Redacción
La reforma al Código Penal del Estado propuesta por el exdiputado local José Antonio Zapata Meraz se mantuvo vigente menos de dos años, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo invalidó por considerar que es violatorio del principio de mínima intervención en materia penal.
En sesión de Pleno del Congreso del Estado celebrada el 19 de octubre de 2020, se aprobó adicionar al Título Décimo Cuarto del Código Penal del Estado el capítulo I Bis, el cual incluía el artículo 287 Bis, con la siguiente redacción:
“Comete el delito a que se refiere este capítulo, quien comercializa juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma, dimensiones y colores, incluyendo también recubrimientos que resulten en texturas parecidas a aquéllas de las armas verdaderas. Este delito se castigará con sanción pecuniaria de treinta a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, y el decomiso” (sic).
La reforma fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que violaba el principio de mínima intervención “ya que la comercialización de juguetes réplica de armas letales es una conducta que puede ser regulada y sancionada a través de medidas menos lesivas, como las establecidas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado donde se faculta a los ayuntamientos para expedir la reglamentación administrativa, a través de la cual se prohíba la comercialización de dichos juguetes”.
La SCJN también consideró que la reforma era desproporcionada e injustificada por haber utilizado la vía penal, la cual es la herramienta más severa con que cuenta el Estado y, a consideración del máximo tribunal del país, la comercialización de armas de réplica no es una conducta que por sí misma ocasione un daño o lesión.
Se informó que los efectos de la sentencia de la SCJN serán retroactivos al 18 de noviembre de 2020, fecha en la que entró en vigor la reforma aprobada un mes antes.
