Por Mario Candia
14/4/26
CONTAMINACIÓN En San Luis Potosí el medio ambiente no se destruye solo; se administra. Se regula en papel, se diagnostica en conferencias y, cuando alcanza, se grava. Porque aquí no falta ley, sobra simulación. La norma ambiental es clara, incluso generosa: prohíbe quemas, obliga a prevenir y faculta a inspeccionar y sancionar prácticas como la quema de basura y desechos, que año con año terminan en incendios. Es decir, el Estado no solo conocía el riesgo… lo tenía perfectamente descrito en su propia ley. Lo que nunca apareció fue la voluntad de hacer que esa ley saliera del escritorio.
OMISIÓN Y entonces pasó lo inevitable. Cerros ardiendo, hectáreas calcinadas y autoridades descubriendo —con el asombro de quien llega tarde a su propia fiesta— que la principal causa de los incendios es la quema de basura. Justo lo que la ley prohíbe. Justo lo que debió evitarse. Pero cuando una ilegalidad se repite todos los años, deja de ser una conducta aislada y se convierte en política pública por omisión. Aquí no es que la gente queme porque quiere; es que nadie paga por hacerlo.
FASE INICIAL En medio de ese paisaje chamuscado aparece la joya de la corona: el impuesto ambiental. La gran apuesta verde. El instrumento que, en teoría, iba a ordenar, concientizar y recaudar. En la práctica, apenas se sostiene en el argumento más reciclado del gobierno moderno: “es una fase inicial”. Una frase que sirve para todo: para justificar lo que no funciona, para posponer lo que no se entiende y para disfrazar lo que no se quiere corregir.
POLÍTICA AMBIENTAL Porque seamos claros: cobrar por contaminar en un estado donde nadie supervisa, inspecciona o sanciona, es como ponerle taxímetro a un incendio. El problema no es cuánto se recauda, sino que el fuego sigue avanzando sin que nadie lo detenga. Y mientras tanto, el gobierno presume instrumentos fiscales como si fueran política ambiental, cuando en realidad son apenas un intento de ponerle precio a un problema que ni siquiera logra controlar.
TOLERANCIA Lo verdaderamente preocupante no es la baja recaudación, sino la alta tolerancia. Porque aquí el mensaje es brutalmente sencillo: incumplir no cuesta. Se puede quemar, contaminar o ignorar la norma con la tranquilidad de que, en el peor de los casos, llegará un exhorto… y en el mejor, ni eso. Así, la ley se vuelve sugerencia, la autoridad espectadora y el medio ambiente una especie de daño colateral aceptable.
PARADOJA San Luis Potosí vive, entonces, en una paradoja bastante cómoda para el poder: tiene leyes suficientes para presumir, pero no las aplica; tiene impuestos para recaudar, pero no corrige conductas; tiene diagnósticos para explicar, pero no resultados que mostrar. Y en esa distancia entre lo que se dice y lo que ocurre, se construye una narrativa impecable… y una realidad incendiada.
CREDIBILIDAD Al final, lo que queda no es solo el humo de los cerros, sino el humo institucional. Ese que se produce cuando el gobierno habla de regulación mientras el desorden avanza, cuando presume política ambiental mientras la omisión se normaliza. Porque aquí no solo se quema el entorno natural: también se evapora la credibilidad.
Hasta mañana.
