Vecinos del fraccionamiento residencial Tangamanga piden ayuda a las autoridades para no permitir que sean derribados los barandales que colocaron en las vialidades de ese fraccionamiento que no está entregado al Ayuntamiento, para protegerse de la delincuencia que se ha disparado en esa zona de la capital potosina. Con ello, se defienden del intento municipal de reabrir las calles.
Los vecinos habitan la calle Guillermo Aguirre y Fierro, sitio donde colocaron contenciones para evitar el paso de los delincuentes –aseguran- con la anuencia de la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, permiso que se cayó cuando el entonces director de Administración y Desarrollo Urbano Juan Carlos Gómez Gallegos ordenó retirar la malla y el inicio de un proceso jurídico.
El 5 de diciembre de 2011, Victoria Labastida recibió en su despacho una carta firmada por el arquitecto Alejandro Castillo Orejel, donde la entonces titular de la comuna encuentra una explicación de las vialidades que sirven para el desahogo del fraccionamiento, y las cuales no se encuentran dentro de las calles donde ha pegado la delincuencia. Las calles principales son Luis de Mendizábal y Antonio Villaseñor.
Explican que las construcciones mayores a tres pisos les han robado la tranquilidad, y son víctimas de persistentes robos y asaltos a mano armada.
Las señoras María Antonieta Vázquez Vela y Cristina Navarro explicaron que no hay alguno que no haya sido amenazado, robado o asaltado y otras actividades ilícitas que no permiten a los vecinos vivir con tranquilidad.
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