Por Victoriano Martínez
“¡Las licencias de conducir gratuitas están más cerca! Hoy presentamos en el Congreso del estado la iniciativa para una de las demandas más pedida para poner fin a la maldita herencia de corrupción que le costaba al pueblo potosino para el privilegio de unos cuantos”.
Así informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en su cuenta de Twitter a la 1:15 p.m., sobre su visita a Vallejo 200 para entregar personalmente la iniciativa de la que se ha vuelto una promesa de apremiante resolución, ante la que los legisladores se aprestan a darle trámite como tema de “extrema urgencia”, según el diputado por el PT, René Oyarvide Ibarra.
Una urgencia por dar a conocer a la población que sí va a cumplir la promesa que había comprometido para el 1 de octubre que, ante la caída de Facebook, estuvo al pendiente de su restablecimiento para repetir el mensaje tuitero a las 18:23 horas.
En reunión con los diputados anunció para este jueves la presentación de otra iniciativa para la entrega de placas gratuitas, y pidió a los legisladores que esas dos propuestas salgan a la brevedad posible porque la gente no puede esperar “tanta burocracia” ni tanta demagogia cuando los diputados exponen los temas.
La Constitución Política del Estado prevé, en la fracción XLVII del artículo 57, la posibilidad de que el Congreso pueda “en casos de urgencia, dispensar o abreviar los trámites legislativos”, en tanto que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo se establece en el artículo 134 que los casos de urgencia tienen que ser calificados por las dos terceras partes de los diputados en sesión.
Una de las razones de los pasos que debe cubrir el trámite legislativo es evitar uno de los vicios que con frecuencia se señala que incurren los diputados: legislar al vapor.
La Constitución Política del Estado contempla en el segundo párrafo del artículo 61 una disposición que resulta un parámetro del periodo razonable para que una iniciativa del Ejecutivo, desde su ingreso al Legislativo hasta su aprobación, cumpla con el procedimiento con un lapso que permita que no se considere como dictaminada al vapor.
“Dentro de los primeros quince días de cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador del Estado podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Las iniciativas deberán ser dictaminadas, discutidas y votadas por el Pleno del Congreso del Estado, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales. Si no fuere así, en sus términos y sin mayor trámite, las iniciativas serán los primeros asuntos que deberán ser discutidos y votados en la siguiente sesión del Pleno”.
A las dos iniciativas de Gallardo Cardona no se les puede aplicar el “trámite preferente” porque para tener ese carácter debieron presentarse a más tardar el 30 de septiembre. Además, aplicarle ese carácter no serviría para satisfacer la urgencia de Gallardo Cardona por cumplir una promesa que ya lleva cinco días de atraso.
En consecuencia, con las iniciativas de licencias de conducir y placas vehiculares gratuitas prácticamente se inaugura un procedimiento que va más allá del “trámite preferente” y, en palabras de Oyarvide Ibarra, será de un trámite de “extrema urgencia”.
¿Por qué no ocurrió lo mismo con la tarjeta “La Cumplidora”, que se supone que se activó el 6 de junio y que a partir del 26 de septiembre se podría hacer efectivo el acceso a los recursos prometidos?
Las dos iniciativas del mandatario ponen a los diputados en un predicamento en el que, al menos José Luis Fernández Martínez y Oyarvide Ibarra ya anticiparon su postura, estirarán el concepto de urgencia y abreviarán el proceso con maniobras legaloides para someter la legalidad con tal de quedar bien con el gobernador.
Ya lo hicieron con la declaratoria de recinto oficial para la toma de protesta en la Plaza de los Fundadores sin cumplir los requisitos legales para emitir el decreto.
Todavía no cumplen un mes como diputados y no han tenido el más mínimo escrúpulo para honrar el carácter de poder autónomo y de contrapeso que debe tener el órgano legislativo porque parecen tener una “extrema urgencia” en convertirlo en un Congreso de meros trámites exprés al servicio del Ejecutivo.
