El Radar
Por Jesús Aguilar
Gerardo Sánchez Zumaya quiere ser a como dé lugar candidato.
Probablemente cree que la política, de la que salió su fortuna y con la que quiere avasallar para estar en la boleta son también un capelo protector infranqueable para justificarla.
Pero pasan los días, se le esconden partidos y le salen nuevos expedientes.
En el grillerío potosina ya nos acostumbramos a que los aspirantes lleguen con biografía corregida, sonrisa nueva, equipo de comunicación comprado, rentado o generado casi casi con inteligencia artificial, porra prestada y una explicación bastante elástica sobre su pasado.
Nada raro. Es temporada de fachadas. La fauna se mueve. Los amigos reaparecen. Los enemigos se vuelven muy moralistas. Los compadres descubren su vocación democrática. Y los empresarios, de pronto, sienten un amor profundo por el pueblo y por sus intereses a futuro…
Hasta ahí, rutina.
El problema de Sánchez Zumaya es que su caso ya dejó de caber en la rutina.
¿Cómo explicar una fortuna tan rápida, tan grande y tan conectada al ecosistema de Pemex, justo cuando esa fortuna intenta convertirse en candidatura?
No era una duda sin razón y llevamos teniéndola desde hace años y nunca ha atinado a contestar.
El responde como suelen contestarse estas cosas cuando la política se pone espesa y hay poco qué sacar de la chistera: campaña negra, persecución, guerra sucia, intereses ocultos, miedo de los adversarios.
Y probablemente pueda haber algún componente por haber señalado al régimen actual como pocos lo han hecho, al menos en el tono.
No podemos desdeñar que en México también se fabrican expedientes con una facilidad admirable. Casi artesanal. Hay carpetas que nacen para investigar y otras para asustar.
Hay denuncias que buscan justicia y otras que sólo buscan timing electoral.
Entre gitanos no nos leemos las manos.
Pero la bomba publicada por Reporte Índigo hoy obliga a subir el volumen.
No porque convierta automáticamente a Sánchez Zumaya en culpable. Eso le toca a un juez, no a una columna, no a un partido y mucho menos a una jauría digital.
Pero sí porque coloca el asunto en otro piso.
Reporte Índigo sostiene que denuncias presentadas ante autoridades federales describen una presunta red dedicada al lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos desde instalaciones de Pemex; en esa investigación, el empresario potosino aparece señalado como presunto líder de una organización vinculada a Grupo GESA.
Y ahí como se dice ahora en el futból, hay un cambio de juego…
Ya no hablamos solamente del empresario exitoso que quiere brincar a la política.
Hablamos de un aspirante a gobernar San Luis Potosí cuyo nombre aparece relacionado, según esa publicación, con facturas multimillonarias, empresas fachada, prestanombres, instalaciones estratégicas de Pemex y compañías en Texas.
Eso no se arregla con otra campaña negra, idéntica a las que acusa le desgastan y que se paga con ése dinero salido de una paraestatal.
Ni con un mitin con acarreados, como lo hacen la mayoría.
Ni con una entrevista a modo, en un medio que ya presume posee dentro de su corporativo GESA.
Ni tampoco con el viejo truco de mirar al cielo y decir que todo es culpa de los adversarios.
La política aguanta mucho teatro. Pero Pemex, no debería. El mantra elemental del cuatroteísmo ha sido justo eso… cuidar como patrimonio máximo real y moral, nuestra “riqueza energética” y hacer corrupción y convertirla en política
La investigación publicada habla de al menos quince personas físicas que habrían emitido comprobantes fiscales por montos multimillonarios, varias de ellas familiares o cercanas al empresario. Según el reporte, entre 2022 y 2024 ese grupo habría facturado más de 15 mil millones de pesos, pese a que la denuncia afirma que no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica para esas operaciones.
Leído en cristiano: gente que, según el expediente citado, no tenía con qué hacer lo que decía hacer, pero sí tenía cómo facturarlo.
Una maravilla mexicana que además se repite…
Aquí hasta la nada necesita RFC.
Y cuando la nada factura miles de millones ya no cruzamos por el terreno de estamos anécdota administrativa. Estamos ante una pregunta pública.
¿Quién facturó?
¿Por qué facturó?
¿A quién le facturó?
¿Qué vendió?
¿Dónde lo produjo?
¿Con qué personal?
¿Con qué maquinaria?
¿Con qué permisos?
¿Con qué almacenes?
¿Con qué contratos?
¿Con qué auditorías?
La transparencia no debería ser castigo para nadie. Debería ser el costo mínimo de querer gobernar.
Pero ojo, Sánchez Zumaya puede decir que todo es falso. Tiene derecho.
