La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue una acción preventiva aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera y no una consecuencia de una investigación formal abierta en México.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que este tipo de medidas forman parte de mecanismos administrativos y protocolos de vigilancia financiera que se activan cuando existen alertas o reportes relacionados con movimientos considerados de riesgo.
Sheinbaum señaló que el procedimiento se originó después de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La presidenta también indicó que solicitará información más detallada sobre el caso a la UIF, aunque reiteró que hasta el momento no existe una carpeta de investigación formal en territorio mexicano contra el mandatario con licencia.
Además, sostuvo que su gobierno no encubrirá a ninguna persona en caso de comprobarse alguna conducta ilícita, pero insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada con pruebas suficientes.
En días recientes comenzaron a circular versiones sobre el presunto congelamiento de cuentas de Rocha Moya, así como de otros personajes señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellos el senador Enrique Inzunza.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que las medidas aplicadas corresponden a incorporaciones preventivas dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, derivadas de reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas.
La dependencia explicó que varias de estas alertas surgieron a partir de información compartida entre bancos mexicanos y entidades estadounidenses, principalmente en casos relacionados con Personas Políticamente Expuestas.
La UIF aclaró que la inmovilización de cuentas tiene carácter administrativo y preventivo, por lo que no representa una sentencia ni confirma responsabilidad alguna contra las personas involucradas.
También señaló que quienes fueron incluidos dentro de estas medidas cuentan con mecanismos legales para ejercer su derecho de audiencia y defensa, además de recursos administrativos y judiciales para impugnar las decisiones correspondientes.
Finalmente, la dependencia federal indicó que continúa revisando documentación e información relacionada con el caso bajo criterios técnicos y financieros establecidos dentro de sus procedimientos institucionales.
