Las diputadas integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, expresaron su condena a “la marcada impunidad y tráfico de influencias” del ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, que a través de acusaciones logró que se girara orden de aprehensión contra la madre de sus dos hijos menores, Ana María Orozco.
En un desplegado firmado por once legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), encabezadas por la presidenta de la comisión, Verónica Juárez, plantearon que lo más indignante del caso es que el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya restringido el monto de la pensión alimenticia, los alimentos y vestimenta a los niños David y Ulises, que han sido diagnosticado con autismo.
Muy molestas, las congresistas calificaron como “infame” que del ministro en retiro, eliminara de sus cálculos monetarios, los gastos por concepto de diversión para sus hijos.
Por ello, lanzaron un llamado a jueces e impartidores de justicia en todo el país, a velar por el interés superior y los derechos de la niñez en todas sus resoluciones, como obliga la Constitución.
Al declararse nuevamente indignadas, sorprendidas y desconcertadas por el actuar del ex titular de la Suprema Corte, en primera instancia las diputadas cuestionaron la decisión de denunciar a la madre de sus hijos por fraude genérico, luego de que la señora Ana María Orozco pusiera a su nombre la casa en la que vivía con los niños, lo que la llevó a la prisión de Santa Martha Acatitla.
Lamentaron que con argumentos y situaciones poco claras, Góngora Pimentel, solo haya logrado demostrar que en el caso de la madre de sus hijos, hubo “marcada impunidad” y tráfico de influencias.
“Pero lo que más nos indigna, es lo referente a la petición de reducción de la pensión alimenticia, originalmente plantea en un 35 por ciento del salario del ex ministro”, adujeron.
Recriminaron que el ex presidente del Alto Tribunal, haya argumentado que sus hijos pertenecen a un “estatus social medio bajo”, para reducir su aportaciones para ropa, calzado, comida, colegiaturas, útiles escolares y hasta el entretenimiento de los menores.
“Y excluyó el rubro de diversiones, manifestando que sus hijos, por su condición de niños con autismo, se ven imposibilitados para divertirse”, esgrimieron, tras recordar que todo menor diagnosticado con autismo o cualquier otra condición de salud, tiene derecho a divertirse.
“Por lo que es infame haberles conculcado ese derecho. Nos inquieta que no se haya destinado pare de la pensión para las terapias tan importantes que necesitan los pequeños. La condición de autismo de los pequeños les impide defenderse, declarar, opinar, por lo que resultan los más afectados”, agregaron.
“Con la madre en reclusión y el padre que no los atiende, la inclusión social, educativa, terapéutica e integral de los menores se hace mucho más difícil”, sentenciaron.
Al “levantar la voz” por la injusticia contra los niños Ulises y David, las diputadas reiteraron que “es indignante y lamentable que un ex servidor público que ocupó la presidencia del Máximo Tribunal del país, utilice conductas discriminatorias e inquisitivas para la aplicación de la ley, sobre todo cuando dichas conductas son dirigidas hacia dos pequeños con discapacidad y aún más, siendo sus propios hijos”.
Remarcaron que desde el Legislativo, se hará lo posible por defender las garantías y promover el trato digno a la infancia, en cumplimiento estricto de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagran el interés superior del menor.
Los infantes, dijeron, tiene por ley derecho a la supervivencia, la salud, educación, un entorno protector, a la defensa contra la discriminación, explotación, abuso y violencia en sus múltiples expresiones.
“Ante los ofensivos excesos realizados por el ex ministro, debemos convocar a un alto a la impunidad y al tráfico de influencias. Por ello, las y los que suscriben exigimos justicia y demandamos a los tribunales de todo el país la protección más amplia para las y los niños”, externaron, al advertir que el caso Góngora se hizo público, pero miles más siguen en el anonimato.
En el desplegado aparecen las firmas de las perredistas Verónica Juárez Piña y María del Rosario Merlín Garcís; de las panistas Carmen Lucía Pérez Camarena y Cinthya Noemí Valladares Couoh; de las priístas Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Flor Ayala Robles Linares y Mirna Velázquez López; así como de la diputada del PANAL, Lucila Garfias Gutiérrez.
http://noticiasmvs.com/#!/noticias/truenan-diputadas-contra-gongora-es-infame-restriccion-a-derechos-de-sus-hijos-946.html
