El RADAR
Por Jesús Aguilar
El diputado federal panista David Azuara quiso ayudar.
Mala noticia.
En la política potosina, cuando un compadre se ofrece a arreglar un problema, conviene revisar si uno sigue siendo invitado o ya fue convertido en acusado.
Azuara llamó el 4 de marzo al periodista huasteco Samuel Roa. Durante la conversación enlazó a Gerardo Sánchez Zumaya, su compadre real, empresario, militante de Morena, aspirante declarado a la gubernatura y personaje que todavía acumula muchas preguntas por responder.
Después apareció José Luis Romero Calzada, el Tecmol: excandidato a gobernador, excandidato a alcalde de Ciudad Valles y peregrino frecuente por distintos partidos. Su estación más reciente ha sido el Verde, al que antes atacó ferozmente.
Qué les cuento.
Una conversación plural. Casi una cumbre de alta diplomacia huasteca.
PAN, Morena y Verde alrededor de un periodista que también tiene oficio pero fama de rudo y contestón.
No consiguen ponerse de acuerdo para gobernar, pero sí pueden coincidir en una llamada para reclamarle a Samuel Roa.
La democracia potosina tiene esas pequeñas maravillas: los adversarios son irreconciliables en los espectaculares, pero comparten plan familiar en el teléfono.
Samuel no sabía con quién terminaría hablando.
El propio Azuara lo reconoce:
—Yo los enlacé.
Y ante el reclamo del periodista acepta:
—No te avisé.
Gracias por la sinceridad, compadre.
Una mediación comienza cuando las partes saben quiénes participarán, aceptan dialogar y conocen el motivo.
Una encerrona empieza cuando alguien utiliza la confianza para colocar a uno de los involucrados frente a quienes quieren reclamarle, exigirle explicaciones y preguntarle quién le paga para publicar.
No se necesita un doctorado para distinguirlas.
Azuara intenta bajar la temperatura. Pide voluntad, habla de solucionar el problema y propone “construir”.
En San Luis Potosí esa palabra ha adquirido tantos significados que ya debería requerir licencia municipal.
Se construyen acuerdos.
Se construyen candidaturas.
Se construyen reputaciones.
Se construyen medios de un día para otro.
Y también se construyen llamadas donde el único que no conocía los planos era el periodista.
La grabación difundida no contiene una amenaza explícita de muerte.
Tampoco permite afirmar, con los minutos conocidos, que Sánchez Zumaya haya confesado controlar cárteles, que exigiera una disculpa de rodillas o que David Azuara amenazara directamente a Samuel Roa.
Conviene establecerlo antes de que la indignación le gane al rigor.
La defensa de la libertad de expresión no necesita inventar palabras ni convertir cualquier insulto en sentencia de muerte.
Pero tampoco necesita hacerse la tonta.
Lo que sí aparece en el audio es suficientemente grave.
Gerardo Sánchez Zumaya cuestiona las publicaciones de Roa. Pregunta quién le da órdenes, quién le paga y quién lo mandó. Exige una disculpa relacionada con su esposa y advierte que cuando se meten con su familia “ahí sí hay pedo”.
José Luis Romero Calzada llama extorsionador al periodista.
Roa responde con la cortesía diplomática habitual en las cumbres internacionales de la Huasteca: lo acusa de estafador, habla de “sicarios editoriales”, menciona fantasías psiquiátricas y recomienda medicamentos.
Nadie estaba compitiendo por el Premio Nacional de Urbanidad.
Pero no se trata de contar groserías —“maldiciones”, dirían en el Valle del Tangamanga—, sino de reconocer la diferencia entre quienes insultan.
De un lado está un periodista introducido sin aviso en una conversación que nunca aceptó en esos términos.
Del otro, un diputado federal, un empresario que busca gobernar el estado y un personaje que ha sido legislador y candidato a distintos cargos, cuyos momentos más memorables incluyen bailar sin camisa o abrazar a un burro.
