Por Victoriano Martínez
El 12 de abril de 2012, el INTERAPAS firmó un Contrato de Prestación de Servicios (CPS) con Mejora Integral de San Luis Potosí, S.A. de C.V. por 144 meses y una inversión de 923 millones 884 mil 140 pesos que se presentó como la solución a los problemas financieros y de operación del organismo operador del servicio de agua potable.
Un CPS para la Mejora Integral de la Gestión del INTERAPAS (Proyecto MIG) que tuvo más características de una privatización parcial de los servicios que presta el organismo, en una especie de concesión disfrazada de la distribución de agua potable en más de la mitad de la ciudad.
Aquella fue la forma en que, en las postrimerías del trienio de Victoria Labastida, se buscó “poner al día a la ciudad”, en cuanto al servicio de agua potable, sin que efectivamente ocurriera, pero que hoy resulta relevante tomarlo en cuenta en tanto antecedente de una propuesta que podría ser similar planteada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos con una inversión 2.6 veces más costosa.
De entrada, el Proyecto MIG, de haber funcionado, habría anulado todos los problemas financieros y de operación que hoy tienen debilitado y en crisis al INTERAPAS, ya que la empresa ganadora de la licitación del proyecto se comprometió a:
- rehabilitar las redes de agua potable;
- localizar y controlar las fugas en tomas y redes;
- actualizar el padrón de usuarios que está entonces conformado por más de 320,000 domicilios;
- instalar 155,000 nuevos medidores en un plazo de 48 meses;
- procesar la lectura y facturación del consumo de agua;
- realizar la cobranza y la recuperación de la cartera vencida, incluso con facultad para cortar el servicio, si el consumidor no paga sus recibos;
- dar atención a usuarios e implementará las cajas móviles para la cobranza;
- automatizar, equipar y rehabilitar los pozos de la ciudad.
Sin que se cumplieran esos y muchos más compromisos, incluso relacionados con la prestación del servicio con agua proveniente de la Presa El Realito, el proyecto operó hasta que fue cancelado sin que se hiciera público en el trienio 2015-2018, según quedó registrado en el Plan Estratégico de Desarrollo Interapas del trienio 2018-2021.
“El proyecto, fue cancelado por la Administración 2015-2018 del INTERAPAS con acuerdo de la Junta de Gobierno, y los recursos del CAF (Convenio de Apoyo Financiero) otorgado por el FONADIN fueron cancelados”, se señaló en ese documento.
De no haber sido cancelado, aquel CPS asignado mediante una licitación accidentada y hasta con huecos legislativos, seguiría vigente hasta abril de 2024 y, ante la crisis del INTERAPAS, indudablemente sería una de las partes que tendría que rendir cuentas claras, como no lo hizo mientras operó, de la falta de resultados de lo que llamaban mejora integral de la gestión.
Los problemas de fugas en la red, de cobros a cuota fija por falta de medidores y, con la aportación significativa a la gravedad de la crisis del INTERAPAS, la escasa recuperación de la cartera vencida, quedaron irresueltos cuando operó el MIG y cuando dejó de operar. No hubo diferencia para eficientar al organismo operador del servicio de agua potable.
Una inversión de dos mil 400 millones de pesos de la que hoy habla el alcalde es un 160 por ciento mayor a la que representó aquel CPS cargado de un tufo a negocio de papel que al final no dejó ningún resultado favorable para el INTERAPAS.
Un antecedente que tendría ser tomado en cuenta, sobre todo por lo detallado de las soluciones presentadas en ese proyecto, para evitar que se vuelvan a tejer fantasías con un alto costo y nulos beneficios para la población.
