Por Mario Candia
8/6/26
LEY SERRANO Hay políticos que producen leyes a su imagen y semejanza. Héctor Serrano acaba de regalarle una a San Luis Potosí. No es casualidad. Tampoco parece un accidente legislativo. La llamada Ley Serrano refleja con precisión la visión que su autor tiene del mundo: una realidad donde existen ciudadanos correctos y ciudadanos incómodos, medios serios y medios sospechosos, críticas legítimas y críticas que merecen investigación penal. Una visión donde el poder no sólo gobierna, sino que también aspira a decidir quién tiene derecho a hablar y quién debe guardar silencio.
ENTREVISTA Lo verdaderamente revelador no fue la ley. Fue escucharlo. Durante la entrevista concedida al periodista Luis Cárdenas, Serrano decidió asumir una función mucho más ambiciosa que la de legislador: convertirse en árbitro del periodismo. Según su particular criterio, una mujer con años ejerciendo labores informativas deja de ser periodista porque estudió otra carrera. Otros dejan de ser periodistas porque tienen posiciones políticas. Algunos más parecen perder esa condición simplemente porque critican al gobierno estatal. Resulta fascinante descubrir que después de más de un siglo de periodismo moderno, la profesión no depende de investigar, documentar y difundir información de interés público, sino de la certificación expedida desde la oficina de un diputado.
PARADOJA La paradoja es extraordinaria. El hombre que habla de independencia es propietario de un medio de comunicación. El hombre que habla de objetividad mantiene una línea editorial que rara vez incomoda al poder. El hombre que exige veracidad a los demás parece incapaz de reconocer la contradicción que representa legislar sobre comunicación mientras participa activamente en el negocio de la comunicación. Como si un árbitro decidiera seguir jugando el partido mientras porta el silbato.
PREOCUPANTE Pero quizá lo más preocupante no sea la contradicción, sino la concepción del poder que deja entrever. Porque Serrano no habla de conductas, habla de personas. No discute hechos, discute motivaciones. No rebate argumentos, desacredita mensajeros. Durante toda su defensa de la ley regresó una y otra vez a los mismos conceptos: activistas, intereses políticos, grupos opositores, financiamiento, enemigos del gobierno. El problema para él parece no ser lo que se dice, sino quién lo dice.
PERSECUSIÓN Y entonces ocurrió algo que alteró por completo el tablero político. Mientras Serrano insistía en que no existía persecución contra periodistas, que las órdenes de aprehensión eran falsas o producto de la inteligencia artificial y que todo formaba parte de una campaña de desinformación, la Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa oficial para informar que, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, intervino en el caso de las comunicadoras detenidas en San Luis Potosí y dio seguimiento a su liberación.
IRONÍA No se trata de un detalle menor. No intervino una organización civil. No intervino un colectivo local. Intervino la Secretaría de Gobernación. Y ahí aparece un dato políticamente explosivo. La titular de esa dependencia es Rosa Icela Rodríguez, una de las figuras que con mayor insistencia aparece en las especulaciones sobre una eventual candidatura de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. La historia tiene un fino sentido de la ironía: mientras el diputado en cuestión intenta presentar el caso como una simple disputa local, el conflicto termina escalando hasta la dependencia federal encargada de la gobernabilidad del país.
ERROR La imagen es devastadora. Mientras Serrano intenta decidir quién merece ser considerado periodista, Gobernación interviene precisamente a través de un mecanismo de protección para periodistas. Lo que para el diputado parecen ser activistas disfrazados, para la Federación son casos que ameritan atención institucional. Lo que para algunos era una exageración mediática terminó convirtiéndose en un asunto nacional. Tal vez el mayor error de Héctor Serrano fue creer que estaba legislando sobre inteligencia artificial cuando en realidad estaba legislando sobre libertades.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Porque la inteligencia artificial pasará por múltiples reformas, ajustes y actualizaciones. Lo que permanece es el precedente. Y el precedente es que una ley presentada como un instrumento para proteger a la sociedad terminó asociada con órdenes de aprehensión, amparos, prisión preventiva, intervención federal y un creciente debate nacional sobre libertad de expresión. Hace unos días Serrano afirmó que la historia habrá de calificar a cada quien. Es posible. La historia suele ser implacable con quienes intentan convertirse en árbitros de la verdad. Casi nunca los recuerda como defensores de la libertad. Más bien los coloca en una categoría menos honorable: la de aquellos políticos que confundieron el poder con la razón, la crítica con una amenaza y el periodismo con un delito.
Hasta mañana.