No son cuatro amigos discutiendo la cuenta después de una partida de dominó.
Existe una enorme asimetría de poder.
Y entonces aparece la frase más inquietante de Romero Calzada:
—Todos tenemos hijos.
En otro contexto podría ser el lema de una campaña de paternidad responsable.
En una conversación sobre publicaciones, esposas, familias y represalias, suena bastante menos familiar.
Puede debatirse si configura penalmente una amenaza. Eso deberán determinarlo las autoridades con el audio íntegro, el contexto y las denuncias presentadas.
Lo difícil de negar es su efecto intimidatorio.
ARTICLE 19 recibió once minutos de la grabación y no redujo el episodio a un pleito entre hombres malhablados. Identificó actos de hostigamiento, documentó un escalamiento de las agresiones contra Samuel Roa y pidió medidas de protección para él, su familia y sus colaboradores.
También exigió a los partidos abstenerse de prácticas intimidatorias o destinadas a controlar líneas editoriales.
No pidió que los políticos mejoraran sus modales.
Pidió que dejaran de presionar a la prensa.
La diferencia importa.
ARTICLE 19 documentó durante 2025 dieciséis indicadores de censura en San Luis Potosí y describió un escenario de abuso de poder donde autoridades, partidos y empresarios buscan controlar líneas editoriales, eliminar información incómoda y silenciar periodistas.
Dieciséis indicadores.
Ya no es anécdota.
Es método.
El poder potosino dispone de una caja de herramientas bastante completa: convenios publicitarios, denuncias, auditorías, campañas digitales, páginas de linchamiento, expedientes filtrados y llamadas de compadres preocupados por “construir”.
El garrote y la chequera siguen disponibles.
Ahora también existe la conferencia telefónica.
Pierre Bourdieu describió a la televisión como un instrumento para mantener el orden simbólico. Herman y Chomsky explicaron cómo los medios pueden servir a los intereses de quienes los controlan y financian.
En San Luis Potosí tenemos una variante más artesanal:
Cuando el poder no controla o financia suficientemente a un medio, le llama para preguntarle quién sí lo hace.
Ese es el corazón de la conversación.
¿Quién te paga?
¿Quién te manda?
¿Quién te dio la orden?
Para cierta clase política resulta inconcebible que un periodista publique por decisión editorial propia. Como ellos utilizan medios, páginas y cuentas digitales para atacar adversarios, suponen que todos trabajan igual.
El ladrón juzga por su condición.
El operador también.
Gerardo Sánchez Zumaya tiene derecho a defender a su esposa, negar acusaciones, aportar documentos, exigir derecho de réplica y acudir a los tribunales si considera vulnerado su honor.
Lo que un aspirante a gobernador no debería hacer es convertir una publicación en pleito familiar y utilizar relaciones políticas para llevar al periodista a una conversación privada donde se investiga quién lo financia.
El audio no demuestra que Zumaya sea responsable de los delitos que sus adversarios le atribuyen.
Sí permite observar cómo reacciona cuando la prensa toca su entorno cercano.
Y esa conducta importa en alguien que quiere gobernar.
Un candidato no debe evaluarse únicamente por lo que promete hacer con el poder, sino por lo que hace cuando todavía no lo tiene y ya se siente con derecho a pedir cuentas sobre lo publicado.
Después está Romero Calzada.
Puede negar todos los señalamientos que considere falsos. Lo que no puede hacer es hablar de familias e hijos durante una confrontación con un periodista y después fingir que estaba organizando el festival del Día del Padre.
Y finalmente está David Azuara.
El panista conciliador.
El compadre servicial.
El hombre que sólo quería ayudar.
¿O ayudarse?
Azuara pertenece al partido que se presenta como oposición a Morena y al gobierno verde. Sánchez Zumaya quiere ser candidato morenista. Romero Calzada se mueve alrededor del grupo gobernante, aunque el gobernador periódicamente vuelva a desconocerlo.
