Durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) trianguló 9 millones 360 mil pesos a la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis, S.A. de C.V. que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participó en la “campaña negra” desatada contra Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada al poder.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, dicha empresa recibió además 24 contratos de distintas dependencias, por un monto total de 70 millones de pesos; tres de ellos, por 29 millones de pesos, le fueron otorgados por la misma oficina del presidente, de acuerdo con una consulta al portal Compranet.
En su página de Internet, la empresa enlistó algunos de sus clientes que contrataron sus servicios de “investigación” y de “consultoría”.
Entre ellos figuran el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PVEM, el PT, el Panal y el PRD, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex, Peñoles, Aleatica (el nuevo nombre de OHL), Cemex, Televisa, Milenio, Radio Fórmula y Notimex, pero también los gobiernos de Puebla, Coahuila, Sonora, Durango, Baja California o Chihuahua.
Respecto a los esquemas de desvíos de la Sedesol, la contratación se realizó “a través de la entonces directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Sedesol”, según confesó el representante legal de dicha empresa al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que investigó los desvíos multimillonarios operados en las gestiones de Robles.
Dicha funcionaria era Claudia Morones Sánchez, quien siguió las instrucciones de Emilio Zebadúa González, Rocío Gómez Bolaños y Ramón Sosamontes Herreramoro, tres personajes del primer círculo de Robles, quienes laboraron bajo sus órdenes en la Sedesol y en la Sedatu.
El representante legal de la empresa dijo que “acudió en varias ocasiones a la Secretaría, y que contaba con los correos electrónicos de dicha servidora pública”, se puede leer en el informe de auditoría publicado en enero de 2018.
En esa ocasión, la ASF investigó sobre el destino de mil 900 millones de pesos que la Sedesol y la Sedatu dispersaron a 88 empresas –algunas de ellas fantasmas– mediante convenios de servicios celebrados con tres entes públicos estatales: Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisión de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre 2014 y 2016.
Entre estas empresas, la ASF señaló que Televisión de Hidalgo pagó 9 millones 360 mil pesos a Bufete de Proyectos de Información y Análisis, S.A. de C.V. en 2014. La empresa, que se presenta en su portal de Internet bajo el nombre de Gabinete de Comunicación Estratégica, despacha en el piso 17 de un edificio ubicado en el número 483 de la avenida Paseo de la Reforma.
Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, reveló esta mañana que la compañía había transferido 47 millones de pesos a Grupo Tv Promo, supuestamente vinculada con la empresa Piña Digital S. de R.L. de C.V., que a su vez produjo la serie El populismo en América Latina, parte de la “campaña negra” contra AMLO, según el funcionario.
Enseguida, la empresa –cofundada por Federico Berrueto y Liébano Sáenz–, condenó las declaraciones de Nieto: afirmó que incurrió en “una violación flagrante a la presunción de inocencia, además de violar el secreto financiero y la protección de datos personales a los que están obligadas las autoridades”.
Para justificarse, la compañía aseguró que los pagos se llevaron a cabo en septiembre de 2017, “antes del inicio formal del proceso electoral oficial y de la definición de candidatos, y casi medio año del inicio de las campañas presidenciales”, e insistió en que se limitaron en brindar servicios de comunicación, que “nada tuvieron que ver con política o procesos electorales”.
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