Las desapariciones forzadas y las violaciones a derechos humanos perpetradas durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (2010–2016) han sido llevados por organizaciones de la sociedad civil ante La Haya, en particular 22 casos en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales, una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del priista, que alcanzaron a menores, mujeres, estudiantes, a todos.
Javier Duarte —uno de los rostros del entonces llamado “nuevo PRI” y en cuya administración se perpetraron estos crímenes que él siempre negó— fue detenido en 2016 y se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y en fechas recientes recibió una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.
Durante su gobierno, las autoridades estatales fueron acusadas en reiteradas ocasiones de cometer numerosos crímenes y violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, se ha documentado durante este periodo una situación de colusión entre el crimen organizado y funcionarios estatales, muchos de los cuales han sido imputados por el delito de corrupción o enriquecimiento ilícito e incluso desaparición forzada. Pese a ello, Duarte siempre negó que se cometieran violaciones a derechos humanos en su Gobierno.
Es por ello que ahora la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS), y el colectivo Solecito presentaron un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el que acreditaron que los casos que sustentan su demanda, cometidos entre noviembre de 2012 y julio de 2016, implican crímenes de lesa humanidad:
“Cada una de las 22 víctimas fue detenida por la Policía Estatal o Ministerial de Veracruz, en la mayor parte de los casos fueron trasladados en vehículos de la fuerza pública, con uso de la fuerza o de armas, y los hechos ocurrieron en una zona urbana de la ciudad de Veracruz o localidades cercanas, luego de los cuales sus familiares no volvieron a tener noticias de su paradero o las personas fueron encontradas en la fosa clandestina ubicada en Colinas de Santa Fe. Después de cada acto de desaparición forzada, la Fiscalía Estatal de Veracruz no realiza una investigación imparcial ni eficiente, a pesar de las denuncias realizadas por parte de los familiares”, señala la versión pública del Informe presentado por las organizaciones.
El reporte da cuenta que de esas 22 víctimas siete fueron encontradas junto a otros 298 cuerpos en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, localizada por madres buscadoras del colectivo Solecito en 2016, quienes tiempo después encontraron otro entierro clandestino en el El Arbolillo, en donde se han podido identificar 310 cuerpos, gracias al trabajo de las familias de las víctimas. De los otros casos, nueve son víctimas desaparecidas en la colonia Formando Hogar, en ciudad de Veracruz, en medio del operativo “Guadalupe Reyes”; y otras seis víctimas desaparecidas en la ciudad de Veracruz. Todos fueron documentados por los colectivos Solecito y Red de Madres de Veracruz.
Durante las labores de búsqueda en El Arbolillo, caso que se expone para dar cuenta de la magnitud de estos crímenes, las autoridades encontraron en su momento decenas de credenciales de elector y múltiples prendas de vestir, entre ellas de bebés y menores de edad. La Fiscalía publicó en septiembre de 2018 imágenes de camisas manchadas, pantalones desgarrados, zapatos y mamelucos de niños.
En ese sentido, las organizaciones describieron a La Haya cómo “Veracruz es uno de los estados que ejemplifica el grave problema de desapariciones forzadas en México, siendo el estado donde se localizan las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina”, precisamente Colinas de Santa Fe y El Arbolillo.
“Además, de acuerdo con información pública, se habrían producido entre 3 mil y 20 mil desapariciones forzadas en Veracruz desde el año 2006”, se lee en el informe público “‘Hasta encontrarlos’: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”.
LOS CASOS QUE SE PRESENTAN EN LA HAYA
En un caso, el de un estudiante de enfermería, su amigo y otras dos personas, cuatro de las 7 víctimas que fueron localizadas en la fosa de Colinas de Santa Fe, el documento narra cómo el viernes 30 de noviembre de 2012, el estudiante de la Universidad Veracruzana estaba en la vía pública, a pocos metros de la casa de su familia, hablando con su amigo cuando llegaron elementos de la Policía Estatal de Veracruz, quienes —de acuerdo con testigos— secuestraron a 8 personas presentes en el lugar, algunas de ellas relacionadas presuntamente con la venta de drogas, no así las víctimas.
Después de su desaparición, familiares de las víctimas se dirigieron al Ministerio Público para poner una denuncia, pero les informaron que tenían que esperar 72 horas. Una vez completado este lapso de tiempo, los familiares pusieron la denuncia; un funcionario del Ministerio Público les informó que había ocurrido un operativo de fuerzas especiales en la zona y que era posible que la víctima se encontrara detenida. Al no tener noticias más precisas, los familiares también acudieron a oficinas de la Marina y la Fiscalía Estatal en la ciudad de Veracruz, donde otro funcionario les aconsejó que dejaran de buscar porque “entre los que se llevaron había gente mala”. Las cuatro víctimas desaparecidas el 30 de noviembre de 2012 fueron encontrados en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, entre 2016 y 2017, señala el informe.