Sobre el papel son adversarios naturales.
En la agenda telefónica parecen integrantes del mismo círculo de confianza.
Esto no demuestra una conspiración entre tres partidos.
Demuestra algo más cotidiano y revelador: las fronteras partidistas son mucho más porosas de lo que sus dirigentes admiten.
En público pueden acusarse de corrupción, autoritarismo y complicidades criminales.
En privado se llaman compadres.
La oposición termina donde comienza la agenda de contactos.
Lo grave no es que Azuara conozca a Sánchez Zumaya o a Romero Calzada. La política está hecha de relaciones, negociaciones y canales de comunicación.
Lo grave es que utilizara su relación de confianza con un periodista para involucrarlo, sin aviso, en una conversación con personajes molestos por sus publicaciones.
Azuara debe explicar quién le pidió intervenir, a quién llamó primero, si sabía que Romero sería incorporado y por qué no informó a Samuel quiénes participarían.
Una cosa es tender puentes.
Otra es llevar al periodista hasta la mitad y avisarle que del otro lado lo esperan para interrogarlo.
Samuel Roa tampoco parece candidato a ser canonizado, pero entre gitanos no nos leemos las manos. Lo único real que puedo cuestionar específicamente en este caso y con el respeto que como colega me merece, es porqué hoy…
Los periodistas podemos equivocarnos, caer en excesos, tener simpatías, animadversiones y líneas editoriales discutibles.
También debemos responder por lo que publicamos.
Pero responder no significa pedir permiso.
Ni explicar en privado quién financia una investigación.
Ni permitir que un político convierta el derecho de réplica en derecho de regaño.
El fondo del caso supera a Roa, Zumaya, Tecmol y Azuara.
Retrata otro triste y grave momento de la prensa potosina: un oficio atrapado entre precariedad económica, publicidad oficial, intereses empresariales, guerras políticas, expedientes judiciales y la amenaza permanente de ser colocado en alguno de los bandos de la sucesión.
Si cuestiona al gobierno, trabaja para la oposición.
Si cuestiona a la oposición, está comprado por el gobierno.
Si investiga a un empresario, alguien le pagó.
Si menciona a una familia poderosa, cruzó una línea.
El único periodista aceptable para el poder es el independiente que coincide con él.
Todos los demás tienen patrocinador.
La FEADLE debe establecer si las expresiones y el contexto configuran delitos contra la libertad de expresión.
El Mecanismo de Protección debe revisar el riesgo de Samuel Roa, su familia y sus colaboradores.
Los partidos deben deslindarse de cualquier operación para presionar medios.
Sánchez Zumaya y Romero Calzada deben dar su versión completa.
Y David Azuara debe explicar por qué su intento de ayuda terminó pareciéndose tanto a una encerrona.
Quizá quiso pacificar.
Quizá creyó que entre compadres todo podía resolverse con una llamada, unas disculpas y la promesa de portarse bien.
Quizá no entendió que el periodismo no puede ser convocado a la oficina invisible del poder para recibir instrucciones sobre sus límites.
Por eso el título.
No me ayudes, compadre.
Porque cuando el poder llama para “arreglar” lo publicado, casi nunca intenta corregir una nota.
Intenta corregir al periodista.
Y la pregunta es bastante más oscura:
¿Cuántas llamadas como ésta terminan sin grabación, sin denuncia y con un periodista que, después de colgar, decide que la siguiente nota ya no vale el riesgo?
La paradoja es brutal: esto ocurre apenas después de que comunicadores irrumpieron en el Congreso para exigir la derogación de una reforma que puede penalizar nuestro trabajo.
Una crisis que algunos pretenden minimizar, pero que sólo puede remediarse con cordura, corrección legislativa y una defensa sin simulaciones de la libertad de expresión.
Porque mientras en público se promete proteger a la prensa, en privado todavía hay compadres marcando para explicarle hasta dónde puede llegar.
