Por Mario Candia
20/4/26
JUSTICIA En México la justicia no llega tarde; llega cuando ya no sirve. Y a veces ni siquiera llega: se presenta en conferencia de prensa, se maquilla en cifras y se declara satisfecha de sí misma mientras el cuerpo aún está frío. El caso de Edith Guadalupe no solo exhibe un feminicidio brutal, exhibe algo más profundo y más incómodo: la ficción institucional en la que viven las fiscalías. Porque mientras una familia recorría pasillos, tocaba puertas y suplicaba acción inmediata, del otro lado del escritorio se administraba el tiempo como si no importara. Como si cada hora no fuera, literalmente, una frontera entre la vida y la muerte.
PROTOCOLOS La pregunta es inevitable: ¿qué significa realmente “iniciar una investigación desde el primer minuto”? Porque en los hechos —los que importan, no los que se declaran— la fiscalía tardó más de un día en hacer lo más básico: ir al lugar donde la víctima había sido vista por última vez. ¿Ese es el estándar? ¿Ese es el protocolo? ¿O ese es el margen de impunidad que el propio sistema se concede?
INDOLENCIA Peor aún: la familia no solo enfrentó la indolencia, sino algo más corrosivo. La insinuación —o la exigencia— de dinero para agilizar diligencias. Es decir, el Estado no solo falló en proteger, también convirtió la urgencia en moneda. ¿Cuánto cuesta entonces la justicia en México? ¿Se cotiza por hora? ¿Tiene tarifa preferencial para quien puede pagarla?
EVIDENCIA Y mientras todo eso ocurría, la narrativa oficial ya estaba lista. Micrófonos, cámaras, una fiscal segura de sí misma —hermana de una de las figuras más visibles del poder político— asegurando que todo se hizo conforme al protocolo, que desde el primer momento se actuó, que la institución respondió. La liturgia del control de daños: negar, afirmar, repetir. Pero hay un problema con las versiones oficiales: se derrumban frente al detalle. Frente a la cronología que la propia familia reconstruye. Frente a la evidencia de que no fue la fiscalía la que empujó la investigación, sino la presión, la desesperación y la exposición pública. Sin ruido, sin protesta, sin indignación… ¿cuánto más habría tardado?
VERSIONES Aquí es donde la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve política: ¿para quién trabajan realmente las fiscalías? ¿Para las víctimas o para su propia narrativa? Porque si el objetivo es resolver, el tiempo es esencial. Pero si el objetivo es administrar crisis, entonces el tiempo solo importa cuando hay cámaras. El caso de Edith Guadalupe no es una excepción, es un síntoma. Es la radiografía de un sistema que presume protocolos pero opera con negligencia, que habla de perspectiva de género pero responde con burocracia, que promete justicia pero entrega versiones.
CONFIANZA Y en ese desfase —entre lo que se dice y lo que se hace— es donde se pierde lo más valioso: la confianza. Porque cuando una familia tiene que investigar por su cuenta, contratar a terceros y presionar públicamente para que el Estado haga su trabajo, entonces ya no estamos frente a una falla. Estamos frente a un modelo. Uno donde la justicia no se niega: se dosifica. Donde no se oculta: se pospone. Donde no se garantiza: se negocia. Y donde, al final, la verdad no la construye la fiscalía… la arranca la víctima.
Hasta mañana.