En el caso de las nueve víctimas desaparecidas en Formando Hogar, el informe precisa que los hechos se llevaron a cabo en el marco del operativo “Guadalupe Reyes”, el cual tenía como objetivo realizar una “limpieza social” en supuesta respuesta a un alza en la criminalidad al interior del campus de la Universidad Veracruzana.
En este contexto, fuerzas estatales y federales llevaron a cabo una ola de detenciones arbitrarias, entre ellas la de un joven de 23 años que trabajaba como operador de tráiler y mecánico, quien fue arrestado en el centro de trabajo por elementos de la Policía Estatal de Veracruz y la Policía Naval, quienes llegaron en 3 camionetas, y con uso de violencia privaron de la libertad a él y uno de sus compañeros. Desde entonces, los familiares del joven no han vuelto a saber de su paradero.
También se incluyeron los casos de otros 6 hombres desaparecidos en la ciudad de Veracruz entre diciembre de 2013 y julio de 2016, a manos de autoridades estatales —la Policía Estatal de Veracruz o la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado—, fuera del marco del operativo “Guadalupe Reyes”. Los detalles de cada uno de estos casos y sus respectivas fuentes de información se incluyeron en una base de datos elaborada por las organizaciones que llevaron el caso a La Haya.
En ese sentido, la información contenida en el documento señala que hay “bases razonables” para considerar que entre noviembre de 2012 y julio de 2016, en el Gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, se cometió en el estado de Veracruz el crimen de desaparición forzada de personas contra por lo menos 22 víctimas, en los cuales participaron agentes de la Policía Estatal y la Policía Ministerial de Veracruz, que actuaron en algunos casos junto a la Agencia Veracruzana de Investigación, la Marina o el crimen organizado “y con el posible conocimiento del ex gobernador del estado de Veracruz y el ex Secretario de Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita)”.
“Estos crímenes se perpetraron como parte de un ataque sistemático contra una población civil del estado de Veracruz, implicando la comisión múltiple de actos de desaparición forzada contra personas que habitaban en los municipios de Veracruz y La Antigua”, expone el informe que aunque se sustenta en 22 casos, da cuenta de otros 19 acreditados por el colectivo Solecito y que forman parte de una base de datos entregada a la Fiscalía de la CPI, entre los cuales se encuentra la desaparición de tres menores de edad:
“Las víctimas son en su mayoría estudiantes o personas con ocupaciones como taxista, electricista o mecánico. En 13 de los casos existe evidencia de participación del crimen organizado, en 22 de autoridades estatales y en 6 de ellos de fuerzas federales en la comisión de las desapariciones forzadas”, refiere al respecto el texto.
“Sin embargo, la impunidad sigue: no se han realizado investigaciones que profundicen en la existencia del contexto sistemático de los crímenes cometidos entre 2010 y 2016, y a la fecha ninguno de los altos mandos de la Policía Estatal o la Gobernación de Veracruz han llegado a la etapa de juicio por el delito de desaparición forzada o conductas relacionadas. A su vez, cientos de cuerpos de las fosas Colinas de Santa Fe y El Arbolillo siguen sin identificar, por lo cual Solecito y otros colectivos de familiares continúan las búsquedas y siguen exigiendo justicia”, se lee en el informe.
Basado en la evidencia disponible, añade el documento presentado en la CPI, “es posible afirmar que en todos los casos (de desaparición) se utilizaron recursos estatales para desaparecer a personas que resultaban inconvenientes o constituían —de una forma u otra— un obstáculo a las autoridades del estado”.
En lo que respecta a los casos de desaparición forzada llevados ante La Haya se precisa que todas las víctimas fueron detenidas en sus domicilios, lugares de trabajo o en lugares públicos tales como bares, centros comerciales, parques y en calles o avenidas, aún cuando se habían identificado previamente de una forma u otra, y —en el caso de algunas de las víctimas desaparecidas— se pudo establecer que los policías estatales quienes llevaron a cabo los secuestros llevaban con ellos fotos o descripciones de las víctimas.
La mayoría de las víctimas fueron obligadas con uso de armas o fuerza a subir a vehículos que llevaban a bordo autoridades estatales o federales. Con posterioridad a las privaciones de libertad de las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares buscaron y preguntaron por cada una de las víctimas —entre otros lugares— en oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (a partir del 2015, Fiscalía General del Estado de Veracruz), la Agencia Veracruzana de Investigación, y el centro de detención “Penalito” Playa Linda.
La respuesta que recibieron fue la negativa de la privación de la libertad de su familiar, o simplemente se les negó obtener información sobre la detención.
Hoy se sabe que las autoridades encubrían estas desapariciones.
Sin Embargo
