María Ruiz
El Juzgado Primero de Distrito ordenó al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) emitir una nueva resolución ante la denuncia que presentó la hoy magistrada Adriana Monter Guerrero en contra de Juan Paulo Almazán Cué, la cual fue desechada por el Pleno, en un acto de omisión según consta en el juicio de amparo 321/2021-12.
El 4 de marzo de 2021 el Pleno del STJE desechó la denuncia que presentó la hoy magistrada Adriana Monter Guerrero en contra de Juan Paulo Almazán Cué, a quien acusó de originar su destitución como secretaria general de Acuerdos, durante una sesión llevada a cabo en noviembre de 2018. En ese momento, el Pleno se declaró incompetente para resolver, bajo el argumento de que era un conflicto de carácter laboral y no de actos de autoridad.
Sin embargo, el proyecto elaborado por la jueza Fabiola Delgado Trejo ampara a Adriana Monter y obliga al Pleno del STJE y a la presidenta, Olga Regina García López, a dejar sin efectos la resolución emitida el 4 de marzo de 2021, con la que evitaron sancionar a Juan Paulo Almazán Cué. Además, le ordena emitir una nueva resolución en la que omita argumentar que el conflicto no le compete porque es de carácter laboral.
En la sentencia, la jueza retoma el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual afirma que es atribución del Pleno del Consejo de la Judicatura: Resolver las quejas administrativas y los procedimientos de responsabilidad que se inicien en contra de los servidores públicos del Poder Judicial.
Además, señala que el artículo 90 de la Constitución Política de San Luis Potosí suscribe que es facultad del Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
Bajo dichas consideraciones y con esta sentencia, el Juzgado Primero de Distrito abrió la posibilidad de que Juan Paulo Almazán Cué sea sancionado por sus actos en contra de Adriana Monter Guerrero, que afectaron su carrera como magistrada y secretaria de Acuerdos.
El vertiginoso andar laboral del que Adriana Monter fue víctima
El 11 de octubre de 2017 se llevó a cabo la elección de 10 magistrados supernumerarios para el período del 16 de octubre de 2017 al 15 octubre de 2023, en dicho proceso Monter Guerrero resultó perjudicada, ya que aspiraba a una ratificación, misma que le fue negada por el entonces presidente, Juan Paulo Almazán Cué.
Ante este hecho, la jurista promovió una demanda de amparo en la cual consideró violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 5, 14, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un proceso que resultó en acoso laboral, violencia política de género y discriminación, agresiones de las que fue objeto por Almazan Cué, mientras se desenvolvió como secretaria general de Acuerdos del STJE.
Debido a esto, en febrero del año 2019, Adriana Monter presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras sufrir actos de discriminación, humillación y segregación laboral, por parte de Almazán Cué. La abogada subrayó en ese entonces que su única finalidad era dejar de ser objeto de acoso y vulneraciones.
Ante la denuncia realizada, la CEDH emitió medidas cautelares para garantizarle “un trato respetuoso, digno y equitativo” dentro del Poder Judicial en observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, las agresiones por parte de este funcionario público continuaron.
Afortunadamente y en contra de todas las violencias de la que fue víctima, esta jurista sobreviviente recuperó el cargo que le fue denegado en el año 2017.
Así fue como en agosto del año pasado, Monter Guerrero fue finalmente electa como magistrada supernumeraria del STJE, luego del juicio de amparo 1169/2017-V que interpuso ante un juzgado federal que ordenó al Poder Legislativo dar prioridad en dicha elección. Cargo que desempeñará hasta el 15 de octubre del 2023.
Un logro que enmarca el empeño de esta magistrada por la defensa de sus derechos humanos y la impartición eficiente de justicia, en contra de los abusos y omisiones de Juan Paulo Almazán Cué en sus cargos de magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Cabe señalar que el Congreso del Estado está pendiente de resolver una demanda de juicio político promovido por Ranulfo Rodrigo Cano Vargas en contra de Juan Paulo Almazán Cué, quien mintió en una sesión del Pleno para afectar su ratificación en el cargo de juez, otra de las irregularidades en las que incurrió el magistrado.
