El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, reaccionó a la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, que dejó sin efectos la sentencia condenatoria dictada contra el exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, al considerar que la autoridad local no cumplió adecuadamente con una ejecutoria de amparo previa.
El mandatario estatal afirmó que respeta la determinación del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, sostuvo que la ciudadanía tiene conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.
“Es un tema que precisamente lo acabas de decir, pues es de la Corte. La Corte hace sus estudios y hay que respetar lo que diga la Corte, pero en Dios y en conciencia, la gente sabe lo que sucedió“, expresó Gallardo Cardona.
El gobernador señaló que la resolución judicial contrasta con los presuntos desfalcos detectados en el sector salud durante la administración encabezada por Juan Manuel Carreras López, periodo en el que diversos exfuncionarios enfrentaron investigaciones por el manejo de recursos públicos.
Entre los casos mencionó el de Mónica Liliana Rangel Martínez, exsecretaria de Salud, quien fue señalada por autoridades estatales por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la dependencia.
La resolución del Tribunal Colegiado determinó que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no acató correctamente las instrucciones contenidas en una ejecutoria de amparo emitida con anterioridad, mediante la cual se ordenó dejar sin efectos la declaratoria de culpabilidad dictada contra Lutzow Steiner.
El exfuncionario había sido sentenciado por el delito de uso abusivo de funciones públicas, derivado de una investigación relacionada con la presunta adquisición irregular de un plaguicida destinado al combate del dengue.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el caso tuvo origen en una operación realizada en abril de 2020, durante la emergencia sanitaria por Covid-19, consistente en la compra de un supuesto plaguicida por un monto superior a 32 millones 700 mil pesos.
La autoridad investigadora sostuvo que dicha contratación presentó diversas irregularidades, al establecer que el producto adquirido no existía y que el procedimiento utilizado para concretar la compra habría contravenido la normatividad aplicable.
Con la más reciente resolución del Tribunal Colegiado, la sentencia condenatoria emitida en contra del exsecretario quedó sin efectos, al tiempo que se evidenciaron inconsistencias en el actuar de la autoridad judicial local encargada de emitir una nueva determinación conforme a los lineamientos establecidos por la justicia federal.
No obstante, la resolución no implica un pronunciamiento sobre la inocencia o responsabilidad penal definitiva del exfuncionario respecto a los hechos investigados, sino que atiende a la forma en que fue emitida la resolución por parte de la autoridad estatal, en apego a las garantías del debido proceso.
