El Radar por Jesús Aguilar
Durante años, la Sierra de San Miguelito ha librado una batalla en tres frentes: el ambiental, el político y el judicial. Esta semana, uno de esos frentes quedó prácticamente resuelto.
Un Tribunal Colegiado confirmó la constitucionalidad del decreto que convirtió a la Sierra en Área de Protección de Flora y Fauna (APFF). Traducido al español de todos los días: los magistrados concluyeron que el decreto se apega a la Constitución y, por lo tanto, debe mantenerse vigente.
La decisión va mucho más allá de un expediente judicial.
Porque detrás de ese decreto no sólo hay cerros, árboles o paisajes. Hay más de 111 mil hectáreas que captan agua, recargan los acuíferos que abastecen a la zona metropolitana, regulan la temperatura, conservan biodiversidad y representan uno de los principales límites naturales frente al crecimiento desordenado de la ciudad.
La resolución tampoco significa que desaparezcan todos los conflictos. Seguirán existiendo diferencias sobre propiedad, programas de manejo, actividades productivas y alcances de la protección ambiental.
Pero hay una diferencia enorme.
Una cosa es discutir cómo se administra un Área Natural Protegida.
Otra muy distinta era intentar desmontar el decreto que le dio origen.
Ese muro jurídico hoy quedó considerablemente más sólido.
La relevancia de esta sentencia también se entiende cuando se observa quiénes han estado detrás de los principales intentos por excluir superficies del Área Natural Protegida.
No se trató de litigios aislados ni de inconformidades individuales.
Diversos juicios de amparo fueron promovidos por grupos empresariales y propietarios con intereses en miles de hectáreas dentro del polígono protegido. Entre ellos aparece el proyecto inmobiliario Las Cañadas, impulsado por Espacios en el Horizonte, así como intereses vinculados con Carlos López Medina, grupos de las familias Mahbub Sarquís, Valladares, Lorca, del Valle, Torres Corzo, José Cerrillo Chowell y otros inversionistas que han sido identificados en expedientes y coberturas periodísticas sobre el caso.
En distintas etapas de ese proyecto también figuró como uno de sus principales socios Alejandro Tamayo Ibarra, hoy sujeto a un proceso penal por presunto fraude en Nuevo León, un asunto distinto del litigio ambiental pero que modificó el equilibrio interno del propio desarrollo inmobiliario.
Todo ello confirma que nunca estuvo en disputa únicamente una montaña.
Lo que ha estado en juego durante años es uno de los proyectos de expansión inmobiliaria más ambiciosos que ha conocido San Luis Potosí.
Y justamente por eso esta resolución adquiere un peso histórico.
La evidencia científica lleva décadas sosteniendo que las áreas naturales protegidasconstituyen auténtica infraestructura ambiental. La exsecretaria de Medio Ambiente Julia Carabias ha advertido reiteradamente que destruir estos ecosistemas termina generando costos sociales, económicos y ambientales mucho mayores que cualquier beneficio inmediato derivado de urbanizarlos.
Cuando desaparece una sierra, la factura no la pagan quienes construyen. La termina pagando toda la ciudad.
La resolución también envía un mensaje que trasciende este caso.
El desarrollo urbano deja de ser una discusión donde únicamente pesan el dinero, la influencia o los permisos. Hoy existe un criterio judicial que confirma que el interés público de proteger la Sierra tiene sustento constitucional.
Eso obliga a replantear cualquier proyecto futuro bajo una premisa distinta:
Primero el derecho colectivo a un medio ambiente sano. Después cualquier expectativa de negocio.
Y ahí aparece la pregunta verdaderamente incómoda.
Si los tribunales ya confirmaron que la protección de la Sierra de San Miguelito es constitucional…
¿Los distintos niveles de gobierno ajustarán definitivamente sus planes de crecimiento urbano a esa realidad jurídica, o seguirán apareciendo nuevas rutas legales para intentar fragmentar lo que la Constitución acaba de proteger?
Porque durante años algunos de los barones del concreto imaginaron la Sierra como la última gran reserva de plusvalía de la ciudad.
Hoy el Tribunal les recordó que no todo terreno con potencial inmobiliario está destinado a convertirse en fraccionamiento.
Hay lugares cuyo verdadero valor no se mide en metros cuadrados, sino en litros de agua, aire limpio, equilibrio ambiental y futuro.
La sentencia no cancela los intereses económicos; simplemente les fija un límite. Los proyectos inmobiliarios podrán reinventarse, negociar o litigar. Pero la Constitución acaba de recordarles que la naturaleza también tiene derechos que defender. Y cuando el Estado de Derecho se impone sobre la presión del concreto, no gana una montaña: gana San Luis Potosí.
*Marcelo de los Santos Anaya, ya como cabeza empresarial de su grupo familiar ayer tuvo un desayuno con los panistas de viejo cuño que ya no tienen el peso político, ni la voz que durante años los encumbró, el próximo año por ejemplo se cumplen 30 años de la elección en la que ganó la capital Zapata Perogordo, 34 del triunfo de Mario Leal Campos.
Alguien sigue aconsejando muy mal a Marcelito, creen que el 2026 es el 97, y no solo hay más de 3 décadas de distancia, sino una falta de presencia, carencia de voces con eco y argumentos para participar de la política actual.
Valdría la pena también preguntar por ejemplo, cómo se cruzan sus propios intereses en el proyecto Cañadas que pretende devastar la ahora otra vez el área natural protegida de la Sierra de San Miguelito con su intención por ser alcalde. ¿Será que su precandidatura es solo un golpecito en la mesa de la familia de los barones de concreto a los que no les importa la ciudadanía sino conservar sus privilegios y potenciar sus intereses?
*El gobierno estatal anunció que hoy se consumaría la derogación de la llamada Ley Serrano, hay que puntualizar con firmeza y respeto las cosas que no se pueden repetir y la petición de congruencia y apertura que se necesita si es que de enmendar la plana hablamos.
