Al menos veinte elementos de las Fuerzas Armadas de México, mandos y tropa, han sido involucrados por las autoridades en el caso Ayotzinapa, entre ellos el General de división Alejandro Saavedra Hernández, así como los almirantes Marco Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y Eduardo Redondo Arámburu, titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).
Es la primera ocasión en que se persigue a tal cantidad de miembros del Ejército y la Marina, cuyo antecedente más inmediato fue el procesamiento contra siete soldados involucrados en el fusilamiento de 22 presuntos delincuentes, en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, tres meses antes de la Noche de Iguala.
Hasta ahora el único militar preso por la Noche de Iguala es el capitán José Martínez Crespo, quien fue uno de los militares que fueron identificados por los normalistas sobrevivientes y quien está preso desde noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.
De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), los almirantes Ortega y Redondo, y el General Saavedra participaron como “enlaces operativos para desarrollar la investigación” denominada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, preso por estos hechos.
No está claro en la información oficial si los dos almirantes y el General, actual director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, tienen ya órdenes de aprehensión en su contra y si ya están detenidos, pero la Fiscalía General de la República (FGR) informó, el viernes, que obtuvo de un juez 20 de éstas contra mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, relacionados con los hechos de Iguala.
Los elementos castrenses están involucrados en las 83 órdenes de aprehensión que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró a petición de la FGR, y que involucran también a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de los municipios de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
El informe sobre la investigación de lo ocurrido con los 43 normalistas presentado por el Subsecretario Alejandro Encinas, el jueves, identifica a parte de los responsable de fabricar la “verdad histórica” por la que está preso Murillo Karam, entre ellos funcionarios federales del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de Guerrero, encabezado por Aguirre Rivero.
“La verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el Subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia; el encargado del despacho de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón, quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno federal”.
Añade: “Los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron: Por parte de Semar, el almirante Marco Antonio Ortega Liu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal el comisionado Omar García Harfuch; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta”.
Otros funcionarios identificados por la Comisión de la Verdad son la encargada de los Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina; el exvocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el exrepresentante del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), Vidal Diazleal Ochoa.
El informe también mencjiona al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaki Blanco, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez, y a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos, todos del gobierno de Guerrero, contra quienes presuntamente se libraron órdenes de aprehensión a petición de la FGR.
Sin Embargo
