“Mátalos a todos, Iguala es mío”. Esa fue la orden que uno de los líderes de Guerreros Unidos, identificado con las iniciales “AI”, dio durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que fueron desaparecidos forzadamente los 43 normalistas de Ayotzinapa, según se desprende del Informe de la Comisión de la Verdad del caso.
De acuerdo con este documento, el líder de esta agrupación criminal, que se coludió con las autoridades en lo que ayer se reconoció como “un crimen de Estado”, creía, siempre esta versión, que entre los estudiantes había integrantes de Los Rojos, el grupo rival contrario.
Este elemento junto a otros que ha recopilado el actual Gobierno llevaron a indicar la tarde del jueves que no hay indicios de que los estudiantes puedan ser localizados vivos. “No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida, por el contrario todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo en la conferencia de ayer el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas el día de ayer.
“AI”, uno de los jefes delictivos, ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque, detalla el informe, no sabían “quien es quien, y se está calentando la plaza demasiado”, establece el informe de la Comisión, el cual contrasta la narrativa establecida en el Gobierno de Enrique Peña Nieto con la llamada “verdad Histórica”, con la información que ha recopilado la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa.
El documento señala la versión que brindó una testigo protegida de nombre Karla, quien testificó que le solicitaron tomar fotografías a todos los estudiantes porque se “creía que entre ellos había personas de los Rojos” y de todos ellos, sólo tres le interesaron a sus superiores, “El Cochiloco” y “El Chilango”. Se detalla que “AI” pidió recuperar “la mercancía” de uno de los camiones y ordenó: “me chingan a todos a discreción”.
El documento también confirma, lo que ya se había comentado, de que la versión de que los alumnos que fueron detenidos por la Policía de Iguala y que fueron llevados a la Comandancia es falsa. La información que detalla la Comisión es que los normalistas asegurados por la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez fueron los que iban a bordo del autobús número 1568 y fueron trasladados a su comandancia.
En tanto que los estudiantes que iban en el autobús 1531 fueron asegurados por parte de las policías municipales de Huitzuco e Iguala frente al Palacio de Justicia y que, inicialmente la detención era “solamente para darles una chinga a los estudiantes porque el ‘AI’ no quería disturbios, además de recuperar el material (droga) que supuestamente venía en uno de los autobuses”.
Otro de los aspectos que también corrobora el informe es que los alumnos que iban en el camión 1568 fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por parte de los policías de Iguala y Cocula, y estos fueron entregados en Loma Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. También se presume que los normalistas del camión 1531 fueron llevados a Loma de Coyotes y que, por otro lado, los asegurados por la policía de Huitzuco fueron trasladados a este municipio.
El informe destaca que el grupo delictivo actuó con “un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y con el apoyo de policías municipales y agentes del Estado·; así como que en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición y que la orden de desaparecerlos se dio “al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución”.
Además, el documento insiste que la versión de la “Verdad Histórica” de que integrantes de Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en la Basurero de Cocula, no es cierta. Afirma que las instrucciones originales eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron “repartírselos”.
La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa también concluye en este informe que es “necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsa y en la laguna del nuevo Balsa, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en la brecha Lobos y en el paraje Suriana en Igual, así como en las inmediaciones de Tepeguaje”.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
UN SUPUESTO MILITAR INFILTRADDO
El día de ayer, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que la desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”.
Al inicio de la conferencia de prensa Encinas adelantó y dejó entrever que la información no sería favorable, al advertir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión muy “difícil y dolorosa” con los padres de los 43 estudiantes, a quienes se les presentó una reconstrucción de la desaparición.
En la presentación del informe, el Subsecretario también detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró al soldado Julio César López Patolzin en la Normal de Ayotzinapa para documentar las acciones de los normalistas en septiembre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades estaban al tanto de lo que acontecía en el lugar.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, detalló Encinas en la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón”, agregó.
El Subsecretario de Derechos Humanos explicó que los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43 y la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su protocolo de desapariciones militares.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, indicó.
“Desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, mencionó.
LA BÚSQUEDA DE LOS NORMALISTAS
Alejandro Encinas detalló las principales acciones y resultados que realizó la Comisión de la Verdad, donde destacó la verificación de al menos 41 mil 168 documentos proporcionados por 15 instituciones. Entre esa documentación, dijo, al menos 17 mil documentos fueron obtenidos por parte de la Sedena.
