzo de 2020 la organización PODER reveló una serie de gastos que realizaban los coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en los gobiernos pasados, como compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares, así como la adquisición de un inmueble.
“Lo que nosotros encontramos es que este dinero [que percibe el Foro] había sido utilizado para promover el paquete tecnológico de la industria transgénica, específicamente lo relacionado a Monsanto, que dicho sea de paso tiene demandado actualmente al Estado mexicano, y que internacionalmente ha sido multada al comprobarse que sus sustancias son causantes de cáncer, o probablemente cancerígenas que es el término científico que se utiliza”, comentó Ricardo Balderas, periodista de investigación en PODER, en entrevista con la periodista Romina Gándara, co-conductora de Café y Noticias, programa de SinEmbargo Al Aire.
Los propios datos que esta asociación civil ha aportado muestran cómo desde 2003 hasta 2018, en los Gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto recibió 455 millones 384 mil 179.29 pesos. Las mismas cifras muestran que la mayor cantidad de recursos se dio en la administración de Peña Nieto cuando percibió 218 millones 577 mil 035 pesos, 26.30 por ciento más que los 173 millones 61 mil 31 pesos que obtuvo con Calderón.
Este Foro Consultivo, con el que Bolívar Zapata trabajó de la mano en los tres años que formó parte del Gobierno de Peña Nieto, se configuró en una de las plataformas en las que este investigador difundió su postura a favor de los transgénicos. Por ejemplo, el 20 de abril de 2017, se publicó el boletín de prensa: “Carecen de evidencia científica acusaciones sobre organismos transgénicos”. En éste se exponen los argumentos del exfuncionario federal a favor de esta tecnología: “Para mí, resulta más inteligente consumir alimentos transgénicos que alimentos con altos contenidos de insecticida”, señaló Bolívar Zapata al respecto.
Para febrero de 2018, en la recta final del Gobierno pasado, se publicó el boletín: “Detienen dogmas avances científicos sobre transgénicos”, un texto en el que se dio cuenta de la publicación del libro “Transgénicos. Grandes beneficios, ausencia de daños y mitos”, coordinado por Francisco Bolívar Zapata. Ya para abril del mismo año, el Foro publicó el boletín: “Es necesaria más investigación científica sobre transgénicos”, una reseña sobre la primera jornada del ciclo de mesas redondas titulado: Los alimentos transgénicos a debate que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se realizó del 11 al 13 de abril, y en el cual se dio una postura más equilibrada sobre el tema con las voces de Bolívar Zapata y María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Conacyt y detractora del uso de transgénicos.
No obstante, esta no es la única difusión que se ha dado desde organismos que operan con recursos públicos a favor de los transgénicos. PODER publicó en septiembre de 2019 cómo más de 80 millones de pesos han sido utilizados para promover el desarrollo de la industria de transgénicos en México, a través de estudios que fueron pagados con recursos del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (Fondo CIBIOGEM), de acuerdo con un análisis que realizó esta organización del ejercicio financiero reportado de manera oficial por el Conacyt. De nueva cuenta, empresas como Monsanto fueron las principales beneficiadas.
En total, indicó, 72 por ciento de las investigaciones pagadas con recursos públicos “fueron encaminadas al desarrollo de biotecnología y biotecnología agrícola”. Es decir, refiere PODER, “existe una clara inclinación a la producción de transgénicos y uso de químicos que fortalece a las multinacionales, afectando así, a los cultivos orgánicos y tradicionales”.
Como ejemplo mencionó el estudio: “Plantas de maíz genéticamente modificadas con tolerancia a sequía”, elaborado por la Dra. Beatriz Xoconostle, “con un evidente sesgo a favor de los transgénicos”, y otra investigación que lleva por nombre: “Costos y beneficios de los cultivos genéticamente modificados en México: un análisis de equilibrio general”, por el Dr. Javier Becerril del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán.
DE RECIBIR RECURSOS A DEMANDAR AL ESTADO
El 21 de octubre de 2020, Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Conacyt, denunció en la conferencia de prensa matutina del Presidente López Obrador, cómo entre 2013 y 2018 desde el Conacyt se hicieron transferencias millonarias, mediante fideicomisos, al sector privado.
“Solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través de un programa, este programa PEI, que es un programa fiscal que todos los apoyos se iba alimentando, se transfirieron más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente de Conacyt a empresas”, denunció en ese momento Álvarez-Buylla.
Entre las empresas beneficiadas, dijo, estaban IBM, Kimberly Clark, Volkswagen, Mabe, Monsanto y Bayer, estas dos últimas trasnacionales demandaron al Estado mexicano por posibles pérdidas financieras a raíz de la promulgación del decreto presidencial de diciembre de 2020, en el cual el Gobierno federal prohibió el uso de glifosato en el territorio nacional, uno de los principales productos de Bayer-Monsanto, tras calificarlo como inseguro para la salud.
“Específicamente, Bayer-Monsanto responsabiliza a México por pérdidas financieras que deriven de la aplicación del decreto presidencial. Ese tema tiene una posible relación a la presión de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a México debido a que la importación de glifosato en el país es una de las discusiones que surgieron en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, reportó en julio pasado la organización PODER.
En Estados Unidos, refiere la organización, estas empresas fueron sentenciadas con una multa de 2,000 millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia de campesinos en la zona de Oakland.
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