Un recuento identificó al menos 33 hechos violentos en 2026 contra actores políticos en cinco estados del país, que han dejado 28 personas muertas, entre alcaldes, exalcaldes, dirigentes partidistas, legisladores locales, funcionarios municipales y familiares, según el recuento.
Concentración por estados
La mayoría de los casos se concentra en Guerrero, Oaxaca y Morelos. En Guerrero se contabilizan 17 ataques que han dejado 15 personas muertas. En Oaxaca se registran 10 hechos violentos y ocho personas asesinadas. En Morelos se reportan tres ataques que dejaron cuatro víctimas mortales.
Casos documentados
En Guerrero, el 28 de junio fue asesinado el exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, en la comunidad de San Juan de los Llanos. Ese mismo día un grupo armado atacó a la alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez (PVEM), en la carretera Chilapa-Hueycantenango; la funcionaria resultó ilesa.
El 29 de junio se informó del hallazgo de tres personas asesinadas en la zona rural de Acapulco; entre las víctimas figuraron Josefina Saldaña Parra y Janeth Magnolia Gutiérrez Saldaña, tía y prima del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, quien días antes solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura a la gubernatura.
También en Guerrero fueron asesinados Ermelo Rivera Campos, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía en Coyuca de Benítez, y Sael Silva Cisneros, investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y activista de la comunidad LGBTIQ+.
En Oaxaca, el domingo 12 de julio fue asesinado el alcalde de San Miguel Yogovana, en la Sierra Sur; la fiscalía estatal informó que la víctima realizaba labores de vigilancia cuando fue atacado por hombres armados. Con ese caso, la entidad acumula 10 hechos violentos contra actores políticos en el año.
En Morelos se destaca un ataque de enero contra el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero (PVEM), quien resultó ileso; en marzo fue asesinada Sandra Rosa Camacho Flores, delegada municipal y excandidata del PT a la presidencia municipal de Temoac; y el 30 de junio un grupo armado atacó a la aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec, Sandra Fernández Gómez, quien resultó herida; en ese atentado murieron su esposo Miguel Tijera y otras dos personas, además de nueve heridos.
Amenazas y atentados en otras entidades
El 10 de junio la diputada local Paola Gárate Valenzuela (PRI) recibió amenazas tras localizarse una corona fúnebre con un listón en la entrada de su domicilio con la frase “Fam Gárate”. Por este hecho la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa protestó y la fiscalía estatal abrió una investigación.
En enero, los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya fueron atacados cuando salían del Congreso; ambos resultaron heridos de gravedad; la legisladora retomó labores en abril y Sergio Torres se reporta en recuperación en su hogar.
El 10 de julio fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada (PRI); su familia denunció que vivía “una persecución política”.
Análisis del especialista
El especialista en materia de seguridad David Saucedo atribuye el repunte de la violencia política a la intervención de grupos criminales en los procesos electorales. “En su lógica de expansión, y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder, ya sea localmente, en municipios, o estatalmente, en todas las entidades del país”, dijo.
Saucedo señaló tres modalidades de expansión criminal: la formación de células para combatir a otros grupos, las alianzas entre organizaciones y la participación en los procesos electorales financiando campañas y candidatos afines; agregó que cuando no ganan en las urnas buscan apoderarse de territorios por la fuerza, lo que también provoca ataques contra alcaldes, regidores y funcionarios municipales.
El especialista ejemplificó la situación en Guerrero, donde atribuye vínculos de autoridades locales con diferentes grupos criminales, y advirtió que la pelea entre cárteles se traslada al ámbito político con ataques a candidatos, exalcaldes, alcaldes y funcionarios municipales.
