El actual gobernador de Tabasco denunció el desvío de mil 918 millones de pesos durante la administración de Andrés Granier. Y ¿qué ha pasado con estos recursos? ¿Dónde han ido a parar? ¿Qué se puede hacer para que este tipo de irregularidades con dinero público no se vuelvan a cometer?
En estos últimos días el caso Granier ha estado en boca de muchos, y no es para menos. El actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ha denunciado el desvío de 1,918 millones de pesos de las participaciones federales entregadas a este estado para programas de salud, educación y justicia, seguridad pública y protección civil durante la administración de Andrés Granier. Y sin embargo, todavía quedan muchas preguntas por responder: ¿qué ha pasado con estos recursos? ¿Dónde han ido a parar? ¿Quiénes se han beneficiado de los mismos? ¿Qué se puede hacer para que este tipo de irregularidades con dinero público no se vuelvan a cometer?
Una forma de evitar que nuestra clase política caiga en la tentación de usar los recursos públicos para su propio beneficio es tener acceso a las declaraciones patrimoniales de las y los funcionarios públicos. A través de estos documentos, la ciudadanía podría fácilmente conocer cuáles son los bienes muebles e inmuebles que poseen, así como el monto de recursos en sus cuentas bancarias. Vaya, se trata de conocer cuál es la situación patrimonial de las y los funcionarios antes y después de ejercer algún cargo público. Además, como también es posible saber cuál es el salario de los diferentes trabajadores del Estado —ya que es información que se encuentra a disposición pública—, sería posible poner su patrimonio a la luz de sus ingresos “lícitos”. De esta forma, los ciudadanos podríamos comprobar si hay indicios de enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses durante el ejercicio de sus funciones.
Las declaraciones patrimoniales revisten una gran importancia para el interés público, dado que permiten conocer información fundamental sobre el manejo de los recursos de todas y todos los mexicanos. Pese a ello, en nuestro país cada servidor público —diputados, jueces, funcionarios de la administración pública, etc.— tiene la opción de publicar o no dichas declaraciones. Esto es debido a que el Artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.
Aunque es cierto que también los trabajadores públicos tienen derecho a la confidencialidad de sus datos personales, existe información de los mismos que debe ser puesta a disposición pública —dada su relevancia para el buen funcionamiento del Estado—. Justamente para proteger este derecho, pero también el derecho de acceso a la información en beneficio del interés público, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala la obligación de generar versiones públicas de los diferentes documentos del gobierno. De esta manera, la ciudadanía puede acceder a información clave contenida en los mismos, sin poner en peligro la privacidad de los funcionarios. Sin embargo, en la práctica, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales no pueden ser publicadas sin el permiso expreso de los trabajadores públicos. Sin duda, este hecho viola el principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Pese a la gravedad del asunto, puede que estemos de suerte si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demuestra, el próximo lunes, su compromiso con el derecho de acceso a la información. Ese día, el pleno de la SCJN discutirá sobre la constitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ello a partir de un amparo presentado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ante la negativa de la Cámara de Diputados de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados y diputadas federales.
Estos documentos ya son publicados en estados como Chihuahua y Aguascalientes. A nivel internacional, países como Argentina y Colombia tienen una disposición similar. Estamos en un momento clave para no quedarnos atrás. Exijamos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones para garantizar nuestro derecho de acceso a la información.
Si les interesa avanzar en este camino y mostrarle a la SCJN lo importante que los ciudadanos consideramos este tema, no dejen de firmar esta petición.
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2013/06/14/y-que-tendrian-que-ocultar/#axzz2WFCBJ74l
