“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a Mónica, vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno
Mónica viajaba en su camioneta junto a su esposo y hermano por la intersección de Boulevard Libertad y Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando elementos de la Policía Municipal los detuvo. Era febrero del 2013.
Los agentes, sin mediar palabra alguna y en carencia de una orden de aprehensión, detuvieron a los tres tripulantes quienes, en lugar de ser consignados ante el Ministerio Público (MP), fueron llevados a una bodega ubicado detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón.
Durante el arresto, les robaron veinte mil pesos –dinero con el cual comprarían material para hacer arreglos a su negocio de ropa– alhajas, ropa y el vehículo en el que se transportaban, el cual condujo personal del Ejército Mexicano, elementos que fueron llamados por los policías municipales para que los “apoyaran” con la detención.
Al llegar a dicho lugar, Mónica se quedó afuera dentro de una patrulla, mientras su esposo y hermano eran introducidos a la bodega.
Sin embargo, un oficial más llegó y, cuando vio a la mujer de entonces 26 años dentro del vehículo, enfureció contra una de las policías que habían llevado a las tres personas al lugar.
“¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes detenida ahí?”, le dijo el oficial a la uniformada, por lo que inmediatamente metió a Mónica a la bodega, mientras amenazaba con hacerla “pedacitos” si se oponía.
“Bienvenida a la fiesta”, le dijo un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio a su hermano y su esposo sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno de Mónica.
Los uniformados la amarraron y vendaron, para después empezar a sumergir su cabeza en repetidas ocasiones al interior de una cubeta con agua.
Luego, la asfixiaron con bolsas de plástico, la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el suelo jalándola del cabello. También le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y las piernas.
Mientras la tortura era realizada, los gendarmes no dejaban de hacerle preguntas a Mónica, mismas no podía contestar.
Durante los escasos instantes en que los oficiales cesaban los castigos, Mónica veía cómo golpeaban a su esposo con látigos con espuelas de metal y le desprendían la piel de la pierna con un cuchillo.
Cuando parecía que el infierno había terminado, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón comenzó a besarla bruscamente, a morderla en la cara y el cuello, luego la violó delante de su esposo y su hermano.
Uno tras otro, seis policías violaron a Mónica. Por si fuera poco, los oficiales se masturbaron en su cara, la obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el semen.
Todo esto mientras elementos del Ejército miraban la escena.
Tras el viacrucis de tortura encabezada por la Policía Municipal de Torreón y la supervisión de efectivos militares, los detenidos fueron llevados a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital coahuilense.
Sin embargo, en el camino, el esposo de Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura.
Al llegar a la PGR, Mónica y su hermano estuvieron más de 12 horas bajo custodia policías, después los llevaron en avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.
Ya en la capital del país, los obligaron a firmar una “confesión” en la que afirmaban formar parte de “Los Zetas” y si se negaba a hacerlo, le iba a mandar fotografías de sus hijos y de su madre “muertos y descuartizados”.
Ante el miedo de que las amenazas se hicieran realidad y que las torturas volvieran, Mónica y su hermano firmaron la confesión.
Al día siguiente, ambos fueron presentados ante los medios como integrantes de una banda de secuestradores y señalaron que el esposo de Mónica había muerto luego de un enfrentamiento tras el operativo que buscaba su detención.
Además, se dio a conocer un decomiso de armamento de alto poder y equipo táctico, así como redes de comunicación.
Desde entonces, Mónica y su hermano están en prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada.
En tanto dos de los cuatro hijos de Mónica están al cuidado de un albergue, ya que, ante su encarcelamiento y el asesinato del esposo, su familia no puede asumir el costo de su manutención.
El caso de Mónica ha sido ampliamente documentado por diversos organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Incluso, formará parte del Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019, realizado por más de 100 instancias de defensa de los Derechos Humanos, que se presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante esta semana para acusar al Estado Mexicano de tortura.
También abordaran la militarización –no oficial– que ha vivido México en los últimos 12 años y que continuará, según organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, con la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos […] genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática”, ha señalado Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH.
Mientras que la ONU ha sentenciado: “reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto que dará carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que hemos cuestionado de manera reiterada en el pasado”.
La preocupación de la militarización de la seguridad pública en México es la constante violación de los Derechos Humanos de parte de los miembros castrenses, por ejemplo, de diciembre del 2006 a junio de 2017, la CNDH emitió 7 mil 869 quejas por actos de tortura, mismas que el 59% fueron destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicha inquietud continúa para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, luego que el presidente colocara a un militar al frente de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, pese a que la legislación aprobada por el Congreso detallaba que el mando de este nuevo cuerpo del orden debía ser civil.
“¡Desde la sociedad civil seguimos rechazando enérgicamente el mando militar en la Guardia Nacional! Exigimos que se respete el acuerdo colectivo de que el mando sea civil”, se manifestó Amnistía Internacional.
“El presidente habla y piensa en la Guardia Nacional como él la propuso y no como el Congreso la aprobó. […] Los 33 Congresos acordaron que fuera un mando civil y aprobaron una reforma con una Guardia civil y no militar”, refirió en entrevista con Carmen Aristegui, Alejandro Madrazo, profesor-investigador del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE.
La institucionalización de la tortura por parte del Estado mexicano ha sido señalada constantemente por organizaciones internacionales.
Desde 2014, Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ha sostenido que en México la tortura es una práctica generalizada.
Asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y torturapsicológica, son parte de las ilegalidades que las fuerzas del orden de todos los niveles cometen de forma irregular, según Méndez.
Por su parte, Amnistía Internacional sostiene en México a los detenidos se les torturade manera habitual en un intento de obligarlos a firmar “confesiones” falsas.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de insuficiente la respuesta del gobierno mexicano ante las violaciones de los derechos humanos.
Y como no iba a ser así, si el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó en al menos cuatro ocasiones informes internacionales donde señalaban la violencia, así como la violacióna los Derechos Humanos.
En tanto, Andrés Manuel López Obrador ha comenzado con el pie derecho en materia, al reunirse con Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde firmaron un acuerdo para que la ONU sea quien capacite a los efectivos de la Guardia Nacional.
Fuente:La Silla Rota
