José Rodríguez Pérez tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014, año en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este jueves el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer la detención de elementos del Ejército mexicano por este caso, entre ellos, José Rodríguez, quien en 2015 fue ascendido a General Brigadier.
El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 fue mencionado el mes pasado por el Subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “El Coronel” comentó que “se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.
El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel”, aseguró Encinas sobre Rodríguez Pérez en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), el 26 de agosto, en Palacio Nacional.
El 19 de noviembre de 2015, el Coronel José Rodríguez Pérez entró en la lista de ascensos que oficializó Enrique Peña Nieto.
En una foto de 2015 se aprecia al Coronel del 27 Batallón de Infantería con el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el 26 de septiembre, día de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
¿QUÉ PAPEL JUGÓ RODRÍGUEZ PÉREZ EN LOS HECHOS DE SEPTIEMBRE DE 2014?
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando la toma de autobuses que supuestamente llevaban una carga oculta de heroína con un valor de cerca de dos millones de dólares detonó una serie de hechos violentos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; José Rodríguez Pérez fungía como Coronel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, señalado desde entonces como una de las unidades militares implicadas en el caso.
De acuerdo con las diapositivas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en su más reciente informe, José Rodríguez Pérez se habría comunicado con integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos durante el desarrollo de los hechos de septiembre de 2014.
Los mensajes intercambiados entre miembros del Cártel de Guerreros Unidos revelaron que un sujeto identificado como “El Negro” se había puesto de acuerdo con Rodríguez Pérez, a quien nombraban como “El Coronel”, para inculpar al grupo criminal y deslindar al Ejército de toda responsabilidad.
No obstante, declaraciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández García, mismas que fueron emitidas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el Coronel Benito Cegueda Hernández y el Capitán José Martínez Crespo; Rodríguez Pérez no sólo habría encabezado los operativos que el 27 Batallón realizó en Iguala el 26 de septiembre de 2014, sino que también sería el responsable de ordenar el monitoreo de los normalistas horas atrás.
A detalle, Rodríguez Pérez habría instruido directamente al cabo Ezequiel Carrera Rifas para que se trasladara a la caseta de cobro número 3, ubicada en la carretera Iguala-Puente de Ixtla, con el fin de verificar si los estudiantes normalistas realizaban en el lugar actividades de “boteo”, aunque el cabo informó que sí, no hubo pruebas de que eso fuera real.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relató en la recomendación emitida en 2018 que el Comandante del 27 Batallón de Infantería se comunicó vía telefónica con Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala, para preguntarle si había algún problema con los estudiantes. No obstante, Felipe Flores contestó “que no, que no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en filtros”.
Un año y casi dos meses más tarde de los hechos de Iguala, Rodríguez Pérez fue ascendido en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) al puesto de General Brigadier (en noviembre de 2015), a pesar de que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaban la participación del 27 Batallón de Infantería, comandado por él, en la desaparición de los jóvenes.
Cabe recordar que el 28 de septiembre, familiares de los normalistas acudieron personalmente a la sede del Batallón, donde se entrevistaron con el Coronel, pero éste les negó la entrada a las instalaciones y negó saber algo al respecto.
El actual General Rodríguez Pérez es uno de los al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, contra quienes se han librado órdenes de aprehensión o se han involucrado en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de División Alejandro Saavedra Hernández; así como los almirantes Marco Antonio Ortega, Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
El anuncio de esta detención ocurre después de otra captura importante: la de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República. El padre de la llamada “verdad histórica” fue aprehendido por la FGR el pasado 19 de agosto, pues se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.
Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.
En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.
Horas después de la aprehensión de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una versión concluyente sobre lo que le sucedió a los 43 estudiantes, pero se presume que la policía local los sacó de varios autobuses en Iguala la noche del 26 de septiembre y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han localizado fragmentos de huesos quemados de tres de los estudiantes.
El papel del Ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el Gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la Comisión de la Verdad.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100 mil desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
Sin Embargo