Puede denunciar fabricación. Tiene derecho.
Puede exhibir documentos. Tiene derecho.
Puede defender a su familia, sus empresas y su nombre. Tiene todo el derecho.
Pero si quiere pedirle a San Luis Potosí que lo tome en serio como aspirante a gobernador, entonces también tiene una obligación.
Explicar.
No gritar.
No victimizarse.
No mandar recados.
No pedirle al periodismo que baje el tono.
Explicar.
Porque el punto más delicado de la publicación no está únicamente en las facturas. Está en Pemex.
Reporte Índigo afirma que, según los documentos consultados, la presunta organización habría ingresado a instalaciones estratégicas como Dos Bocas, Salina Cruz, Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia para extraer derivados del petróleo, supuestamente sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.
Con eso no se juega.
Una cosa es venderle servicios a Pemex.
Otra cosa es que Pemex aparezca, siquiera en una denuncia, como escenario posible de una operación de extracción, simulación y triangulación.
Si es mentira, que se destruya con documentos.
Si es verdad, que no se esconda detrás de una candidatura.
Y si las autoridades ya revisaron una parte y no encontraron elementos suficientes para proceder, también hay que decirlo. La propia publicación recuerda que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en expedientes previos por insuficiencia probatoria, y que hasta ahora no existe resolución judicial definitiva sobre estos nuevos señalamientos.
Ahí está el punto clave.
Porque aquí no se trata de hacer leña con la presunción de inocencia.
Se trata de no confundir presunción de inocencia con cheque en blanco.
La presunción de inocencia protege a una persona frente al castigo del Estado. No obliga a una sociedad a hacerse la dormida frente a preguntas legítimas.
Un ciudadano no puede condenar.
Pero sí puede preguntar.
Un periodista no puede sentenciar.
Pero sí puede incomodar.
Un partido puede registrar.
Pero también debe cargar con lo que registra.
Ese es el corazón del asunto.
Sánchez Zumaya no necesita estar sentenciado para estar obligado a dar explicaciones. La vara penal es una. La vara pública es otra. Y quien pretende gobernar no puede esconder su historia empresarial detrás de una nube de abogados, boletines y victimismo electoral.
Porque San Luis Potosí ya vio demasiadas carreras políticas construidas sobre la niebla.
Demasiados hombres providenciales con discurso de salvación y pasado en letra chiquita.
Demasiadas fortunas que, cuando se les pregunta el origen, se ofenden como si la curiosidad fuera delito.
Y no.
Preguntar no es atacar.
Pedir claridad no es linchar.
Exigir explicaciones no es servirle a un grupo.
Es hacer política en serio.
Lo demás es porra.
A Sánchez Zumaya no se le está pidiendo que renuncie a sus derechos.
Se le está pidiendo que entienda el tamaño de lo que quiere.
Una gubernatura no es un premio de perseverancia.
No es una recompensa por invertir en estructura.
No es un certificado de popularidad comprado al mayoreo.
Gobernar un estado exige una historia mínimamente explicable.
Y hoy la historia de Sánchez Zumaya no está explicada.
Está acumulada.
Contratos.
Denuncias.
Amparos.
Carpetas cerradas.
Nuevas denuncias.
Facturas.
Pemex.
Texas.
Demasiadas palabras pesadas para pedirnos que todo se resuelva con una frase ligera: “me tienen miedo”.
No.
El miedo no explica quince mil millones de pesos facturados.
El miedo no abre puertas en instalaciones estratégicas.
El miedo no sustituye contratos, bitácoras, permisos, auditorías ni capacidad material.
El miedo no lava dudas.
El miedo no se explica detrás de más de mil cien millones de pesos.
Sólo exhibe…
La pregunta original sigue donde estaba, pero ahora pesa más:
¿de dónde salió realmente ese poder económico que hoy quiere convertirse en poder político?
Si la respuesta existe, que aparezca.
Si todo es una fabricación, que la desarme.
Si hubo abuso de autoridad, que lo pruebe.
Si hubo guerra sucia, que la exhiba.
Pero si pretende que San Luis Potosí acepte como explicación suficiente que “le tienen miedo”, entonces el problema ya no está en sus adversarios.
Está en el tamaño de su silencio.
Porque al final esto no se trata de si Gerardo Sánchez Zumaya cae bien o mal.
Se trata de algo mucho más serio:
un estado no puede entrar a una sucesión con los ojos vendados.
Menos cuando el personaje que pide confianza aparece rodeado de preguntas que ya no caben en la sobremesa.
El poder no se presume.
Se aclara.
Y si Pemex aparece en la boleta, aunque sea como sombra, San Luis Potosí tiene derecho a saber quién la proyecta.
