Por Mario Candia
15/04/25
OTRO DESFALCO En un país donde la pobreza y la violencia se entrelazan en un ciclo perpetuo, dos recientes revelaciones han sacudido la conciencia nacional. Por un lado, el desfalco de 1,350 millones de pesos en la Beneficencia Pública, destinado a ayudar a los más necesitados, y por otro, el sofisticado entramado financiero que facilita el tráfico de fentanilo, una droga que ha cobrado incontables vidas.
BONOS BASURA La Beneficencia Pública, institución creada para asistir a los más vulnerables, ha sido víctima de una estafa monumental. Según una investigación de El País, funcionarios desviaron fondos mediante la compra de bonos basura, dejando un agujero financiero que afecta directamente a quienes dependen de esta ayuda para sobrevivir.
TRAICIÓN MORAL Este acto de corrupción no es solo un delito financiero; es una traición moral. Mientras millones de mexicanos luchan por acceder a servicios básicos de salud, educación y alimentación, los recursos destinados a aliviar su sufrimiento son malversados por aquellos encargados de protegerlos.
FENTANILO Paralelamente, un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, citado por Infobae, ha revelado la existencia de intermediarios financieros que facilitan el tráfico de fentanilo desde Asia hacia México y Estados Unidos. Estos “brokers del veneno” operan desde oficinas discretas, utilizando empresas fantasmas, criptomonedas y plataformas digitales para mover millones de dólares y evadir controles financieros.
SINALOA La ciudad de Culiacán, en Sinaloa, se destaca como un centro neurálgico de estas operaciones, donde individuos y empresas transfieren dinero a proveedores chinos bajo descripciones genéricas como “servicios” o “productos”.
IMPUNIDAD Estas dos situaciones, aunque distintas en su naturaleza, comparten una raíz común: la impunidad y la complicidad institucional. La corrupción en la Beneficencia Pública y el tráfico de fentanilo son posibles gracias a redes de complicidad que incluyen a funcionarios, empresarios y criminales, todos beneficiándose a expensas del bienestar y la seguridad de la población.
Ich.- A un año de haber firmado el contrato de arrendamiento con la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V., la Universidad Autónoma de San Luis Potosí finalmente solicitó rescindir el acuerdo, tras el evidente incumplimiento de la compañía que pretendía construir una plaza comercial en un terreno universitario originalmente destinado a un centro deportivo. La empresa no solo alteró el uso del espacio, sino que tampoco cumplió con los pagos ni obtuvo los permisos requeridos. Este intento fallido de negocio que desde el inicio levantó sospechas por el irrisorio precio de renta y la falta de transparencia, exhibe cómo los intereses privados y la falta de escrutinio institucional amenazan el patrimonio público, incluso dentro de las universidades.
Hasta mañana.