Entre la evidencia analizada, destaca la revisión de las intervenciones de comunicaciones de la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional, en donde se verificaron 17 mil sesiones de en audio.
En cuanto a las acciones de búsqueda, enfatizó que se realizaron al menos 101 acciones “que no son menores”, pues significaron 675 jornadas de trabajo, que arrojaron un total de 17 hallazgos. Se recuperaron 27 cuerpos y más de mil restos óseos, entre esos, los 32 que se enviaron a Innsbruck, de los cuales, lograron solo la identificación de tres estudiantes.
Por otra parte, también se recolectaron los testimonios de al menos 115 personas: tres son de perpetradores, cuatro de personas puestas en libertad por tortura, de 15 internos y de 23 estudiantes sobrevivientes.
Alejandro Encinas resaltó que al menos 26 actores clave fueron asesinados desde el 14 de octubre de 2014 al 24 de mayo de 2022. De esos, 14 son del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes desaparecieron a los estudiantes en colusión con autoridades locales, estatales, federales y de la Sedena. En tanto que otros siete testigos eran activistas, funcionarios o policías, mientras que dos eran integrantes del grupo delictivo Gente Nueva.
Además, el funcionario explicó que en la reconstrucción de los hechos que se les presentó a los padres, se estableció que tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición y que las autoridades de los tres niveles estaban enteradas de todos los actos: desde la toma de camiones, el traslado de los estudiantes a Iguala, su llegada al Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, a la Central de Autobuses, así como de la persecución, violencia y desaparición de los estudiantes.
—”¿Pero dónde están los 43 estudiantes, qué es lo que sí se sabe de ellos?” —le cuestionaron al funcionario federal.
Encinas respondió que lo sí se sabe es que fue un crimen de Estado en el que “concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, porque las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”.
LA FISCALÍA DEL PASADO “SIGUE AHÍ”
Alejandro Encinas reiteró en diversas ocasiones que quedó acreditada la participación y colusión tanto de policías locales, estatales y de elementos del Ejército. Agregó que las responsabilidades van en todos los niveles y que hay una lista de al menos 33 funcionarios en los que se investigará. Las dirigencias, dijo, están ya a cargo de la FGR.
Cuestionado con respecto a si el expresidente Enrique Peña Nieto es parte de los exfuncionarios investigados, Encinas dijo que no había orden de aprehensión y no quiso abundar sobre los detalles de la investigación, señalando que ahora será la Fiscalía General de la República (FGR) quien se encargará “o no” en el futuro de deslindar responsabilidades.
No obstante, las esperanzas de los padres en la FGR no son alentadoras. Los familiares de los estudiantes, colectivos y activistas no confían en la Fiscalía de Gertz Manero.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, ha asegurado en diversas entrevistas con Los Periodistas que los altos funcionarios de la anterior PGR filtran información procesal y hasta facilitaron la fuga de Tomás Zerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR que construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos.
A la salida de la rueda de prensa, el Subsecretario Encinas fue cuestionado si en la FGR se obstaculizaba la investigación, como lo han denunciado los padres de los 43 normalistas y el abogado Vidulfo Rosales, que han acusado que gente de la FGR entorpece y no permite que el caso avance hasta los altos mandos y el Ejército.
Al respecto, Encinas dijo que había buena relación, sin embargo, si dijo que “el pasado aún estaba presente en la Fiscalía”.
Aunque Rosales no los identifica por su nombre, los funcionarios que proceden de la PGR de Peña Nieto y que ahora son cercanos a Gertz Manero son, hasta el finales de 2921, en primer lugar, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien ocupó la subprocuraduría desde 2016, con Raúl Cervantes, quien sustituyó como Procurador a Jesús Murillo Karam.
Luego el coordinador de asesores del Fiscal Gertz Manero, Óscar Langlet González, fue director jurídico de la PGR en el Gobierno de Peña y coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Cervantes.
Y también el titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, a quien Gertz nombró en ese cargo en julio de 2019 y quien fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto.
En el caso de la Sedena, el representante jurídico de las familias de los desaparecidos critica que, pese a la orden directa del Presidente López Obrador al General Secretario, Luis Crescencio Sandoval, para que coopere, este funcionario y la institución no obedecen a su comandante supremo.
Sin Embargo
