(también queremos informe)
Para evitar que asesinen a las mujeres hay que hacer política y crítica sobre el estado de las cosas, de la calidad que tienen las acciones y principalmente de las obligaciones que se omiten o se minimizan y sobre las cuales no hay vigilancia ni institucional, ni de la sociedad civil, ni desde los organismos autónomos creados para ello, San Luis Potosí es un excelente ejemplo del alcance que tiene esta negligencia, esta misoginia silenciosa.
Partimos de una premisa, toda dinámica de violencia contra las mujeres que no se prevenga, se atienda o se sancione adecuadamente va a evolucionar hasta causar un daño mayor al grado de perder la vida. Así, por más extraordinaria que sea una investigación o por muy bien hecho que esté un delito de feminicidio las consecuencias en su familia y en el tejido social no pueden repararse.
Quienes estuvimos en la primera línea de atención durante la crisis de la pandemia llevamos la experiencia metida en el cuerpo, nadie nos cuenta el grado de crueldad al que se llegó con las mujeres, niñas y niños víctimas, lo miramos, lo escuchamos, lo escribimos y aun pagamos nosotras también por ello.
Venir a escribir de manera aséptica, datos como los publicados en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, sería francamente una obscenidad. Y entonces, ¿Qué sucede?
Justo cuando la ENDIREH se presentó el pasado 30 de agosto, el vicepresidente de INEGI Adrián Franco, dio a conocer que harían un esfuerzo para que ninguna autoridad se quedara sin saber los datos de la encuesta, considerando que la dimensión proveída debe emplearse para transformar la realidad, entre otras cosas el nivel de violencia psicológica, sexual y comunitaria que están padeciendo las mujeres más jóvenes que alcanza a nivel nacional un 58% para el rango de 15 a 24 años y un 51.5% para las de 25 a 34 años.
La entidad potosina no es excepción, aquí 482,459 mujeres manifestaron haber experimentado violencia en la comunidad, 234, 749 la padeció en los últimos 12 meses, para ambas mediciones destacan las agresiones sexuales y psicológicas por parte de desconocidos.
En cuanto al ámbito familiar, entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 107, 850 mujeres recibieron violencia psicológica por parte de sus hermanos y de sus padres dentro de su casa y respecto a la de pareja, 230, 341 enfrentaron violencia psicológica, económica, patrimonial, física y sexual.
Una mínima proporción de todos estos actos podrían hallarse como denuncias iniciadas ante el Ministerio Público por delitos cuyo perfil de víctimas está conformado por mujeres como lo son los de violencia familiar, lesiones, violación, abuso sexual, incumplimiento de obligaciones y sustracción de menores y esto al igual que sucedió con la ENDIREH 2016 se debe a que las mujeres consideraron que era algo sin importancia, sintieron vergüenza o miedo de las consecuencias, no sabían dónde denunciar, no quisieron afectar a sus hijos o su pareja les prometió cambiar, pero también no confiaban en la autoridad.
Estas razones deberían dar pie a la reflexión, a pesar de los daños psicológicos y físicos que tienen las víctimas en su salud, las expectativas individuales y sociales acerca del rol que supuestamente deberían cumplir como madres o esposas de sus atacantes, constituyen una puesta en peligro real provocada por todos.
Sume el estado de indefensión causado por la omisión de reformar herramientas indispensables como el capítulo de órdenes de protección de la Ley de Acceso de las Mujeres en el Estado que permanece obsoleta desde 2021 cuando se reformó la General, y a la cual sólo le cambiaron un par de artículos, la conmiseración de los y las diputadas, los exhortos o cualquier otra cosa que no sea legislar lo que se debe, es parafernalia inútil.
Considere que nosotras constituimos más de la mitad de la población, somos las que cuidamos, las que producimos trabajo pago y también el no remunerado, es principalmente nuestro voto el que pone allí a quienes toman las decisiones, si una vez elegidos nos dan la espalda y no pueden ni procurar que no nos maten, o nos violen en la calle y dentro de los espacios donde queremos hacer la vida, ¿siguen sirviendo de algo? ¿siguen siendo elegibles?
Habiéndose declarado la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí desde junio de 2017, en este momento la ciudadanía desconoce el alcance de cumplimiento que tienen sus medidas, existe desde luego un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario integrado por representantes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C que son responsables de monitorear y evaluar el estado de ejecución de esta política de emergencia, ¿Sabe quiénes son? y lo más importante ¿Qué tienen que decir? Seguimos en espera de que tomen la palabra.
Claudia Espinosa Almaguer
