Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “les está fallando” en conocer la verdad sobre el paradero de los jóvenes, a la par que agradecieron las labores que realizaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en los ocho años y 10 meses que estuvieron en México, antes de su salida.
“La verdad la podríamos tener en ese informe. Decirle al Presidente que nos urge una reunión con él, y decirle que no se vale jugar con 43 padres y los compañeros [del GIEI] que nos apoyan”, lamentó Mario González, padre de César Manuel. “Si el Presidente no nos da la apertura para que Sedena y Marina nos entregue los expedientes, ¿quién más podría? Si la máxima autoridad y el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente”.
En conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres y madres de los normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 exigieron al Ejecutivo federal, en sus facultades y compromiso de facilitar documentación para esclarecer el caso Ayotzinapa, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las declaraciones de las y los familiares de los 43 desaparecidos se produjeron un día después de que el GIEI brindara su sexto y último informe del caso, al anunciar su salida debido a la falta de transparencia y acceso a documentos importantes para la investigación, particularmente de las Fuerzas Armadas.
“Si hubiera voluntad, se tendría la información”, expuso Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González. “Es una exigencia, una demanda legal, exigirle a este Gobierno que le corresponde dar respuestas a la situación, a lo que han hecho con nuestros hijos”.
“Tenemos que pedir verdad y justicia, y sino evidenciar al Gobierno de que está obstaculizando la investigación”, remarcó. “[Nuestros hijos] Tienen derecho a la vida, tienen derecho a seguir adelante y no descansaremos nosotros como madres y padres hasta llegar a la verdad”.
De su parte, la señora Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, externó que como padres y madres de los normalistas se sentían ante la salida del GIEI “tristes, enojados y preocupados” por el caso, al identificar que el Presidente López Obrador estaba incumpliendo con su compromiso de abrir los expedientes necesarios para nutrir la investigación, misma condición bajo la cual estuvo operando el grupo de expertos en los últimos meses.
“Se sin alcanzar la verdad [de lo que le pasó a nuestros hijos], pero dejan buenas herramientas para que avancen con las investigaciones”, compartió. “Estos ocho años y 10 meses de caminar no han sido fácil, ha sido muy difícil en la búsqueda de nuestros hijos y sabemos que no somos los únicos que están sufriendo, nos sentimos muy desesperados; pero agradecemos su acompañamiento y pedimos que nos sigan acompañando y que sigan difundiendo que nosotros como madres y padres seguimos de pie”.
“Ellos [el GIEI] no se van porque ya no quieran seguir trabajando, sino porque nuestro Gobierno ya no quiere que estén en nuestro país, porque como están descubriendo todo ya no quieren que sigan trabajando, no les quieren dar los documentos que ellos necesitan para seguir trabajando”, señaló.
Los madres y padres externaron no sólo su preocupación de que el GIEI salga del país, pero también insistieron en que el Gobierno federal tiene que brindar la información con respecto a los documentos que señaló el grupo de expertos como importantes para la investigación, al mismo tiempo que insistieron en que es el papel de la Sedena, y de momento no otras organizaciones como el CISEN, donde se tiene que fijar la mira.
Asimismo, recalcaron que aunque no han perdido fe en la búsqueda de sus hijos, quedará por ver si el Presidente López Obrador cumple con su encomienda de esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, da acceso a los archivos de Sedena y se impone a la impunidad y aparente encubrimiento que existe en el Ejército.
“¿De qué lado va a estar el Presidente? ¿Del lado de la Sedena y sus mentiras, o del lado de las familias y la verdad?”, cuestionó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
En este sentido coincidió Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, quien enfatizó que algunos de los archivos principales que requería el GIEI eran del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, mismo que la Sedena ha negado que existió al momento de la desaparición forzada de los jóvenes, a pesar de que el grupo de expertos tiene documentación que comprueba que ya estaba operativo.
“No entendemos qué se esconde. ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué las negativas? Urge de inmediato una reunión con el Presidente de la república a fin de dialogar estos temas, de verificar poner sobre la mesa en términos objetivos cuáles son los obstáculos que impiden poner la información a disposición de los expertos”.
EL ÚLTIMO INFORME DEL GIEI
Este martes, el GIEI dio a conocer los resultados de su sexto y último informe antes de que los dos expertos que restaban en el país, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, se marchen al considerar “imposible” continuar sus labores de investigación debido a la obstaculización del Gobierno federal, y en particular de la Sedena, para obtener documentos vitales para las diligencias.
“No ha sido posible obtenerla y llevamos mucho tiempo pidiendo esta información, de forma reiterada”, sumó el psicólogo. “Sedena niega tener información sobre lo sucedido en monitoreos y seguimientos telefónicos de investigaciones que sí llevaron a cabo, interceptaciones, monitoreo de comunicaciones, transcripción de comunicaciones que hablan sobre los hechos, pero que también hablan del posible destino de los jóvenes”.
Mientras que lamentaron que sus esfuerzos hayan sido minados por la falta de transparencia gubernamental, también aseguraron que la documentación analizada no muestra una colusión entre los estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” y grupos criminales, y por lo contrario sí da cuenta de una complicidad entre autoridades de los municipios de Cocula e Iguala, integrantes del Ejército y mandos policiales junto con estas cédulas del narcotráfico en Guerrero.
Además, entre sus hallazgos que presentaron en el sexto informe están contradicciones del Ejército sobre la ubicación del cuerpo sin vida de Julio César Mondragón, alteración de bitácoras y comunicaciones, entre otras incongruencias y falta de información.
“El GIEI advirtió de que dichas respuestas constituyen falsedad documental y obstrucción a la búsqueda de los desaparecidos, derecho a la verdad y la justicia, así como incumplimiento de las órdenes presidenciales”, remarcó el informe.
Sin Embargo
